viernes, 6 de mayo de 2016

Cuatro preguntas básicas sobre la participación

De entrada, pareciera que participar es una práctica autoafirmada. En el eje participación-no participación, la preferencia por el primero se impone sin necesidad de debates ni muchas evidencias. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿es necesario e inevitablemente bueno ser parte de algo? La respuesta es, lógicamente: depende. En este caso de dos dos variables: primero, ¿qué es ese "algo" en el que vamos a participar?; y segundo, ¿con qué propósito vamos a hacerlo?

Colaboración elaborada para Política Comunicada. Trabajo completo disponible en: http://politicacomunicada.com/cuatro-preguntas-basicas-sobre-la-participacion/

viernes, 29 de abril de 2016

Poder sin límites: el desafío del cambio político en Venezuela

El secreto de la persistencia del chavismo -si se puede hablar de uno- radica en su capacidad de superar límites sin riesgos. La convocatoria de un referendo revocatorio contra el presidente Maduro evidencia claramente las complejidades de enfrentar un poder sin límites.

Colaboración elaborada para la revista digital PolítiKa UCAB. Disponible en: https://politikaucab.net/2016/04/15/poder-sin-limites-el-desafio-del-cambio-politico-en-venezuela/

sábado, 26 de marzo de 2016

El desafío de la irreversibilidad de la descentralización: lecciones desde Venezuela

Un tema recurrente en la discusión académica sobre los cambios de políticas públicas tiene que ver con la institucionalización de tales procesos, en el sentido de la consolidación de las nuevas dinámicas de relación supuestas por una política.

Artículo elaborado para la edición 69 de la revista digital Vox Localis. Disponible en: https://www.voxlocalis.net/numero69/articulo/el-desafio-de-la-irreversibilidad-de-la-descentralizacion-lecciones-desde-venezuela

martes, 15 de marzo de 2016

El diseño institucional de la participación, sus retos y dificultades

Participar está de moda. Donde quiera que fijemos nuestra atención hallamos declaraciones favorables a la participación, convertida en principio esencial y referente insustituible de paradigmas emergentes como el de buena gobernanza, gobierno abierto y desarrollo local.

Artículo elaborado para la revista digital Política Comunicada. Disponible en: http://politicacomunicada.com/el-diseno-institucional-de-la-participacion-sus-retos-y-dificultades/

martes, 8 de marzo de 2016

Se vale todo: la dimensión institucional de la crisis venezolana

La crisis que atraviesa Venezuela es profunda y transversal. Profunda porque devela la descomposición de los fundamentos en los que se sostiene el propio orden social. Transversal porque sus manifestaciones proliferan en la economía, la sociedad y el Estado. 

Artículo elaborado para la revista digital PolítiKa UCAB. Disponible en: http://politikaucab.net/2016/02/12/se-vale-todo-la-dimension-institucional-de-la-crisis-venezolana/ 


lunes, 25 de enero de 2016

Emergencia económica: razón política o catástrofe social


1.  El Decreto de Emergencia Económica tenía, a pesar de su denominación, una motivación más política que económica. El gobierno intentaba presentarse ante el país –finalmente- como consciente de la magnitud de la crisis. En ese sentido, el decreto sería evidencia de que el Ejecutivo está asumiendo su responsabilidad. Al incluir medidas que restarían poder a la Asamblea Nacional y profundizarían el esquema tradicional de intervencionismo y control, se buscaba, previsiblemente, forzar la negativa de la oposición, de forma de poder acusarla de obstruir mezquinamente las salidas a la crisis. 

2. El decreto era, técnicamente, innecesario. Buena parte de esas medidas pueden ser tomadas por el gobierno dentro del marco de políticas actualmente vigente. Otras no son más que enunciados generales de buenas intenciones, que no habilitan a nada específico.

3. El giro discursivo que intenta darle el chavismo a la crisis, tras reconocerla, apunta a un nuevo culpable. Frente a la desgastada y cada vez más inverosímil “guerra económica”, se está posicionando el relato de la crisis terminal del modelo rentista, aunque obviamente omitiendo la responsabilidad del chavismo en su profundización. Se trata de un discurso que busca las causas en el pasado histórico y facilita el planteamiento de las soluciones como “acuerdos nacionales”, especialmente con los sectores empresariales. Bajos estos referentes, institucionalizados en el Consejo de Economía Productiva, pudieran surgir algunos ajustes racionales pero parciales y, a esta altura, probablemente inefectivos.

4. La negativa a aplicar unos ajustes integrales o su aplicación superficial solo permitirían una conclusión: el chavismo solo quiere ganar tiempo y dejar la peor herencia posible a sus sucesores. Aunque perverso, este cálculo político responde al interés de “salvar” la imagen de un chavismo que nunca claudicó en su defensa de los “derechos” sociales, algo que, evidentemente, tendría que hacer el próximo -y ya desde ahora “neoliberal”- gobierno.

