La epidemia de la incapacidad institucional

Gobernar consiste, en esencia, en tomar decisiones. Si nos ubicamos en el plano más elemental, la necesidad de decidir deriva de la imposibilidad de llevar a cabo todo lo que queremos, la cual surge, a su vez, del carácter finito de nuestra existencia: el tiempo y los recursos físicos con los que contamos son escasos y resultan insuficientes para satisfacer todas nuestras expectativas.

Cada vez que empleamos nuestro limitado tiempo y recursos para desarrollar alguna actividad específica, estamos necesariamente dejando de atender otra tarea. El concepto económico de “costo de oportunidad” refleja la necesidad de estimar la utilidad que nos reporta realizar determinadas actividades frente a otras, para así poder decidir racionalmente cómo invertir nuestro tiempo. La complejidad radica en que, como individuos, nuestros criterios de satisfacción son totalmente subjetivos: lo que a algunos les produce el mayor bienestar, a otros puede que no les genere el más mínimo interés.

Cuando se trata de organizaciones formales, la escala de jerarquización de los objetivos no está librada al azar sino estratégicamente estudiada y definida. Dentro del universo organizacional, los gobiernos están particularmente necesitados del auxilio del análisis y la planificación estratégica para tomar decisiones con algún grado de solvencia. Los entes gubernamentales se mueven en condiciones de marcada complejidad, conflicto e incertidumbre: sus funciones son amplias y deben ejercerlas apegadas a normas y reglas muy estrictas; sus recursos no solo son escasos sino que son de carácter “público”, siendo su uso permanentemente vigilado; los problemas que enfrentan son complejos y persistentes; los “públicos” que atienden son variados, heterogéneos y se encuentran generalmente en conflicto entre sí; el contexto en el que actúan cambia aceleradamente. Estas realidades, lejos de ser excusas válidas para su mal funcionamiento, explican la tendencia global hacia el fortalecimiento institucional de las organizaciones públicas. 
 

El Gobierno venezolano ha tendido a desestimar estas orientaciones, apelando generalmente a argumentos ideológicos. El chavismo, una vez reformada la Constitución, obvió la necesidad de llevar a cabo un proceso de reforma integral del Estado que permitiera sentar las bases institucionales imprescindibles para llevar a cabo cualquier proyecto de desarrollo nacional. Por el contrario, optó por un estilo de dirección política desinstitucionalizador, plebiscitario y personalista, marcado por el reforzamiento de rasgos de la cultura política tradicional como el presidencialismo, la centralización, la burocratización, la partidización y el rentismo. En su estrategia, el objetivo fundamental era construir hegemonía política. Vista así, esta estrategia fue efectiva; el problema es que su efectividad se alcanzó a expensas de altos costos sociales e institucionales.

Al optar por gobernar –léase, decidir- basado exclusivamente en el cálculo político-electoral, el chavismo intentó simplificar forzadamente la complejidad inherente al ejercicio de gobierno, echando mano para ello de sus ingentes ingresos petroleros. Tomando decisiones desde un set de televisión; improvisando aparentes “soluciones”; disponiendo de los recursos de manera arbitraria; saltándose normas legales o “adaptándolas” según las necesidades del momento; nombrando o removiendo funcionarios por su lealtad partidista; el Gobierno privilegió su sostenibilidad política a la racionalidad técnica y la fortaleza institucional. 

Esta mezcla de improvisación y efectismo configuró un estilo de gestión esquizofrénico. Bajo esta lógica, el Gobierno construye unilateralmente su propia agenda de gestión –el Estado Comunal, por ejemplo-, independiente de los problemas públicos y guiado sobre todo por sus premisas ideológicas e intereses políticos. Los problemas “reales” –por ejemplo, la inseguridad- tienden a ir agravándose ante la falta de medidas gubernamentales apropiadas, llegando al punto en el que, bien por la ocurrencia de un suceso muy notorio o por la proliferación de casos, se produce el estallido de una crisis.
 

