El dólar 6,30 y la economía política del chavismo

El sistema cambiario ha sido, probablemente, el tema de la agenda política más discutido en los últimos meses. Siguiendo este debate, y a pesar de la profusión de voceros y opiniones, he tenido la percepción de que pocos comentaristas han puesto de relieve suficientemente la que, a mi juicio, es la variable fundamental que explica el actual arcaico sistema: el control cambiario tiene una naturaleza política y su propósito principal, más que el control social, es la captura con fines clientelares de la renta petrolera. Veamos esto con un poco más de detalle. 

El control cambiario le ha permitido al chavismo administrar discrecionalmente el ingreso en divisas derivado de la actividad petrolera. Al tener la potestad de definir unilateralmente el precio en bolívares al que vende esas divisas, el Gobierno optó por establecer un precio menor al de mercado, lo que, en términos prácticos, implicó subsidiar las divisas. Esta subvaloración del dólar tuvo dos efectos directos, intencionados y muy relevantes: destruyó la competitividad de otras actividades económicas no petroleras e incentivó la compra de divisas “baratas”. De este modo, el Gobierno le envió un mensaje claro a todos los agentes económicos y a la sociedad en su conjunto: no quiero que produzcan; pueden hacer mucho más dinero si se dedican a capturar, negociar y transar con los petrodólares.

Al subsidiar la divisa, la demanda superó con creces a la oferta; al desincentivar la producción nacional, el petroEstado se convirtió en su gran y prácticamente único oferente. Los funcionarios gubernamentales encargados de asignar los dólares se vieron así provistos de un poder inmenso, el cual, lógicamente, utilizaron para enriquecerse. Las coaliciones corruptas entre empleados estatales y empresarios importadores proliferaron por doquier.

Sin embargo, la importación en sí misma resultaba un mal negocio. Mientras que los productos que podían ser importados debían venderse en el país a precios fijados por el gobierno, el fingimiento de importaciones o su sobrefacturación permitía apropiarse de los dólares en efectivo, cuya venta en el mercado paralelo o su utilización para compras de bienes en el extranjero arrojaban márgenes de ganancias exorbitantes.

Bajo este sistema, nada de lo que ocurrió puede considerarse atípico o inesperado. La estructura de incentivos del control cambiario estaba creada para que ocurriera precisamente esto. Y es que el sistema impuesto por el chavismo estuvo enfocado desde el comienzo en beneficiar a sus dos grandes polos de poder. Por un lado, a la clase dirigente burocrática, militar y empresarial, que se enriqueció absurdamente al tener un acceso privilegiado a las divisas que, como nación, subsidiamos. Por el otro, a las clases populares, las cuales tuvieron acceso barato y preferencial a productos básicos, electrodomésticos y enseres importados, un hecho crucial en la generación de una sensación colectiva de bienestar material y satisfacción política. De este modo, el control de cambio funcionó como una pieza central en el aparato de control institucional y  apoyo electoral que hizo del chavismo un movimiento prácticamente invencible. 

Aunque desde el 2013 el sistema está dando muestras de agotamiento, reflejados en elevados niveles de escasez e inflación, lo cierto es que, en cuanto a su propósito central, la divisa subsidiada sigue siendo tanto o más eficaz que antes. Con un diferencial cambiario de más de seis mil por ciento (6.000%) y una creciente concentración de las aprobaciones de divisas en la tasa de 6,30, las plutocráticas élites chavistas están en el éxtasis. Con el colapso casi absoluto del aparato productivo nacional y la masiva escasez, el acceso privilegiado a productos básicos subsidiados que tienen las clases populares les permite no solo sentirse beneficiadas por el gobierno sino, más importante, hacer su propio negocio irregular con la captura y reventa de estos productos.

Es por ello que el gobierno ni la emprenderá contra los responsables de la importación ficticia ni irá a fondo contra los revendedores y “bachaqueros”. Es el menguado empresariado dedicado a la producción nacional y las golpeadas clases medias las que cargan la mayor parte del peso de un sistema que, a fin de cuentas, está creado para beneficiar –muy desigualmente- a los de la cúspide y a los de la base. Esta es la cruda y real economía política del chavismo.

¿Qué está pasando con la oposición?

La pregunta, de entrada, remite a otra, aún más elemental: ¿Cuál oposición? Y es que, a pesar de lo claramente imprescindible que resulta forjar una coalición unitaria para derrotar al chavismo, en la oposición no ha existido hasta ahora ni la capacidad ni la voluntad para generar una convergencia estratégica sólida y perdurable.

