6D: La estrategia política de un chavismo en minoría

Las elecciones parlamentarias fueron fijadas para el 6 de diciembre. El gobierno ha considerado preferible convocar los comicios –lo que no equivale a realizarlos- que seguir postergando el anuncio del cronograma electoral, con el concomitante recrudecimiento de la presión internacional. 

 

En un artículo publicado en abril, argumenté que el chavismo ha estado adecuándose a un nuevo escenario político. En un contexto de bajos recursos, déficit de carisma y menguada influencia internacional, el chavismo habría decidido asumirse estratégicamente como un gobierno en minoría. En otras palabras, el poder chavista ha optado por gobernar exclusivamente en función del llamado “chavismo duro”, en el que se incluyen tanto la base popular directamente vinculada a los programas e instancias del gobierno como la estructura dirigente política, burocrática y militar. Satisfacer a estos dos grupos exige, lejos de aplicar reformas, consolidar el inmovilismo político y económico, especialmente en ámbitos de relevancia simbólica y material como los controles económicos, los subsidios, las Misiones y la confrontación con la oposición y con los EEUU. A juzgar por los números, la estrategia pareciera ser efectiva: tras la fuerte caída de la popularidad presidencial durante el 2014, el índice tocó piso en enero (22,6%) y se ha recuperado ligeramente desde entonces, ubicándose en 25,8% a finales de mayo.

En función de esta premisa, el gran problema que se le plantea hoy al chavismo es: ¿cómo mantener la hegemonía política con un respaldo social minoritario? En el artículo antes mencionado, plantee tres estrategias que seguiría el oficialismo para lograrlo: reforzar la unidad y disciplina del voto duro chavista; erosionar la capacidad de la oposición de captar el voto castigo; y manipular el tablero electoral para reforzar el valor del voto chavista y mermar el del voto opositor. Estas orientaciones se han verificado en estos meses con nuevas evidencias.

En cuanto a la primera estrategia, las elecciones primarias del PSUV constituyeron un gigantesco ejercicio de movilización y logística para afinar la eficacia de su voto duro. Medir y calibrar la fuerza electoral, antes que definir candidaturas, fue el objetivo de estos comicios. Por ello, la cantidad de electores, captados fundamentalmente a través de las abultadas nóminas públicas y los registros de los viejos –y nuevos- programas sociales, eclipsó la relevancia de los candidatos electos, quienes, en su gran mayoría, ya tenían la victoria asegurada. En este aspecto, nuevos registros de potenciales beneficiarios -como el de la Gran Misión Hogares de la Patria- serán instrumentos claves en la búsqueda y acarreamiento de votos, mientras que los urbanismos de la Misión Vivienda continuarán operando como cotos electorales sin ninguna presencia opositora y ninguna garantía electoral de equilibrio. Para incrementar el ánimo de este chavismo recalcitrante es probable que se reserven para fechas cercanas a los comicios nuevas intervenciones selectivas contra el empresariado, así como operativos masivos de venta de alimentos y electrodomésticos, importados con los recursos que logren exprimir de los activos internacionales.

En el segundo aspecto, un conjunto muy significativo de acciones se han dirigido a debilitar a la oposición, distraerla de la crisis socioeconómica y profundizar sus líneas de divergencia. Las inhabilitaciones políticas, antes que sacar de carrera a uno que otro dirigente concreto, buscan azuzar el conflicto interno entre bandos opositores, incrementando sus fricciones frente a los abusos gubernamentales. Las amenazas acerca de impedir la inscripción de la tarjeta unitaria o, más aún, suspender a los partidos que no concurran con su propia tarjeta, distraen a la oposición, refuerzan sus diferencias internas y justifican la negativa de organizaciones como Voluntad Popular a abandonar su opción partidista. El cambio en las normas sobre candidaturas por género persigue desacreditar a la oposición pero, sobre todo, obligarle a reabrir los acuerdos logrados sobre sus candidaturas. Nuevas inhabilitaciones selectivas; amenazas renovadas sobre la violencia que desataría una victoria de la MUD; el montaje de expedientes y grabaciones contra opositores; y el apadrinamiento de supuestas divisiones internas, abundarán con toda seguridad en los próximos meses.