Ante esto, el Gobierno, de manera reactiva, decide tomar medidas en el asunto, pero lo hace bajo el espectro de intereses políticos y amarres ideológicos que ha creado. En ese sentido, su reacción tiende a reproducir más o menos un patrón similar en todos los casos: primero, restar gravedad al problema y acusar a la oposición; luego, tomar medidas apresuradas “en vivo y directo”, las cuales consisten generalmente en la creación de entes burocráticos y/o la aprobación de nuevos recursos económicos; y finalmente, transmitir “en vivo y directo”, una y otra vez, los operativos especiales que evidencien que estas medidas generan resultados. Apagada esta crisis o aplacada al menos su notoriedad, el Gobierno vuelve a su agenda hasta que aparezca nuevamente otra, frente a la cual aplica el mismo procedimiento.

Todo esto viene a colación debido a dos sucesos que en las últimas semanas han dominado la agenda informativa: el cruel asesinato en Caracas del diputado Robert Serra y la proliferación de cuadros virales en todo el país. Estos dos fenómenos no reflejan fallas aisladas en seguridad pública o en el control epidemiológico; son, en realidad, manifestaciones de un modelo de gestión pública atrofiado, caracterizado por obviar sistemáticamente la gravedad de los problemas públicos, abordarlos de manera efectista y episódica, y desechar los fundamentos técnicos e institucionales en su gestión. Estas dos epidemias, la de la violencia delictiva y la de los virus tropicales, son consecuencias acumuladas de planes y programas mal diseñados, peor ejecutados y muy poco controlados, que han consumido ingentes recursos públicos maquillando los síntomas de los problemas pero sin atender sus causas. Son, en definitiva, los negativos saldos de la improvisación y la destrucción institucional como estilos de gobierno.

La cola como enemigo político

El nuevo superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, es un político con ambiciones. Recién nombrado por Maduro, se ha estrenado en el cargo haciendo ruido. Para darle credibilidad a su declaratoria de guerra contra las colas, ha decidido sancionar a la cadena estatal Abastos Bicentenario por mantener cerradas en su sucursal de Plaza Venezuela más de la mitad de las cajas registradoras.

La decisión, aunque aislada y, de cierto modo, pintoresca, no es menor. Sus implicaciones son más profundas de lo que una lectura superficial del hecho puede sugerir:

En primer lugar, esta medida refleja la profundidad de las divisiones internas en el Gabinete de Maduro. Que un organismo oficial sancione a una empresa pública por violar la ley puede ser relativamente común en otros países, pero en la lógica chavista, un reconocimiento público de la ineficiencia estatal solo puede evidenciar la progresiva erosión que está sufriendo la unidad de sus cuadros dirigentes, consecuencia de la gravedad de la crisis actual.

 

En la racionalidad del chavismo, la ley y la propaganda son instrumentos de gobierno igualmente importantes pero con funciones diferentes: la ley sirve para lidiar con el “otro”; la propaganda, para construir la imagen propia. En este caso, la aplicación selectiva de la Ley de Precios Justos tiene también una intención propagandística, como vitrina de los esfuerzos que hace el propio Gobierno por mejorar el funcionamiento del amplio universo de organismos, sectores y sistemas que controla. Aun así, reprender ante la opinión pública a un organismo como Abastos Bicentenario, pieza central del sistema estatal de distribución de alimentos, ha debido dejar una nueva herida en las tensas relaciones entre los grupos de poder del oficialismo.

En segundo lugar, el objeto de la medida -la cola- indica la inquietud que está generando en el Gobierno la rutinización de las filas de compradores a las puertas de miles de comercios en todo el país. Es curioso el hecho teniendo en cuenta que la aparición de “la cola” como fenómeno social tuvo uno de sus hitos principales en el operativo de intervención de locales y venta forzada de productos decretada por Maduro en noviembre pasado. En esa ocasión, el Presidente llamó a la población a ir en masa a comprar electrodomésticos. Durante los últimos meses, las colas se han extendido a los supermercados y bodegas, las ventas de autopartes, las farmacias e incluso las panaderías, repitiéndose día tras día al punto de convertirse en un evento cotidiano, para el cual las personas se han ido organizando y han ido creado protocolos que permitan hacer de la escasez una oportunidad de negocios.