Una de las principales fortalezas del chavismo radica en la forma en que se ha relacionado con su oposición. Debilitándola, caricaturizándola, alejándola de las bases populares, cerrando sus posibilidades de acceder a recursos, propiciando su radicalización y fragmentación, el chavismo ha terminado desarticulando cualquier proyecto que implique un riesgo real de arrebatarle el poder.

Aunque hacerle oposición a un movimiento hegemónico e inescrupuloso como el chavismo no es una tarea fácil, segmentos del liderazgo opositor han sido reincidentes en aplicar fórmulas que el sentido común y la experiencia han demostrado ineficaces.

La expresión más reciente y llamativa de esta situación fue, a mi juicio, la estrategia insurreccional denominada “La Salida”. Gran parte del saldo negativo heredado con el que ha debido luchar la oposición política se asocia con los fracasados intentos de derrocamiento del gobierno realizados entre los años 2002 y 2005. El saldo de esa etapa “radical” es claro: el chavismo, victorioso política y electoralmente, logró el control pleno de la fuerza armada, la empresa petrolera y el parlamento, desde donde extendió su control sobre el resto de los Poderes Públicos y, más importante, introdujo plenamente su vocación hegemónica en el aparato legal.

Todo el esfuerzo por reconstituir el campo opositor sobre un discurso social, una estrategia electoral y una base policlasista, se puso en riesgo con el retorno a inicios del 2014 del cortoplacismo insurreccional, la primacía de las clases medias y el discurso estrictamente liberal. A pesar de su estruendoso fracaso político, desde mediados del año pasado los partidarios de “La Salida” decidieron incrementar su animosidad contra el resto de la oposición organizada y, por esa vía, consolidar un espacio político propio.

Si asumimos como legítimas las conversaciones entre López y Ceballos filtradas en VTV, ese es precisamente su objetivo: diferenciarse, remarcar frente al electorado que existe un “ellos” –los colaboracionistas- y un “nosotros” –los “verdaderos” opositores-, pero no para montar una tienda aparte, sino para arrastrarlos a “ellos” y obligarlos a subordinarse a “nuestra” agenda.

Cuando parecía que, con las primarias, la oposición –toda- daba un buen primer paso para obtener la mayoría de la Asamblea Nacional, los partidarios de “La Salida” sintieron otra vez esta innata necesidad de diferenciarse. Y, para hacerlo, optaron nuevamente por una agenda política particular divorciada de la crisis social y económica. Su llamado a protestar no menciona ni por relleno al desabastecimiento, la inflación o el deterioro de los servicios públicos –valga decir, las verdaderas causas del debilitamiento de Maduro- sino que plantea como grandes exigencias nacionales, casi clamores populares, la liberación de los presos políticos y el establecimiento de la fecha de las elecciones –elecciones que, por cierto, en el pasado desdeñaron y desmeritaron-.

Estas causas son comunes a toda la oposición, pero al convertirse en la punta de lanza de un chantaje interno, generan más disonancia y conflictos que acuerdos y consensos. De este modo, la importante concurrencia alcanzada el sábado en las manifestaciones es inevitablemente interpretada como una evidencia del liderazgo de López y, consecuentemente, de la debilidad de la MUD, a la cual se le enrostra ahora su reacción frente a esta maniobra.

Más allá del optimismo que pueden transmitir las fotos de las concentraciones, el saldo de todo este asunto salta a la vista: un poco más de sal en las heridas internas para hacer más difícil y sufrida la imprescindible unidad de cara a unas elecciones que, ahora sí, todos reconocen como fundamentales.

Venezuela: la crisis que pocos quieren reconocer

Venezuela está viviendo desde el año 2013 las consecuencias más hostiles de un proceso de destrucción institucional cuyos primeros antecedentes pueden rastrearse a finales de los años 70. Durante las décadas de 1980 y 1990, se intentó atajar el progresivo deterioro de la cohesión social y la legitimidad política con proyectos de reforma institucional más o menos coherentes y profundos. Sin embargo, las élites nacionales se demostraron incapaces y carentes de voluntad política para reformular el pacto social en el marco del sistema político establecido, lo que condujo a que el desencanto fuera capitalizado por un planteamiento radical como el de Hugo Chávez.

Chávez llega al poder con un marco institucional erosionado que presentaba márgenes mínimos de eficacia y legitimidad. Su planteamiento de una renovación profunda de las reglas del juego social y político recibió una acogida entusiasta en muy distintos sectores, más cuanto sostenía sus proposiciones en figuras en boga como la democracia participativa, el Estado social y los Derechos Humanos.