En lo referido a la tercera estrategia, los cambios en la reglamentación electoral, como la comentada paridad de género o las nuevas proyecciones poblacionales, se ampliarán. Las condiciones electorales se irán modificando gradualmente de un modo que aumente la sensación de que el voto no será secreto y la oposición no tendrá posibilidades de conquistar la mayoría. En respaldar esta tesis juegan un rol crucial los propios voceros oficialistas, quienes de manera cada vez más abierta ponen en duda el secreto del voto. La posible aplicación de cuadernos electrónicos de votación; restricciones a la observación internacional; nuevos condicionamientos a la inscripción de partidos y candidatos; y manipulaciones ventajistas del Registro Electoral; son algunas posibilidades que seguramente se verificarán en las próximas semanas.

A todo esto hay que agregar un esfuerzo denodado por contaminar el debate político, introduciendo elementos -como el conflicto del Esequibo o la infiltración del “paramilitarismo” colombiano en Venezuela- controlados discursivamente por el chavismo, intentando romper así el circuito entre la crisis económica y social y su resolución política a través de las elecciones del 6 de diciembre.

El chavismo, lejos de aceptar como inevitable su derrota, está maniobrando con fuerza para lograr que una minoría política pueda expresarse, el 6D, como una mayoría electoral. La pregunta sigue siendo la misma de abril: ¿no está la oposición demasiado confiada y muy poco preparada para enfrentar estas estrategias?

La crisis griega: nuevas evidencias de un mundo caótico

El primer rasgo del que debe tomarse nota cuando intentamos entender la situación griega tiende, paradójicamente, a pasar desapercibido: es una situación compleja. Esta complejidad puede percibirse en un doble sentido. En primer lugar, el problema en el que está inmersa Grecia está cruzado por múltiples variables y factores, incluyendo elementos extraeconómicos como la historia, la geopolítica y la cultura. En segundo lugar, sobre el problema griego tienen interés y ejercen influencia un amplísimo conjunto de organizaciones e individuos que interactúan de distintos modos, a diferentes niveles –local, nacional, regional y global- y a diversos ritmos.

A mi juicio, la crisis griega -¿es realmente griega?- constituye un ejemplo ilustrativo de la caotización que puede percibirse en la evolución de los más diversos fenómenos sociales. Precisemos esta idea en cinco claves: 

1. El poder está diluido y se encuentra disperso entre una multitud de actores: ¿cómo se explica que la poderosa canciller alemana, portadora de una elevadísima popularidad y del apoyo pleno de una coalición mayoritaria, no pueda imponer su criterio en las negociaciones con un país periférico, con una economía al borde de la quiebra y un primer ministro sin experiencia política y un respaldo ciudadano más que condicionado? Se trata del fenómeno al que Moisés Naím alude en su más reciente libro “El fin del poder”. En el caos, el poder es más difícil de ejercer debido a que existen una multitud de actores que, aunque aparentemente son insignificantes, tienen capacidad real para limitar el ejercicio del poder, condicionarlo o hacer demasiado costosos sus efectos. Por ello, es habitual notar que, a pesar de toda la parafernalia simbólica del poder, los líderes mundiales y grandes centros decisorios lucen incapaces, superados por los problemas e inhabilitados para tomar decisiones contundentes. 

2. La interdependencia es casi absoluta: el poder se encuentra disperso en buena medida porque los actores, a pesar de sus diferencias de tamaño y divergencias de intereses, están vinculados por complejas redes interdependientes. La globalización y el desarrollo tecnológico han profundizado sorprendentemente los vínculos y las relaciones entre actores, independientemente de su ubicación. Si algún ámbito se ha visto dominado por la interdependencia es la economía y, especialmente, la economía financiera. Esto implica que la posible quiebra de Grecia y su salida de la unión monetaria tendría consecuencias sobre una infinidad de actores alrededor de todo el mundo. Se trata de un radio de impacto amplificado que incrementa la cantidad de intereses y sensibilidades que son incididos por la crisis y, por lo tanto, intentan incidir en ella. Junto a esta escala amplificada, existe un radio de impacto intensificado, que incluye a los países de la zona euro, entre los cuales el nivel de interdependencia es mucho mayor. Ciudadanos que pueden sentirse tan ajenos a la situación griega como los de Finlandia, sufrirían de manera tangible en su vida cotidiana las consecuencias de decisiones sobre las que tienen mínima capacidad de influir. 