El asunto es que la cola, inicialmente introducida por el Gobierno en un experimento controlado, está adquiriendo por la generalización de la escasez dos atributos políticamente amenazantes. 

Por un lado, tiene un potencial disruptivo. Las filas se están convirtiendo en drenajes colectivos de frustración, lo que se refleja en constantes agresiones verbales e incluso físicas entre los que esperan. Por ahora, la mayoría dirige su ira al comerciante particular, a los que compran para “revender” o, especialmente, a los que intentan “colearse”. Pero el Gobierno sabe muy bien que en una sociedad caotizada, frustrada y anomica, una chispa puede prender toda la pradera. El riesgo de que de la pelea se pase al disturbio y de allí al saqueo es preocupante para un Gobierno que ha hecho de la garantía de la estabilidad y la paz su carta de presentación.

Por otro lado, la cola tiene un potencial de degaste. Las largas esperas incentivan la conversación. Como en un banco, el primer tema en común es el de la propia cola y, sobretodo, sus causas: la ausencia o lentitud de los cajeros, el retraso que generan los mensajeros y sus decenas de depósitos, etc. Estas conversaciones se están llenando, inevitablemente, de la frustración social que domina el ambiente. 

La cola se ha convertido así en el principal espacio de socialización política: de manera espontánea, las personas intercambian experiencias y comparten opiniones, creándose una empatía políticamente muy poderosa. En estas conversaciones, los “indignados” suelen dominar la estructura argumental y la mayoría numérica, por lo cual los otros dos grupos presentes –los “conformistas”, que no vinculan la cola a un asunto político o simplemente la han convertido en su modo de vida; y los “conspiracionistas” que la relacionan con la “guerra económica”- no solo no se atreven a opinar sino que en buena medida terminan siendo influidos por las acusaciones contra el Gobierno. Estas dinámicas van produciendo tres efectos complementarios: a los abiertamente opositores, los radicalizan; a los “no alineados”, los llenan de dudas; a los abiertamente chavistas, los desmoralizan. 

El Gobierno, probablemente a través de sus investigaciones sociales, parece haber percibido estos riesgos y ha decidido plantear la operación “mata-colas” como una guerra total: o el Gobierno “mata” a las colas o las colas “matan” al Gobierno. Siendo así, qué gane el mejor.

¿Qué es el chavismo? Parte III

El momento de mayor radicalización del chavismo se produjo en el año 2007. El conjunto de iniciativas políticas planteadas por Chávez luego de su holgada reelección implicaban una ruptura frontal con el modelo institucional con el que hasta entonces había convivido: la reforma constitucional y la Ley Habilitante planteaban la socialización de la economía y la centralización del Estado; el partido único perseguía uniformar a la militancia chavista y reunirla bajo un mando central; las nuevas Misiones se proponían reforzar la ideologización de las bases; otras medidas políticas y administrativas, como el cese de la concesión a RCTV, restringían sensiblemente el campo de acción de la oposición. 

Este viraje confirmó que Chávez estaba dispuesto a materializar sus premisas discursivas y generó una sensación de avasallamiento que fue clave en la reactivación de las movilizaciones opositoras. La oposición volvería a las calles pero esta vez con otros actores, estrategias y discursos. La agenda pasó a ser liderada por el más valorado sector estudiantil. La estrategia se encaminaba a explotar políticamente el divorcio entre los planteamientos ideológicos de la élite gobernante y las necesidades materiales de las bases chavistas. El discurso tenía, en consecuencia, una matriz más social, aunque sin abandonar los códigos tradicionales vinculados a la defensa de la libertad y la democracia. 

