Las implicaciones políticas del caso #Carvajal

El día 23 de julio fue arrestado al aterrizar en Aruba el General venezolano Hugo Carvajal, ex director de Inteligencia Militar durante la Presidencia de Chávez y actualmente nominado por el Gobierno de Maduro para ocupar el cargo de Cónsul en dicha isla. La detención fue realizada por la policía local cumpliendo una orden de la Justicia estadounidense que relaciona a Carvajal con actividades de narcotráfico. Las máximas autoridades venezolanas han expresado su apoyo al General y han denunciado la acción como una maniobra política violatoria de las normas internacionales en materia diplomática. Se presume que en los próximos días EEUU presentará una solicitud de extradición.

Se trata de un asunto políticamente muy delicado que ha acaparado la atención de los medios internacionales. Su relevancia radica tanto en el rango y estatus de Carvajal como en la gravedad de los delitos que se le imputan. Analicemos los hechos, sus antecedentes e implicaciones:

1. Relaciones EEUU-Venezuela: El chavismo ha establecido su hegemonía política sobre la base de la confrontación. Por definición, toda confrontación involucra la construcción discursiva de uno o varios “enemigos”. El enemigo predilecto del chavismo ha sido y sigue siendo “el Imperio”. 

Aunque en ocasiones muy intensa, esta confrontación ha sido fundamentalmente política y diplomática: las operaciones militares y las acciones económicas no han formado parte del instrumental de esta “guerra” asimétrica. A pesar de ello, las alianzas estratégicas que ha forjado Venezuela con rivales globales de EEUU como Irán o Rusia han lesionado los intereses de Washington en la región, mientras que el apoyo político y financiero estadounidense en movimientos golpistas e insurreccionales en Venezuela está suficientemente probado. 

En el marco de esta confrontación, las autoridades norteamericanas y otros representantes políticos de ese país han lanzado reiteradas acusaciones contra el Gobierno venezolano por violar normas internacionales, respaldar a grupos violentos o colaborar en acciones que amenazan la seguridad internacional. El expediente del “Estado forajido” contra Venezuela se ha nutrido fundamentalmente de dos capítulos: el apoyo al terrorismo, por un lado, y la cooperación con el narcotráfico, por el otro. Estas dos causas confluyen en el caso de las FARC. 


Desde la expulsión de la DEA del país, en el año 2005, distintas agencias estadounidenses han venido denunciando que Venezuela no coopera en la lucha contra el tráfico de narcóticos. Paralelamente, informes especializados de la ONU han confirmado que el territorio venezolano se ha vuelto un área fundamental para el tránsito de drogas. Estas acusaciones se intensificaron en el año 2008 al involucrar a funcionarios militares de alto nivel, los cuales fueron sancionados a nivel comercial y financiero por presuntamente brindar apoyo logístico y material a las FARC y grupos narcotraficantes. Entre estos funcionarios estaba Hugo Carvajal, entonces jefe de la DIM. Desde entonces, otras denuncias como las realizadas por Walid Makled han sembrado nuevas sospechas sobre funcionarios chavistas de alta jerarquía. 

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, el arresto de Carvajal constituye la primera acción de fuerza que se realiza bajo este expediente contra algún alto funcionario venezolano. Es, sin duda, un salto cualitativo en esta confrontación: de las amenazas verbales a las acciones coercitivas. Esta transición, lejos de ser casual, responde a dos tendencias muy claras. Por un lado, la administración de Obama ha venido sufriendo una intensa presión de la derecha republicana para que adopte sanciones más duras contra funcionarios venezolanos. Por el otro, Venezuela se encuentra confrontando una severa crisis económica que ha venido erosionando lentamente la legitimidad política de Maduro, lo que ha obligado al Gobierno a replegarse a nivel internacional. En este contexto, el viaje de Carvajal a Aruba sirvió la oportunidad para esta escalada. 