5.  A la oposición podría convenirle: o forzar a Maduro a tomar medidas y que sea él el que cargue con el costo político –si es que tal cosa es posible- o acelerar su revocatoria para evitar que el deterioro con el que deberán lidiar una vez posesionados del Ejecutivo sea mayor.

6. El acuerdo social y político (el tan denostado pacto) para legitimar los ajustes y compartir sus costos no luce factible bajo estas reglas políticas, que favorecen la hegemonía y dinamitan la cohabitación. Sus escasas posibilidades dependen del ascenso de sectores moderados en ambos bandos, capaces de fraguar unas nuevas normas que, al compartir el poder y la responsabilidad, habiliten el ajuste económico, doloroso en cualquier circunstancia. 

7. En el trasfondo, con abundantes muestras cotidianas, crece el descontento y la desesperación social. En los próximos meses, el probable empeoramiento de la escasez de medicamentos y alimentos, el deterioro creciente de la seguridad pública, el colapso de los servicios básicos y de los sistemas sanitarios, sumado a un creciente riesgo de impago de la deuda, empujarán el fantasma de una verdadera crisis humanitaria, haciendo más que probable un estallido social de consecuencias impredecibles. Los brotes de violencia social parecen estar contenidos, en espera de una rectificación económica que, por ahora, luce esquiva.

martes, 5 de enero de 2016

La nueva Asamblea Nacional: hay vida después del chavismo


La oposición venezolana acaba de tomar control sobre la Asamblea Nacional. Es su primera mayoría parlamentaria en casi diecisiete años de gobiernos chavistas. Lo que sería un acontecimiento relativamente normal en otros países, es, para Venezuela, un evento histórico, cargado de gran simbolismo.

La primera constatación que habría que hacer es sobre lo que no ocurrió: ni el 6D ni el 5E se registraron actos de violencia. No es un asunto menor si recordamos toda la tensión que rodeaba la sola posibilidad de derrota electoral del chavismo. Aunque han pasados desapercibidos, entre estos dos eventos –la elección y la toma de posesión- han sido desmontados los grandes mitos de la historia política reciente. Si algo ha quedado claro hoy es que hay vida después del chavismo, muy a pesar suyo. Hoy hemos visto a sus principales figuras, incluido al mismo Diosdado Cabello, ejerciendo el rol de oposición institucional. Esta participación en minoría es, a mi juicio, el hecho más significativo de la jornada.

El chavismo ha trabajado intensamente para instalar la desesperanza en sus opositores y hacerse imprescindible para sus seguidores. Una mezcla de polarización, hostigamiento, arbitrariedad, ventajismo, infiltración y cooptación; esa ha sido la estrategia con la cual el oficialismo ha forjado una hegemonía electoral hasta ahora infranqueable. Se trataba de un sistema sumamente costoso, que exigía no solo la destrucción de cualquier forma de control institucional sino, sobre todo, un flujo de ingresos rentístico alto y siempre creciente. Hacer depender la mayor cantidad de bienes y beneficios –desde la estabilidad y la paz hasta la educación y las pensiones- de la continuidad del poder chavista funcionó por mucho tiempo, pero nunca fue realmente sostenible.

Con la normal instalación del nuevo parlamento, el chavismo ha recibido un golpe simbólico casi mortal. Con este gesto, el país se ha enterado de que pueden perder. Peor aún, pueden verse obligados a aceptarlo y, en consecuencia, a cederle el poder a la oposición. Y, tras eso, el país sigue existiendo, sin violencia, sin caos, sin destrucción generalizada. Este precedente, aunque parezca menor, inaugura un nuevo escenario político, dominado por un progresivo desmontaje del tinglado con el que el partido oficial absorbió al Estado.

¿Qué sucederá de aquí en adelante? Es difícil saberlo. El chavismo tiene aún muchos recursos por movilizar, especialmente útiles si la oposición opta, como parece haberlo hecho, por una confrontación directa con Maduro. Al Gobierno le interesaría que la dirigencia opositora sustancie, con sus actos, la acusación sobre revanchismo y restauración. Además, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional padecerá por la presión de mejoras económicas rápidas, mejoras que no tienen capacidad de generar.

Independientemente de lo que pase a partir de mañana, lo ocurrido hoy parece confirmar varios supuestos improbables. El chavismo es pragmático, no está dispuesto a quemar las naves y su apuesta por la confrontación, llegado el momento, se transformará en disposición a la negociación. En realidad, ya hasta los propios dirigentes chavistas están pensando en –cómo pactar- su vida después del poder.

sábado, 19 de diciembre de 2015

Parlamento Comunal: el poder popular contra la voluntad popular




El chavismo acaba de sufrir la peor debacle electoral de su historia. Y, a la luz de su desarticulada y errática reacción, es evidente que no se la esperaba. En el proceso de asimilación de la derrota, el presidente Maduro ha construido al menos cuatro relatos: primero, admitió el revés, aunque lo minimizó y vinculó a los efectos perversos de la “guerra económica” dirigida por la oposición; luego, reconoció la necesidad de cambios y rectificaciones en el seno del oficialismo; en tercer lugar, insinuó que el resultado se debía a la abstención de las bases chavistas; y, ya en los últimos días, ha comenzado a cuestionar la legitimidad del resultado, señalando irregularidades cometidas por la oposición. En dos semanas han desfilado cuatro culpables: la oposición; la cúpula gubernamental; el electorado chavista y, finalmente, el sistema electoral. 