La derrota electoral de la reforma constitucional evidenció los límites de la hegemonía chavista, confirmando que el voto por Chávez tenía un fundamento más utilitario que ideológico y que la repartición clientelar de la renta petrolera aún no había sido superada por la “conciencia del pueblo”.

Luego de este revés, Chávez retrocedió y se dedicó por entero durante el 2008 a dos tareas de importancia estratégica. En primer lugar, la construcción del Partido Socialista –ahora “unitario” y no “único”- era crucial para asegurar un instrumento de movilización electoral y organización política operativo, vinculado orgánicamente a la estructura del Estado. Además, Chávez resentía la necesidad de fortalecer el nivel ideológico de sus cuadros políticos, una gran debilidad heredada del Movimiento Quinta República. La segunda gran tarea fue avanzar en la legalización del programa socialista a través de los procedimientos del Poder Constituido, vista la negativa del Poder Constituyente. Los múltiples cambios legales realizados a través  tanto de la Habilitante como de la mayoría en la AN reforzaron aún más el presidencialismo y habilitaron el creciente intervencionismo estatal en la economía. 

 

El gran evento político del segundo mandato de Chávez -la suspensión en febrero de 2009 de las limitaciones a la reelección presidencial- pasó de algún modo bajo la mesa. Sin embargo, esta decisión no solo allanó el camino a una nueva candidatura sino que aplacó los movimientos internos del chavismo, ratificando el liderazgo centralizado como su espina vertebral. De este modo, se consolidó la estructura de incentivos que operaba dentro del PSUV, centrándose la puja entre los dirigentes en torno a la obtención del respaldo de Chávez, constituido en el gran elector tanto de los cargos de votación popular como de designación administrativa. 

Las distorsiones económicas acumuladas, el bajón global en los precios del petróleo, la crisis de abastecimiento de servicios básicos y la separación de nuevas figuras y partidos, hicieron del 2010 el año “horriblis” del chavismo. En esta ocasión, Chávez volvió a demostrar lo lejos que podía ir en la manipulación de las normas democráticas cuando la impopularidad amenazaba su hegemonía política. Previo a la votación parlamentaria, los circuitos electorales fueron modificados para reducir la representación de la oposición en la Asamblea Nacional y, posteriormente, cuando en los comicios el chavismo perdió la mayoría absoluta, se aprobaron normas legales de manera acelerada, incluida una Habilitante legislativa especial para Chávez que duraría el primer año de gestión del nuevo Parlamento.

Diciembre de 2010 representó el inicio de la campaña chavista por la reelección. El amplio contingente de damnificados generados por las lluvias representó una oportunidad política para Chávez, quien rápidamente decidió diseñar un programa de atención especial para los afectados. Esta respuesta a la crisis volvió a elevar su popularidad, mientras que la recuperación de los ingresos petroleros y una política de acelerado endeudamiento le permitieron relanzar agresivamente las políticas redistributivas, esta vez canalizadas a través de las nuevas Grandes Misiones. La lógica de estos programas sociales era muy clara: incrementaban las dimensiones del beneficio material prometido –viviendas y asignaciones directas por hijo- para reconstruir el lazo clientelar desgastado, el cual quedaba sellado totalmente con un registro personal muy detallado, clave para la movilización el día de las elecciones. La política de expropiaciones, el cierre de medios de comunicación o la construcción de las Comunas se detuvo pragmáticamente, evidenciando que Chávez conocía el aún escaso desarrollo de la “conciencia socialista” en sus bases.

La enfermedad de Chávez sumó a esta sólida red utilitarista una nueva y más poderosa faceta de la conexión emotiva líder-masas. Con ello, se selló una ventaja electoral que difícilmente la oposición podría haber revertido. El esfuerzo de Capriles incidió de algún modo en que la oposición obtuviera el mejor resultado en sus confrontaciones directas con Chávez, pero el balance más claro de los comicios de 2012 es humano y económico: Chávez salió aún más delicado de su accidentada campaña y la economía terminó exhausta de suministrar los recursos para un exorbitante gasto público.