2. Chavismo y Narcotráfico: Más allá del caso específico de Carvajal, no hay duda de que Venezuela está siendo penetrada por el narcotráfico internacional. La defensa que hace el Gobierno de su política antidrogas remite a dos datos: las cantidades de drogas decomisadas y el número de capos arrestados. Paradójicamente, estas cifras “récord” solo ponen en evidencia que efectivamente cada vez más narcotraficantes utilizan a Venezuela como zona de tránsito y estadía, lo cual, en el mejor de los casos, refleja la “confianza” que tienen en el país como zona “segura” para hacer sus negocios. Además, su fácil ingreso y movilidad interna solo se explican por la mezcla de débiles controles de seguridad y algún margen de complicidad por parte de funcionarios venezolanos. 

Precisamente, la combinación de debilidad institucional y complicidad oficial parecen estar detrás del ascenso no solo del narcotráfico sino de todas las ramas de la actividad delictiva en el país. Aunque los orígenes del proceso de destrucción institucional que actualmente sufrimos pueden ubicarse en la década de 1980, es innegable que en la última década esa tendencia se ha acelerado, animada por la estrategia y el discurso producidos desde el poder. 

El chavismo ha desarrollado con fines políticos una estrategia de concesión de autonomía a distintos individuos, grupos y actores con el objeto de garantizar su lealtad política. Aunque electoralmente eficaz, estas decisiones han atomizado la estructura y destruido la efectividad del Estado, permitiendo que una amplia multiplicidad de funcionarios, órganos y entes actúen de forma más o menos independiente, sin exigencias de resultados ni controles sancionatorios. La connivencia con el narcotráfico puede entenderse aquí como un producto no buscado de otorgar “carta blanca” a muchos funcionarios e instituciones y permitirles actuar sin temor a sanciones. 

Alineado con esta estrategia, el relato político chavista se ha construido alrededor de un maniqueísmo que, de forma más o menos explícita, justifica comportamientos o acciones legal o éticamente cuestionables pero políticamente válidas por oposición a los intereses del “enemigo”. En este caso, el narcotráfico es caracterizado como uno de los grandes problemas globales por el “Imperio”, lo cual, de entrada, lleva al chavismo a tratarlo de manera algo más benevolente. En este sentido, puede considerarse el apoyo al narcotráfico, sea o no realizado por las FARC, como una especie de acción subversiva clandestina propia de una guerra asimétrica. Así entendida, la complicidad pudo ser no solo permitida sino avalada desde el más alto nivel político chavista. 

3. Información Confidencial: Carvajal es, de los tres oficiales incriminados en la Lista Clinton, el de más bajo perfil político. Rodríguez Chacín y Rangel Silva fueron ministros y ahora son gobernadores. Por el contrario, Carvajal calza más con la figura del operador burocrático. Sin embargo, su peso político radica tanto en su cercanía y nivel de confianza con Hugo Chávez como en su posición estratégica en la estructura de inteligencia, con todas las implicaciones que ello tiene en el manejo de información confidencial. Precisamente, Carvajal ha debido ser identificado por EEUU como figura clave para la fabricación de expedientes contra figuras de mayor peso y figuración pública en el chavismo. Su arresto puede verse así más como un medio que como un fin. 

4. Implicaciones Políticas: El manejo privilegiado de información clasificada y el bajo perfil político de Carvajal deben constituir una mezcla inquietante para la nomenklatura chavista. La reacción oficial de apoyo y solidaridad inmediata resulta lógica y puede interpretarse de tres modos diferentes. En primer lugar, el mensaje va dirigido al propio Carvajal, reiterándole que el Gobierno le apoyará plenamente y no le dejará solo. Los riesgos de que Carvajal pueda sentirse traicionado y acceda a un “acuerdo” con las autoridades estadounidenses son muy elevados. Antecedentes como el de Rafael Isea o el de Eladio Aponte demuestran que cuando funcionarios del más alto nivel se sienten traicionados o amenazados utilizan la delación ante autoridades estadounidenses como su principal venganza.