3. Los resultados de las decisiones son impredecibles e inciertos: ¿qué pasará en el corto plazo con la economía griega si el país sale del euro?; ¿y con el resto de las economías de la zona euro?; ¿EEUU, los BRICS, América Latina, se verán afectados?; ¿estamos a la puerta de una nueva recesión mundial o el asunto no pasará de un episodio localizado?; ¿y en el largo plazo, le convendrá a Grecia salir del euro?; ¿la Unión Europea se fortalecerá o se debilitará con su salida?; ¿esto implicará un realineamiento geopolítico en Europa, desanimando a los países del Este en su aspiración de pertenecer a la UE? Una de las implicaciones más evidentes de la interdependencia es la incertidumbre. A pesar de todos los avances del conocimiento científico, es difícil –por no decir imposible- predecir con algún grado de certeza las consecuencias que tendrá la ocurrencia de determinados fenómenos: el alto grado de interdependencia pudiera servir para contener y apagar el fuego en su lugar de origen, pero también pudiera catalizar su expansión rápida e incontrolada. Ilustrativas resultan las grandes diferencias de criterio que demuestran los economistas más prestigiosos en sus interpretaciones de la crisis y sus posibles impactos. 

4. Los valores e ideas se han tornado borrosas: la confusión y la perplejidad son reacciones habituales ante el alto grado de complejidad de los fenómenos. No es fácil para los propios actores percibir con claridad sus estructuras de intereses, ya que los nuevos eventos disruptivos no son fácilmente interpretables con los modelos mentales tradicionales. Un ejemplo palpable en la crisis griega es el rol de las ideologías, históricamente centrales en la política europea. En la más reciente comparecencia del primer ministro griego Alexis Tsipras al Parlamento Europeo, resultó llamativo el apoyo que recibió no solo de la izquierda y los ecologistas sino también de la extrema derecha euroescéptica, que percibe que el izquierdista Tsipras puede golpear la credibilidad de la Unión Europea y, por lo tanto, favorecer su bandera anticomunitaria. 

5. No hay soluciones ganar-ganar; la mejor alternativa es la más riesgosa e irracional: la crisis griega no tiene una solución ideal. Cualquier alternativa implica costos y pérdidas. La diatriba gira en torno a cómo se distribuyen estas pérdidas. La lógica tradicional indica que el que tiene menor poder, carga con una mayor proporción relativa del perjuicio. Pero, en un mundo caótico, pareciera que en la medida en que un actor esté dispuesto a arriesgarse más, a poner más de lo suyo en juego –a actuar de manera irracional-, más posibilidades tiene de “ganar” en el juego social. Evidentemente, esto estimula comportamientos de riesgo, como los que caracterizan a los militantes del Estado Islámico, los hackers de Wikileaks, los corredores de bolsa y agentes financieros, los “bachaqueros” venezolanos o los inmigrantes que llegan a las costas sureuropeas. Son ellos los que parecieran tener más claro de qué se trata el mundo caótico.

El dólar 6,30 y la economía política del chavismo

El sistema cambiario ha sido, probablemente, el tema de la agenda política más discutido en los últimos meses. Siguiendo este debate, y a pesar de la profusión de voceros y opiniones, he tenido la percepción de que pocos comentaristas han puesto de relieve suficientemente la que, a mi juicio, es la variable fundamental que explica el actual arcaico sistema: el control cambiario tiene una naturaleza política y su propósito principal, más que el control social, es la captura con fines clientelares de la renta petrolera. Veamos esto con un poco más de detalle. 