El agravamiento de las dolencias de Chávez luego de su victoria electoral lo obligó a planificar el futuro de su movimiento y dio tiempo suficiente para que se produjeran los ajustes y acuerdos internos en la nomenklatura chavista, hasta entonces subordinada a los dictámenes de su líder indiscutido. En ese sentido, los lineamientos dejados por Chávez fueron en realidad dos. En primer lugar, en cuanto al liderazgo, no solo nombró a Maduro como jefe político sino que, de manera indirecta, designó a Cabello como segundo al mando, reconociendo su rol clave en el ámbito militar y en el manejo del partido. Y también en términos programáticos, Chávez precisó la necesidad de combinar la ideología revolucionaria con el pragmatismo estratégico: “ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario” era la consigna que advertía contra desviaciones a la derecha o a la izquierda. 

El postchavismo surgido tras la muerte de Chávez parece estar dominado por dos rasgos centrales, derivados de la reducción sensible de los recursos carismáticos y económicos que permitieron encumbrar a su líder. Por un lado, se ha producido una mayor dispersión de las fuerzas chavistas, la cual, si bien no ha conducido aún a una ruptura importante, obliga a Maduro a gestionar la jefatura política con mayores precauciones, haciendo un uso más intensivo de la negociación y los ajustes internos. Por el otro lado, los cambios en el ejercicio de gobierno resultan también palpables, con una agenda más vinculada a los problemas, un discurso más conciliador y una acción pública mucho más pragmática, especialmente en el campo económico. 

Aunque Maduro ha demostrado hasta ahora habilidad para sostener al chavismo en medio de las complejidades, su mermada popularidad y la obligación de adoptar medidas económicas impopulares representan el mayor reto al que ha tenido que hacer frente el chavismo en su accidentada pero resiliente historia.

Las implicaciones políticas del caso #Carvajal

El día 23 de julio fue arrestado al aterrizar en Aruba el General venezolano Hugo Carvajal, ex director de Inteligencia Militar durante la Presidencia de Chávez y actualmente nominado por el Gobierno de Maduro para ocupar el cargo de Cónsul en dicha isla. La detención fue realizada por la policía local cumpliendo una orden de la Justicia estadounidense que relaciona a Carvajal con actividades de narcotráfico. Las máximas autoridades venezolanas han expresado su apoyo al General y han denunciado la acción como una maniobra política violatoria de las normas internacionales en materia diplomática. Se presume que en los próximos días EEUU presentará una solicitud de extradición.

Se trata de un asunto políticamente muy delicado que ha acaparado la atención de los medios internacionales. Su relevancia radica tanto en el rango y estatus de Carvajal como en la gravedad de los delitos que se le imputan. Analicemos los hechos, sus antecedentes e implicaciones:

1. Relaciones EEUU-Venezuela: El chavismo ha establecido su hegemonía política sobre la base de la confrontación. Por definición, toda confrontación involucra la construcción discursiva de uno o varios “enemigos”. El enemigo predilecto del chavismo ha sido y sigue siendo “el Imperio”. 

Aunque en ocasiones muy intensa, esta confrontación ha sido fundamentalmente política y diplomática: las operaciones militares y las acciones económicas no han formado parte del instrumental de esta “guerra” asimétrica. A pesar de ello, las alianzas estratégicas que ha forjado Venezuela con rivales globales de EEUU como Irán o Rusia han lesionado los intereses de Washington en la región, mientras que el apoyo político y financiero estadounidense en movimientos golpistas e insurreccionales en Venezuela está suficientemente probado. 

En el marco de esta confrontación, las autoridades norteamericanas y otros representantes políticos de ese país han lanzado reiteradas acusaciones contra el Gobierno venezolano por violar normas internacionales, respaldar a grupos violentos o colaborar en acciones que amenazan la seguridad internacional. El expediente del “Estado forajido” contra Venezuela se ha nutrido fundamentalmente de dos capítulos: el apoyo al terrorismo, por un lado, y la cooperación con el narcotráfico, por el otro. Estas dos causas confluyen en el caso de las FARC. 