En segundo lugar, se está enviando un mensaje de tranquilidad a los demás jefes militares y políticos del chavismo, subrayando que el Gobierno les apoya y los defenderá en cualquier escenario, siempre y cuando se mantengan leales. El arresto de Carvajal materializa la idea de que solo el control del poder político les garantiza a los miembros de la élite chavista la seguridad y el bienestar alcanzados y los aleja de sanciones y penalidades retaliativas. La unidad de la dirigencia oficial, a pesar de todas las divergencias, se refuerza de manera automática.  Finalmente, el tercer mensaje va dirigido a toda la estructura chavista y busca alimentar la sensación de “asedio”. Este caso les permite a los voceros oficiales reactualizar el relato de la victimización y el enemigo externo, el cual, aunque ha venido perdiendo efectividad, servirá como nuevo distractor momentáneo.

¿Qué es el chavismo? Parte II

El chavismo es un fenómeno sociopolítico muy peculiar, sobre el cual se han tejido las más disímiles y polémicas calificaciones. En el artículo anterior intenté recoger los elementos principales de este debate, evitando fijar postura. En este trabajo, dividido en dos partes, me propongo recorrer la evolución del chavismo desde su surgimiento como insurgencia militar hasta su situación actual. 

El chavismo surge como un movimiento de disidencia radical ante el colapso del sistema político establecido en 1958, en oposición al cual define sus principales rasgos. La crisis del sistema había comenzado a manifestarse a inicios de la década de 1980, consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo instaurado. La reducción de ingresos petroleros por situaciones externas puso en evidencia los débiles pilares del crecimiento económico, el bienestar social y la estabilidad política logrados hasta entonces. El fuerte control de los partidos tradicionales sobre el proceso decisorio y las resistencias de la clase política impidieron que se consolidaran reformas fundamentales en la economía y el Estado. Los cambios realizados tendieron a ser parciales, insuficientes y tardíos. Las distintas tentativas renovadoras promovidas por actores del sistema fracasaron políticamente y aumentaron el malestar social, abriendo paso a opciones ajenas al estamento político, portadoras de proyectos de “refundación nacional”.  

Hugo Chávez se ajustó plenamente a esta necesidad, construyendo un discurso diametralmente opuesto a la clase política establecida. La “revolución bolivariana” que llega al poder en 1998 se basaba en un planteamiento fundamentalmente político: se proponía sustituir un régimen plenamente representativo, partidocrático, burocratizado y aún muy centralizado por otro muy participativo, descentralizado y abierto a la sociedad civil. En ese sentido, su programa original no pasaba de ser una amalgama de ideas y conceptos provenientes de tres fuentes inconexas: el ideario republicano de Bolívar y otros pensadores independentistas; las tradiciones progresistas del campo político venezolano, incluido el socialcristianismo; y un collage de buenas prácticas de gestión admitidas internacionalmente, condensado en el amplio programa de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado). 

En parte gracias a este heterogéneo contenido programático, el chavismo atrajo originalmente a un conjunto de agrupaciones e individualidades muy diverso. El Chávez candidato fue respaldado por la izquierda tradicional, sectores descontentos de los partidos tradicionales y grupos de poder de corte liberal. El único común denominador de esta pléyade de actores era su malestar con la clase política y su aspiración a influir –o abiertamente controlar- la toma de decisiones de un gobierno que estaría presidido por un outsider sin mayor experiencia política. 

Este chavismo en rol de oposición es, sin duda, diferente al chavismo que asumirá el poder en los primeros años. En términos generales, el presidente Chávez se propuso como primera tarea política aumentar su control sobre los recursos de poder, evidencia de que el suyo no sería un gobierno breve o sumiso. En ese sentido, estos primeros años se caracterizaron por una combinación utilitarista de estrategias de confrontación y cooperación, respaldadas tanto por el amplio apoyo popular que había alcanzado como por la debilidad política de la oposición, dividida y excluida del reparto rentístico. En este contexto se incluye no solo la aprobación de la nueva Constitución y otras normas legales, sino la lucha y posterior control institucional sobre centros de poder claves como Pdvsa, las Fuerzas Armadas y el Banco Central de Venezuela, así como la progresiva depuración de los elementos más conservadores o independientes del chavismo, los cuales van pasando a engrosar las filas de la oposición. 