Este amplio programa original no pasó de ser una concesión estratégica en función de construir una coalición de base amplia que le permitiera acceder al poder. Chávez evidenció desde el comienzo su rechazo a la existencia de instituciones, entendidas como reglas generales e impersonales que rigen la interacción social y restringen el margen de acción de los actores. Su visión de la política como construcción de hegemonía y su vocación personalista se manifestaron mucho antes de que el proyecto democrático-participativo fuera sustituido por el socialista, en el año 2006.

Desde la Presidencia, Chávez no solo impidió que se construyera la nueva institucionalidad política, económica y social prevista en la Constitución, sino que utilizó su inmenso poder y recursos para eliminar los reductos institucionales heredados del régimen anterior. La politización intencional de todos los espacios de interacción social, estimulada y dirigida desde el Gobierno, es una variable crucial para comprender la crisis actual. Venezuela quedó desprovista así de un marco institucional mínimo que permitiera: 1. Organizar racionalmente el funcionamiento del Estado; 2. Tramitar eficazmente los conflictos entre intereses sociales; 3. Atender los problemas públicos más profundos; 4. Hacer funcionar los sistemas y servicios públicos; 5. Controlar al poder político.

En términos más simples, el chavismo, en su afán por acumular poder, lo que hizo fue desquiciar la máquina –el marco institucional- que hace que cualquier sociedad, mal que bien, “funcione”. Para evadir las limitaciones sobre su poder, se llevó por delante cualquier posibilidad de tener un Estado funcional, unos servicios eficientes o unas instancias eficaces de resolución de conflictos. En ese sentido, el Gobierno desmanteló deliberadamente el conjunto de reglas y controles que permiten desarrollar una interacción social valiosa y, por el contrario, construyó todo un aparataje simbólico y material de normas, sistemas y controles que propiciaron el auge de conductas socialmente perniciosas, tales como la corrupción, el crimen organizado o la violencia social. 

El problema venezolano es, en ese sentido, más profundo que un simple desequilibrio fiscal, un control de cambio desfasado o un grupo de bandas criminales muy bien armadas. El problema no es, insisto, la falta de recursos. El trasfondo lo han apuntado muy bien en sendas entrevistas dos estudiosos de la talla de Alejandro Moreno y Leopoldo Puchi: Venezuela está bordeando la condición de Estado fallido, con unas élites totalmente incapaces de reconstruir un pacto político mínimo; un Estado anquilosado, disfuncional y penetrado por las mafias; una sociedad anarquizada y con una escala de valores invertida; y una economía militarizada y atiborrada de captadores de renta.

El asunto sería menor si estos problemas se resolvieran con un simple cambio de normas legales, la liberación de algunos controles económicos o la intervención de algunos organismos públicos. Mucho más allá de estos problemas de política pública, está el modelo mental que la ausencia de instituciones ha incubado en los venezolanos. 

¿Quién está dispuesto a invertir su esfuerzo en promover algún cambio en las actitudes y comportamientos sociales dominantes?; ¿Quién dispuesto a plantarle cara a las mafias que el chavismo piensa dejar como legado?; ¿Y quién dispuesto a darle racionalidad a los subsidios sociales?; ¿Quién, acaso, piensa enfrentar la criminalidad que ejerce el control pleno de muchos territorios del país? 

Los marcos institucionales no cambian rápida ni milagrosamente, pero para que siquiera pudiera verse en el horizonte un alentador cambio institucional sería preciso identificar a los actores emprendedores, a las nuevas élites que, llegado el momento, apostarán su capital político en la empresa de cambiar el desastroso juego social en el que está embarcada la sociedad venezolana. Al día de hoy, y haciendo excepción de algunos gestos positivos de sectores de la oposición, hay poco material para ser optimista.

#AnálisisDeCoyuntura: ¿Cómo está logrando el chavismo sobrevivir a su propio fracaso?

El discurso político opositor se ha sostenido tradicionalmente en un cierto menosprecio hacia la capacidad política del chavismo. Durante una primera etapa, entre 1999 y 2005, la oposición adoptó el supuesto de que la inexperiencia política, el bajo control institucional y las divisiones internas, hacían a la clase política chavista débil y fácilmente derrotable, por lo cual la mejor estrategia era la de una oposición dura y hostil que erosionara rápidamente su legitimidad. Los errores estratégicos cometidos en esta etapa colaboraron paradójicamente para que el chavismo superara sus déficits de experiencia, poder, organización y recursos.