El control cambiario le ha permitido al chavismo administrar discrecionalmente el ingreso en divisas derivado de la actividad petrolera. Al tener la potestad de definir unilateralmente el precio en bolívares al que vende esas divisas, el Gobierno optó por establecer un precio menor al de mercado, lo que, en términos prácticos, implicó subsidiar las divisas. Esta subvaloración del dólar tuvo dos efectos directos, intencionados y muy relevantes: destruyó la competitividad de otras actividades económicas no petroleras e incentivó la compra de divisas “baratas”. De este modo, el Gobierno le envió un mensaje claro a todos los agentes económicos y a la sociedad en su conjunto: no quiero que produzcan; pueden hacer mucho más dinero si se dedican a capturar, negociar y transar con los petrodólares.

Al subsidiar la divisa, la demanda superó con creces a la oferta; al desincentivar la producción nacional, el petroEstado se convirtió en su gran y prácticamente único oferente. Los funcionarios gubernamentales encargados de asignar los dólares se vieron así provistos de un poder inmenso, el cual, lógicamente, utilizaron para enriquecerse. Las coaliciones corruptas entre empleados estatales y empresarios importadores proliferaron por doquier.

Sin embargo, la importación en sí misma resultaba un mal negocio. Mientras que los productos que podían ser importados debían venderse en el país a precios fijados por el gobierno, el fingimiento de importaciones o su sobrefacturación permitía apropiarse de los dólares en efectivo, cuya venta en el mercado paralelo o su utilización para compras de bienes en el extranjero arrojaban márgenes de ganancias exorbitantes.

Bajo este sistema, nada de lo que ocurrió puede considerarse atípico o inesperado. La estructura de incentivos del control cambiario estaba creada para que ocurriera precisamente esto. Y es que el sistema impuesto por el chavismo estuvo enfocado desde el comienzo en beneficiar a sus dos grandes polos de poder. Por un lado, a la clase dirigente burocrática, militar y empresarial, que se enriqueció absurdamente al tener un acceso privilegiado a las divisas que, como nación, subsidiamos. Por el otro, a las clases populares, las cuales tuvieron acceso barato y preferencial a productos básicos, electrodomésticos y enseres importados, un hecho crucial en la generación de una sensación colectiva de bienestar material y satisfacción política. De este modo, el control de cambio funcionó como una pieza central en el aparato de control institucional y  apoyo electoral que hizo del chavismo un movimiento prácticamente invencible. 

Aunque desde el 2013 el sistema está dando muestras de agotamiento, reflejados en elevados niveles de escasez e inflación, lo cierto es que, en cuanto a su propósito central, la divisa subsidiada sigue siendo tanto o más eficaz que antes. Con un diferencial cambiario de más de seis mil por ciento (6.000%) y una creciente concentración de las aprobaciones de divisas en la tasa de 6,30, las plutocráticas élites chavistas están en el éxtasis. Con el colapso casi absoluto del aparato productivo nacional y la masiva escasez, el acceso privilegiado a productos básicos subsidiados que tienen las clases populares les permite no solo sentirse beneficiadas por el gobierno sino, más importante, hacer su propio negocio irregular con la captura y reventa de estos productos.

Es por ello que el gobierno ni la emprenderá contra los responsables de la importación ficticia ni irá a fondo contra los revendedores y “bachaqueros”. Es el menguado empresariado dedicado a la producción nacional y las golpeadas clases medias las que cargan la mayor parte del peso de un sistema que, a fin de cuentas, está creado para beneficiar –muy desigualmente- a los de la cúspide y a los de la base. Esta es la cruda y real economía política del chavismo.

¿Qué está pasando con la oposición?

La pregunta, de entrada, remite a otra, aún más elemental: ¿Cuál oposición? Y es que, a pesar de lo claramente imprescindible que resulta forjar una coalición unitaria para derrotar al chavismo, en la oposición no ha existido hasta ahora ni la capacidad ni la voluntad para generar una convergencia estratégica sólida y perdurable.

Una de las principales fortalezas del chavismo radica en la forma en que se ha relacionado con su oposición. Debilitándola, caricaturizándola, alejándola de las bases populares, cerrando sus posibilidades de acceder a recursos, propiciando su radicalización y fragmentación, el chavismo ha terminado desarticulando cualquier proyecto que implique un riesgo real de arrebatarle el poder.