El recurso a las urnas como instrumento para aumentar el control político fue posible gracias a la creciente organización electoral del chavismo. Si bien el carisma de su líder es un factor que no puede desdeñarse, es dudoso que el chavismo hubiese sobrevivido a la fase de severa confrontación política frente a una oposición económica y mediáticamente poderosa (2001-2004) sino fuese por la estrategia de organización clientelar de las bases populares, cuya mayor referencia fue el lanzamiento de las Misiones Sociales en 2003, vitales para el triunfo de Chávez en el referendo revocatorio. 

En esta etapa el chavismo empieza a registrar una progresiva radicalización ideológica y endurecimiento político. Su estrategia de exclusión-confrontación política en función de aumentar el control sobre el Estado se combina con un discurso público más agresivo y la lenta incorporación de elementos estatistas en algunas normas legales. Frente al esquema económico liberal establecido en la Constitución, las leyes aprobadas por Habilitante en el año 2001 introducen un mayor control del Estado sobre la vida económica, especialmente en ámbitos como el agrícola y el energético. En esa misma línea, el cambio de actitud en política exterior, reflejada en un alejamiento de EEUU y el forjamiento de alianzas políticas estrechas con Cuba y China, advierten de un viraje hacia posturas más izquierdistas. Sin embargo, nada de esto puede interpretarse aún como una ruptura con el esquema ideológico de “Tercera Vía” propuesto inicialmente: por el contrario, la legislación aún es tímidamente liberal y la coalición política chavista aún está dominada por fuerzas reformistas.

El triunfo electoral en el referendo del 2004 consolida el poder de Chávez tanto sobre el Estado como sobre el movimiento chavista. Las agrias disputas de los años precedentes le han permitido controlar plenamente los dos recursos vitales del poder político –la violencia legítima, alojada en la Fuerza Armada; y la capacidad de gasto, sostenida por Pdvsa- y desplegar más abiertamente su apuesta ideológica por el socialismo. Este doble control y este viraje ideológico marcarán indeleblemente la evolución del chavismo desde entonces: su carácter cívico-militar, su soporte clientelar y su proclamación socialista son, sin duda, las claves que permiten entender la sobrevivencia del chavismo hasta nuestros días.

El fracaso de las iniciativas opositoras –primero insurreccionales y luego electorales- para desplazar al chavismo del poder y destruir su legitimidad abrieron una etapa de relativa “normalización política”, que permitió el ascenso de los partidos en la dirección de la coalición opositora. Con la confianza de tener a la oposición a raya, Chávez proclamó el carácter socialista de su revolución y confeccionó un programa denominado “Primer Plan Socialista” para el período 2007-2013. Su holgada reelección a finales de 2006 tuvo dos efectos inmediatos: la radicalización de su proyecto político y la definitiva proclamación del carácter político-electoral de la estrategia opositora. 

Como comentaré en el próximo artículo, el año 2007 sería el momento de mayor radicalización del chavismo en su historia y, consecuencia en buena medida de ello, también el de su más grave revés político.

¿Qué es el chavismo?

Es un asunto quizá demasiado debatido. Desde las estancias académicas y las tribunas políticas se han lanzado calificativos y argumentos de toda índole. Sin embargo, veintidós años después de su irrupción pública, parecieran no estar claros los rasgos esenciales de este fenómeno político que, para bien o para mal, ha marcado la historia reciente del país.

En términos muy simplificados, se puede decir que las variables involucradas en la definición del chavismo son tres: su naturaleza ideológica; su concepción del régimen político; y su postura acerca de la intervención del Estado en la economía. Cada una de estas variables remite, en última instancia, a un modelo de sociedad, de Estado y de economía, elementos centrales de cualquier definición política. Por lo demás, se trata de dimensiones únicamente diferenciables desde el punto de vista analítico, habida cuenta de que toda postura sobre un orden social ideal contiene planteamientos sobre sus modelos de organización política y económica. Teniendo esto claro, revisemos brevemente el debate sobre cada dimensión: 

Naturaleza Ideológica: en este campo es quizá donde existan mayores divergencias, las cuales emergen incluso desde el momento en que se plantea la pregunta previa sobre si puede encuadrarse al chavismo en las categorías ideológicas tradicionales, propias de la Modernidad, o si se trata de un movimiento político ecléctico, postmoderno, personalista o simplemente pragmático, que no puede abordarse bajo el prisma conceptual de la política del siglo XX. 