Sin embargo, la última versión, encaminada a restar legitimidad al triunfo opositor, sí se está concretando en acciones. Por un lado, se apunta a la posible –y tardía- impugnación de algunos escaños adjudicados, en un probable intento por quebrar la mayoría calificada de la MUD. Por el otro, Diosdado Cabello ha encabezado la instalación del “Parlamento Comunal Nacional”, en un acto realizado, no por casualidad, en la sede de la Asamblea Nacional.

El chavismo, fiel a la estrategia que le ha funcionado, parece haberse decantado por la confrontación: utilizar todo su poder en función de erosionar la victoria opositora. Con ese objetivo, busca alinear sus recursos institucionales y extra-institucionales en una operación de choque contra la nueva Asamblea Nacional. A nivel institucional, sus cuadros más fieles y –por diversas razones- comprometidos, están siendo reubicados en posiciones claves de los demás Poderes Públicos. En esta dirección se orientará, muy probablemente, la “renovación” del Gabinete Ejecutivo. Pero, más que a la normatividad establecida en la Constitución, la dirigencia chavista está encomendando esta batalla a la estructura política paralela que, no sin desdén y apatía, ha ido construyendo desde el año 2007.

Tras su abrumadora reelección de diciembre de 2006, el presidente Chávez impulsó la creación de una estructura estatal alterna, crucial, a su juicio, para asegurar la construcción del socialismo. Si bien es cierto que el llamado “Estado comunal” carece de fundamento constitucional, como usualmente argumenta la oposición, más relevante es revisar su naturaleza y rol práctico. Al respecto, lo que se ha planteado no ha sido una sustitución plena del “viejo Estado burgués”, sino una superposición selectiva, políticamente estratégica. En las leyes del Poder Popular, el Ejecutivo Nacional continúa siendo el poder supremo, al cual, más aún, se supedita la existencia de cualquier instancia de autogobierno comunitario, comunal o popular.

El asunto de fondo es el carácter abiertamente iliberal de este nuevo poder político. Su sujeto no son los ciudadanos individuales, portadores de la “voluntad popular”, sino el “pueblo organizado” o, más recurrentemente, el “poder popular”. Este poder no se actualiza a través de la elección individual y universal, libre por secreta y justa por transparente, sino mediante la votación pública, colectiva, aclamatoria, que permite constituir cuerpos políticos –como los Consejos Comunales- que, a partir de entonces, sustituyen a los electores en la construcción de instancias territoriales agregadas, como las Comunas o las Federaciones Comunales.

La desconfianza hacia el sufragio individual y secreto, indispensable para la libre expresión de la voluntad popular, se corresponde con el concepto de democracia asumido. El Estado comunal tiene como principio de legitimidad la denominada “democracia protagónica revolucionaria”. El ejercicio democrático está subordinado aquí, como medio, al principio supremo de la revolución socialista, solo realizable superando los rasgos liberales, individualistas y pluralistas de la democracia electoral.

Por ello, el sometimiento absoluto de las nuevas instancias comunales al objetivo supremo de la construcción del socialismo, y la sustracción de las decisiones relevantes al elector de base –incapaz aún de deslastrarse de los vicios burgueses- son estrategias claves para liberar el potencial revolucionario de los amarres supuestos por las instituciones representativas tradicionales. En el Estado comunal, en última instancia, la “voluntad popular”, eventualmente adversa a la revolución, se subordina al “poder popular”, vanguardia esclarecida de la transición al socialismo y correctora de los equívocos que puede cometer un electorado circunstancialmente “confundido”.

A pesar del contenido aparentemente doctrinario de este discurso, la realidad es que el chavismo no ha sido consecuente con esta versión “comunal” y “popular” de su revolución. La utilización selectiva de estas instancias ha respondido a un objetivo menos ideológico y más pragmático: la acumulación de poder y la distribución de la renta petrolera. En efecto, el chavismo se ha refugiado en la institucionalidad “burguesa”, cuando así le ha convenido, y ha impulsado estas figuras solo en la medida en que le han resultado funcionales.

La gran incógnita que se abre de cara al 2016 es, precisamente, hasta dónde podrá llegar el chavismo en esta estrategia de suplantación de la Asamblea Nacional. ¿Estarán dispuestos a convertir en leyes, formalizadas en Gaceta Oficial, las decisiones del Parlamento Comunal?; ¿Estarán dispuestos, en la situación límite a la que conducirá esta estrategia, a impedir de plano el funcionamiento de la Asamblea Nacional? El asunto, a mi juicio, no radica solo en que la élite oficial decida lanzarse a la confrontación, sino si logrará unidad interna en torno a estas estrategias y, más importante, si habrá economía que soporte más de lo mismo.