Aunque hacerle oposición a un movimiento hegemónico e inescrupuloso como el chavismo no es una tarea fácil, segmentos del liderazgo opositor han sido reincidentes en aplicar fórmulas que el sentido común y la experiencia han demostrado ineficaces.

La expresión más reciente y llamativa de esta situación fue, a mi juicio, la estrategia insurreccional denominada “La Salida”. Gran parte del saldo negativo heredado con el que ha debido luchar la oposición política se asocia con los fracasados intentos de derrocamiento del gobierno realizados entre los años 2002 y 2005. El saldo de esa etapa “radical” es claro: el chavismo, victorioso política y electoralmente, logró el control pleno de la fuerza armada, la empresa petrolera y el parlamento, desde donde extendió su control sobre el resto de los Poderes Públicos y, más importante, introdujo plenamente su vocación hegemónica en el aparato legal.

Todo el esfuerzo por reconstituir el campo opositor sobre un discurso social, una estrategia electoral y una base policlasista, se puso en riesgo con el retorno a inicios del 2014 del cortoplacismo insurreccional, la primacía de las clases medias y el discurso estrictamente liberal. A pesar de su estruendoso fracaso político, desde mediados del año pasado los partidarios de “La Salida” decidieron incrementar su animosidad contra el resto de la oposición organizada y, por esa vía, consolidar un espacio político propio.

Si asumimos como legítimas las conversaciones entre López y Ceballos filtradas en VTV, ese es precisamente su objetivo: diferenciarse, remarcar frente al electorado que existe un “ellos” –los colaboracionistas- y un “nosotros” –los “verdaderos” opositores-, pero no para montar una tienda aparte, sino para arrastrarlos a “ellos” y obligarlos a subordinarse a “nuestra” agenda.

Cuando parecía que, con las primarias, la oposición –toda- daba un buen primer paso para obtener la mayoría de la Asamblea Nacional, los partidarios de “La Salida” sintieron otra vez esta innata necesidad de diferenciarse. Y, para hacerlo, optaron nuevamente por una agenda política particular divorciada de la crisis social y económica. Su llamado a protestar no menciona ni por relleno al desabastecimiento, la inflación o el deterioro de los servicios públicos –valga decir, las verdaderas causas del debilitamiento de Maduro- sino que plantea como grandes exigencias nacionales, casi clamores populares, la liberación de los presos políticos y el establecimiento de la fecha de las elecciones –elecciones que, por cierto, en el pasado desdeñaron y desmeritaron-.

Estas causas son comunes a toda la oposición, pero al convertirse en la punta de lanza de un chantaje interno, generan más disonancia y conflictos que acuerdos y consensos. De este modo, la importante concurrencia alcanzada el sábado en las manifestaciones es inevitablemente interpretada como una evidencia del liderazgo de López y, consecuentemente, de la debilidad de la MUD, a la cual se le enrostra ahora su reacción frente a esta maniobra.

Más allá del optimismo que pueden transmitir las fotos de las concentraciones, el saldo de todo este asunto salta a la vista: un poco más de sal en las heridas internas para hacer más difícil y sufrida la imprescindible unidad de cara a unas elecciones que, ahora sí, todos reconocen como fundamentales.

Venezuela: la crisis que pocos quieren reconocer

Venezuela está viviendo desde el año 2013 las consecuencias más hostiles de un proceso de destrucción institucional cuyos primeros antecedentes pueden rastrearse a finales de los años 70. Durante las décadas de 1980 y 1990, se intentó atajar el progresivo deterioro de la cohesión social y la legitimidad política con proyectos de reforma institucional más o menos coherentes y profundos. Sin embargo, las élites nacionales se demostraron incapaces y carentes de voluntad política para reformular el pacto social en el marco del sistema político establecido, lo que condujo a que el desencanto fuera capitalizado por un planteamiento radical como el de Hugo Chávez.