Entre quienes consideran la primera opción, el chavismo ha sido caracterizado como un movimiento comunista, socialdemócrata, populista (con rasgos militaristas) e incluso fascista. Cada uno de estos señalamientos ha sido respaldado por determinadas actitudes políticas y estilos de gestión, lo que en cualquier caso comprueba lo maleable que ha sido el chavismo en su trayectoria política. 

En ese sentido, quienes lo tachan de “comunista” –castro-comunista, para ser más precisos- alegan su propia retórica anti-empresarial y anti-capitalista, su dependencia simbólica hacia Cuba y su propuesta de socializar la economía y el Estado a través de instancias comunales de producción y gobierno. En cambio, quienes ven en el “socialismo bolivariano” una versión tropical de la socialdemocracia, citan el régimen de economía mixta contenido en la Constitución y desarrollado, hasta ahora, en los planes gubernamentales; las políticas de protección social y de redistribución del ingreso; y la ampliación de funciones empresariales del Estado en áreas consideradas estratégicas.

Los alegatos sobre “populismo” se fundamentan en un discurso político dominado por la contradicción “pueblo-oligarquía”; una estrategia de reivindicación de “lo popular” como sujeto político hegemónico, organizado y movilizado desde el poder y conectado emocionalmente al líder; y el desarrollo de un estilo de gobierno clientelar, dominado por el asistencialismo y la corrupción. A esta descripción se le adereza además la partidización de las fuerzas armadas y su vinculación orgánica con el poder, trasladando cierta lógica militar y retórica belicista al funcionamiento del aparato estatal.

Finalmente, los señalamientos sobre la naturaleza fascista del chavismo recalcan la relevancia que tiene en su organización la conexión directa líder-masas; la identificación de la lealtad y el sometimiento como valores políticos superiores; la exclusión y discriminación sistemática de la disidencia; y la estrategia de corporativización de las organizaciones sociales, anulando su autonomía y vinculándolas orgánicamente al Estado-partido-líder.

En cuanto a los que consideran al chavismo un movimiento sui generis, hijo de la crisis de las ideologías, también existen diferencias. Por un lado, toda una corriente presenta al chavismo como una expresión de los movimientos socialistas y contra-hegemónicos de nuevo cuño, basados en la radicalización de la democracia en los distintos espacios decisorios. En este sentido se cita la creación de instancias y mecanismos de democracia directa y autogobierno comunitario; la instauración de formas colectivas de propiedad, producción y consumo; y la masiva y constante movilización y discusión política que ha rodeado los distintos episodios de la trayectoria chavista. Por el contrario, algunos análisis apuntan al chavismo como un fenómeno muy folclórico, en el cual el personalismo y la vocación pragmática de mantenimiento en el poder anularían cualquier intento de clasificación ideológica.  

Régimen Político: en general, los analistas y observadores coinciden en un aspecto: el chavismo mantiene una relación tensa y conflictiva con las instituciones de la democracia liberal y representativa. En lo que difieren es en lo relativo a las razones y naturaleza de esta tensión. 

En conexión con los calificativos de “comunista” y “fascista”, el chavismo ha sido señalado de impulsar un régimen de carácter totalitario. Se cita en favor de esta tesis su estrategia de captura y colonización total del Estado, complementada con su creciente cooptación de las organizaciones sociales y el achicamiento de los espacios “privados” o “civiles”, ajenos a la lógica política. En ese sentido, se acusa al chavismo de atentar contra la privacidad y el pensamiento crítico y de pretender enlistar a toda la sociedad en un rol militante.

En una perspectiva más reflexiva, se concibe al chavismo como un movimiento esencialmente autoritario. Al respecto, se señala la exclusión de los opositores de la toma de decisiones, la partidización de los Poderes Públicos, la vulneración de la equidad electoral, y las restricciones al ejercicio de derechos políticos como la expresión, como evidencias de un proyecto autoritario clásico.