Desde el 2006, con un chavismo fuerte, unido y legitimado, la oposición cambió de orientación, pasando de cuestionar los principios a criticar los resultados de la gestión chavista. En ese sentido, ha habido un intento sistemático por apropiarse de elementos del discurso, la organización y la estrategia del chavismo para vencerlo en el terreno electoral. Bajo estas orientaciones, la oposición atravesó el ciclo político 2007-2013, obteniendo ventaja especialmente en las etapas de mayor radicalización gubernamental. En 2014, estas dos estrategias políticas demostraron estar plenamente vigentes, manifestándose claramente en los dos bloques surgidos de las protestas escenificadas entre febrero y mayo.

A pesar de esta combinación de estrategias y en medio de una grave crisis económica que ya se extiende por dos años, el chavismo sigue aferrado al poder. ¿Cómo ha logrado el chavismo sobrevivir a tantas coyunturas difíciles?; ¿cómo es que su poder, lejos de debilitarse con el deterioro de su gestión, parece en ocasiones fortalecerse?; ¿qué puede explicar que el malestar generalizado luzca tan desconectado del cambio político?; ¿cómo, a pesar de la crisis inmensa que ha generado su gestión, el chavismo logra recrear su discurso político para mantener en pie su legitimidad? 

Tres variables claves se han combinado para explicar esta peculiar capacidad del chavismo de sobreponerse a la propia inviabilidad de su lógica de poder: los errores y fracasos de la oposición; una favorable coyuntura económica y política internacional; y un habilidoso –e inescrupuloso- manejo del poder de un petroEstado como el venezolano. El efecto simultáneo de estos tres factores derivó en un férreo control social e institucional por parte del aparato chavista, el cual, lejos de flexibilizarse con la crisis, solo se ha reforzado.

El chavismo es un fenómeno político populista y personalista, característico de los Estados rentísticos. El inmenso poder que ha acumulado se explica por la debilidad institucional del Estado y la sociedad venezolana –agravada por el colapso del sistema político anterior a Chávez- y la ingente cantidad de renta captada –incrementada por la bonanza petrolera internacional de la última década-. Sin restricciones y con muchos recursos, el chavismo construyó un tupido aparato de control social e institucional, dominando tanto a las entidades estatales claves –Pdvsa, el Banco Central o el TSJ, por ejemplo- como a los actores de la sociedad cuyo apoyo resultaba estratégico –la élite burocrático-militar y una base popular organizada y movilizada-. En contrapartida, aplicó un conjunto amplio de políticas para asfixiar, aislar o debilitar tanto a las instituciones públicas como a los actores sociales que se le opusieran. De este modo, generó una estructura de incentivos que estimuló el alineamiento y sometimiento e hizo muy costosa la disidencia o el rechazo.

Ahora, en plena crisis, esa estructura de incentivos ha adquirido un carácter más extremo. En medio de la escasez, el que tiene la atribución de repartir los bienes escasos –sean dólares, cargos públicos, productos de alimentación o multas y cierres- tiene un poder relativo aún mayor. El chavismo ejerce arbitrariamente esta atribución para fortalecer las lealtades internas, castigar aún más severamente las disidencias y desestimular el realineamiento. Los controles no se flexibilizan sino que se refuerzan, porque ellos son herramientas esenciales de la subsistencia del chavismo. Es gracias al entramado de controles y alcabalas que el chavismo puede asignar valores selectivamente; y es de sus tácticas de inclusión y exclusión que la maquinaria chavista obtiene legitimidad.

Es muy frecuente en la calle la pregunta de por qué tanta gente parece aceptar de tan buena manera un deterioro tan acelerado de la calidad de vida. Aunque por supuesto existen muchos otros factores, subrayo una constatación central: el chavismo ha sabido desarrollar estratégicamente su rol de distribución y reparto, asignando selectivamente beneficios y castigos de modo que, aún en medio de la crisis, muchos estén dispuestos a tolerar los problemas, temer a los cambios y guardar una conveniente disciplina.

Sin embargo, el poder sin recursos tiene una eficacia limitada. Al día de hoy, si bien el chavismo mantiene su estructura de poder consolidada, enfrenta crecientes dificultades para obtener los recursos que mantengan su nivel operativo. Esto ha ido erosionando lenta y progresivamente su base de apoyo, pero parece desde hace algunos meses haber tocado un piso duro que luce difícil de romper. Se trata de un poco más del 20% del electorado, al que el chavismo apostará para sobrevivir en los próximos meses rumbo a las parlamentarias, etapa en la que, con toda seguridad, los privilegios de ser chavista se incrementarán y los costos de ser opositor se dispararán.