Chávez llega al poder con un marco institucional erosionado que presentaba márgenes mínimos de eficacia y legitimidad. Su planteamiento de una renovación profunda de las reglas del juego social y político recibió una acogida entusiasta en muy distintos sectores, más cuanto sostenía sus proposiciones en figuras en boga como la democracia participativa, el Estado social y los Derechos Humanos.

Este amplio programa original no pasó de ser una concesión estratégica en función de construir una coalición de base amplia que le permitiera acceder al poder. Chávez evidenció desde el comienzo su rechazo a la existencia de instituciones, entendidas como reglas generales e impersonales que rigen la interacción social y restringen el margen de acción de los actores. Su visión de la política como construcción de hegemonía y su vocación personalista se manifestaron mucho antes de que el proyecto democrático-participativo fuera sustituido por el socialista, en el año 2006.

Desde la Presidencia, Chávez no solo impidió que se construyera la nueva institucionalidad política, económica y social prevista en la Constitución, sino que utilizó su inmenso poder y recursos para eliminar los reductos institucionales heredados del régimen anterior. La politización intencional de todos los espacios de interacción social, estimulada y dirigida desde el Gobierno, es una variable crucial para comprender la crisis actual. Venezuela quedó desprovista así de un marco institucional mínimo que permitiera: 1. Organizar racionalmente el funcionamiento del Estado; 2. Tramitar eficazmente los conflictos entre intereses sociales; 3. Atender los problemas públicos más profundos; 4. Hacer funcionar los sistemas y servicios públicos; 5. Controlar al poder político.

En términos más simples, el chavismo, en su afán por acumular poder, lo que hizo fue desquiciar la máquina –el marco institucional- que hace que cualquier sociedad, mal que bien, “funcione”. Para evadir las limitaciones sobre su poder, se llevó por delante cualquier posibilidad de tener un Estado funcional, unos servicios eficientes o unas instancias eficaces de resolución de conflictos. En ese sentido, el Gobierno desmanteló deliberadamente el conjunto de reglas y controles que permiten desarrollar una interacción social valiosa y, por el contrario, construyó todo un aparataje simbólico y material de normas, sistemas y controles que propiciaron el auge de conductas socialmente perniciosas, tales como la corrupción, el crimen organizado o la violencia social. 

El problema venezolano es, en ese sentido, más profundo que un simple desequilibrio fiscal, un control de cambio desfasado o un grupo de bandas criminales muy bien armadas. El problema no es, insisto, la falta de recursos. El trasfondo lo han apuntado muy bien en sendas entrevistas dos estudiosos de la talla de Alejandro Moreno y Leopoldo Puchi: Venezuela está bordeando la condición de Estado fallido, con unas élites totalmente incapaces de reconstruir un pacto político mínimo; un Estado anquilosado, disfuncional y penetrado por las mafias; una sociedad anarquizada y con una escala de valores invertida; y una economía militarizada y atiborrada de captadores de renta.

El asunto sería menor si estos problemas se resolvieran con un simple cambio de normas legales, la liberación de algunos controles económicos o la intervención de algunos organismos públicos. Mucho más allá de estos problemas de política pública, está el modelo mental que la ausencia de instituciones ha incubado en los venezolanos. 

¿Quién está dispuesto a invertir su esfuerzo en promover algún cambio en las actitudes y comportamientos sociales dominantes?; ¿Quién dispuesto a plantarle cara a las mafias que el chavismo piensa dejar como legado?; ¿Y quién dispuesto a darle racionalidad a los subsidios sociales?; ¿Quién, acaso, piensa enfrentar la criminalidad que ejerce el control pleno de muchos territorios del país? 

Los marcos institucionales no cambian rápida ni milagrosamente, pero para que siquiera pudiera verse en el horizonte un alentador cambio institucional sería preciso identificar a los actores emprendedores, a las nuevas élites que, llegado el momento, apostarán su capital político en la empresa de cambiar el desastroso juego social en el que está embarcada la sociedad venezolana. Al día de hoy, y haciendo excepción de algunos gestos positivos de sectores de la oposición, hay poco material para ser optimista.