Algo menos tajantes son los señalamientos sobre el carácter “autoritario competitivo”, “autoritario electoral”, “semidemocrático” o “híbrido” del régimen político chavista. Bajo esta óptica, se reconoce que el chavismo sigue sometiéndose a procesos electorales más o menos confiables, en los que la oposición política sigue contando con posibilidades de victoria. En contrario se señalan las restricciones a ciertos derechos políticos y la utilización de las leyes y los Poderes Públicos para afectar el ejercicio de la disidencia. Bajo estas premisas, el chavismo parecería orientado, más que a ilegalizar a su oposición, a suprimirle su capacidad de hacerse con el poder.  

Finalmente, desde la perspectiva contraria, se considera al chavismo como una superación de la democracia representativa por el lado de la profundización del ejercicio de la participación y la efectiva expresión de la soberanía popular. En ese sentido, si el chavismo se enfrenta a la lógica del Estado liberal, lo hace para profundizar los derechos colectivos, reducir las desigualdades que afectan el ejercicio democrático y mejorar en última instancia los beneficios sociales. 

Modelo Económico: en general, hay coincidencia sobre que el chavismo implica una exacerbación de la intervención estatal en la economía. El asunto nuevamente estriba en la naturaleza y fines de esta intervención: la misma respondería a un modelo colectivista o bien a uno capitalista de Estado. 

Las políticas de “socialización” de la economía emergieron con fuerza cuando el chavismo optó por impulsar las empresas de propiedad social y la llamada “economía comunal”, basada en la propiedad compartida de los medios de producción y la redistribución social del excedente. Anteriormente, una perspectiva de “democratización del capital” se había desarrollado con la promoción de las cooperativas, pero fue rápidamente superada. Por su parte, quienes advierten que el chavismo está ganado a la idea de un “capitalismo de Estado”, señalan como evidencias la oleada de expropiaciones y nacionalizaciones, así como una creciente regulación centralizada de distintos procesos económicos. En este contexto, se aseguraría la sobrevivencia de la empresa privada, pero articulada al Estado bajo esquemas corporativistas propios del desarrollismo clásico. 

Este apretado resumen solo busca fijar las coordenadas del extenso y complejo debate que se ha desarrollado en torno al chavismo. En la próxima entrada desarrollaré algunas ideas propias sobre cuál es la esencia de este ecléctico fenómeno.

 

El “diálogo”: ¿Qué podemos esperar?

En un artículo publicado el pasado 28 de febrero, advertí que la evolución de la crisis política que atravesaba el país podía seguir tres caminos: que remitiera la violencia y se impusiera cierta normalización política que permitiera la consolidación del poder chavista pero en un contexto de mayores concesiones a la oposición; que se agravara por el aumento del descontento social ante la situación económica, en un ambiente de mayor desestabilización y riesgos de salidas inconstitucionales; que se profundizara el ciclo de protestas y represión, aumentando el caudal de movilización de la oposición y la fragilidad del Gobierno.

El inicio de conversaciones directas entre representantes del Gobierno y dirigentes de la MUD, el pasado 10 de abril, apuntala claramente el primer escenario. Este proceso de discusión y negociación –discusión en las reuniones públicas y negociación en las privadas- ha sido aceptado con reservas y cierto escepticismo por los elementos más representativos tanto del chavismo como de la oposición, siendo cuestionado y denunciado por sus sectores más radicales. 

Luego de los dos primeros encuentros, vale la pena hacer algunos comentarios sobre lo visto hasta ahora y sobre lo que pudiera venir:

• El Gobierno se ha anotado un éxito al lograr no solo sobrevivir a las protestas sino apropiarse simbólicamente del discurso de la paz, la reconciliación y el diálogo. Es un éxito particularmente relevante si tenemos en cuenta que el inmenso control político que ha logrado el chavismo se ha sustentado en su estrategia de confrontación, polarización y movilización. Los voceros oficiales recalcaron y seguirán recalcando que han sido ellos, con sus insistentes llamados, los que lograron que la oposición se sentara a dialogar, accediendo ésta solo cuando se evidenció la esterilidad de las protestas. En consecuencia, si la iniciativa rinde algún fruto, el chavismo podrá adquirir una porción mayor del mérito al reiterar que ha sido suya la iniciativa. 

• La oposición aglutinada en la MUD, por su parte, ha postergado su participación en el “diálogo” hasta que se redujeran sus costos políticos. En ese sentido, el creciente rechazo a las “guarimbas”, el  propio desgaste de las manifestaciones, y el logro de ciertas concesiones procedimentales por parte del Gobierno, sirvieron la escena para que su participación fuese presentada como una decisión sensata y responsable. Aun así, han debido conversar con el chavismo en su terreno –el Palacio de Miraflores-, en condiciones desfavorables –la intervención de Maduro no tuvo límite de tiempo-, con importantes ausencias –Ledezma, Machado y Voluntad Popular-, sin unidad de posturas –solo Capriles habló del 14 de abril- y, lo más relevante, con protestas e intervenciones policiales aun desarrollándose en las calles, y algunas de sus figuras aun en las celdas. En ese contexto hostil, han logrado enviar un mensaje sereno y civilizado a una audiencia amplia, a la cual muy pocas veces pueden llegar. 

• La oposición más radical ha perdido una oportunidad de presentar sus cuestionamientos directamente al Gobierno, frente a todo el país. No es realista pensar que la participación en el encuentro le ha dado un balón de oxígeno a un Gobierno moribundo. Algunos dirigentes políticos se han amarrado a la agenda del movimiento estudiantil, cuando, en realidad, se trata de sectores diferentes con demandas distintas e instancias de interlocución separadas. Por otro lado, históricamente a la oposición no le ha resultado efectiva su estrategia de abandonar los espacios para deslegitimar al Gobierno. No existen razones para pensar que esta vez será diferente.

 

• En cuanto a los señalamientos hechos en el encuentro, la oposición ha realizado una más contundente presentación por el simple recurso a la novedad: el mensaje del Gobierno inunda los espacios televisivos, pero el de la oposición cada vez obtiene menor difusión. Por otro lado, el Gobierno se ha limitado a reproducir el relato del golpe, el paro y las guarimbas, dirigido exclusivamente a su militancia. En general, los discursos de los distintos representantes se movieron sobre un mismo código: tenemos disposición al diálogo a pesar de que, siendo mayoría, no lo requerimos; pero ustedes, siendo minoría, han desconocido el mandato popular, han intentado desplazarnos por medios violentos y han violado reiteradamente la Constitución. 

 

• La oposición, para bien o para mal, ha sido más diversa: al Gobierno se le ha cuestionado por ser autoritario y represivo, por imponer un modelo político inconstitucional, por ser ineficiente e incompetente en sus funciones, y por conducir al país a una crisis política y económica profunda. En particular, Capriles ha reiterado su posición de liderazgo en la oposición, refrendando su versión sobre las elecciones de abril y dirigiendo el único mensaje que alguno de los dirigentes envió a los seguidores del bando contrario: la denuncia de la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo y la brecha social que existe entre la dirigencia oficialista y sus bases populares de apoyo.

 

• Según informaciones de prensa, las primeras concreciones de esta negociación han sido la ampliación de la comisión creada para investigar los hechos ocurridos desde febrero y la incorporación de representantes de la oposición en el llamado “Plan de Pacificación”. El rechazo de la Ley de Amnistía ratifica que el destino de las personas detenidas será un tema espinoso y, probablemente, obstructivo. El Gobierno se niega a ceder porque quizá intuye que la liberación allanaría el camino a la reunificación de la oposición. 

 

• Probablemente, los encuentros continúen generando resultados parciales pero valiosos para ambas partes. El Gobierno debe mantener a la oposición en la mesa y para ello deberá administrar la expectativa de que ésta puede obtener ventajas. Por su parte, la MUD debe manejarse con sumo cuidado para mantener el frágil equilibrio entre influir en las decisiones del Gobierno y a su vez hacerle oposición. El riesgo de que se logren acuerdos en la conformación de los Poderes Públicos es tan elevado para ambos bloques como el asunto de la Ley de Amnistía: tal situación sería presentada por los radicales de lado y lado como evidencia de una negociación o pacto basado en la redistribución de cuotas de poder. Como se ventiló en el debate, la idea de pacto es, en la política venezolana de hoy, pecaminosa.