Desde la expulsión de la DEA del país, en el año 2005, distintas agencias estadounidenses han venido denunciando que Venezuela no coopera en la lucha contra el tráfico de narcóticos. Paralelamente, informes especializados de la ONU han confirmado que el territorio venezolano se ha vuelto un área fundamental para el tránsito de drogas. Estas acusaciones se intensificaron en el año 2008 al involucrar a funcionarios militares de alto nivel, los cuales fueron sancionados a nivel comercial y financiero por presuntamente brindar apoyo logístico y material a las FARC y grupos narcotraficantes. Entre estos funcionarios estaba Hugo Carvajal, entonces jefe de la DIM. Desde entonces, otras denuncias como las realizadas por Walid Makled han sembrado nuevas sospechas sobre funcionarios chavistas de alta jerarquía. 

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, el arresto de Carvajal constituye la primera acción de fuerza que se realiza bajo este expediente contra algún alto funcionario venezolano. Es, sin duda, un salto cualitativo en esta confrontación: de las amenazas verbales a las acciones coercitivas. Esta transición, lejos de ser casual, responde a dos tendencias muy claras. Por un lado, la administración de Obama ha venido sufriendo una intensa presión de la derecha republicana para que adopte sanciones más duras contra funcionarios venezolanos. Por el otro, Venezuela se encuentra confrontando una severa crisis económica que ha venido erosionando lentamente la legitimidad política de Maduro, lo que ha obligado al Gobierno a replegarse a nivel internacional. En este contexto, el viaje de Carvajal a Aruba sirvió la oportunidad para esta escalada. 

2. Chavismo y Narcotráfico: Más allá del caso específico de Carvajal, no hay duda de que Venezuela está siendo penetrada por el narcotráfico internacional. La defensa que hace el Gobierno de su política antidrogas remite a dos datos: las cantidades de drogas decomisadas y el número de capos arrestados. Paradójicamente, estas cifras “récord” solo ponen en evidencia que efectivamente cada vez más narcotraficantes utilizan a Venezuela como zona de tránsito y estadía, lo cual, en el mejor de los casos, refleja la “confianza” que tienen en el país como zona “segura” para hacer sus negocios. Además, su fácil ingreso y movilidad interna solo se explican por la mezcla de débiles controles de seguridad y algún margen de complicidad por parte de funcionarios venezolanos. 

Precisamente, la combinación de debilidad institucional y complicidad oficial parecen estar detrás del ascenso no solo del narcotráfico sino de todas las ramas de la actividad delictiva en el país. Aunque los orígenes del proceso de destrucción institucional que actualmente sufrimos pueden ubicarse en la década de 1980, es innegable que en la última década esa tendencia se ha acelerado, animada por la estrategia y el discurso producidos desde el poder. 

El chavismo ha desarrollado con fines políticos una estrategia de concesión de autonomía a distintos individuos, grupos y actores con el objeto de garantizar su lealtad política. Aunque electoralmente eficaz, estas decisiones han atomizado la estructura y destruido la efectividad del Estado, permitiendo que una amplia multiplicidad de funcionarios, órganos y entes actúen de forma más o menos independiente, sin exigencias de resultados ni controles sancionatorios. La connivencia con el narcotráfico puede entenderse aquí como un producto no buscado de otorgar “carta blanca” a muchos funcionarios e instituciones y permitirles actuar sin temor a sanciones. 

Alineado con esta estrategia, el relato político chavista se ha construido alrededor de un maniqueísmo que, de forma más o menos explícita, justifica comportamientos o acciones legal o éticamente cuestionables pero políticamente válidas por oposición a los intereses del “enemigo”. En este caso, el narcotráfico es caracterizado como uno de los grandes problemas globales por el “Imperio”, lo cual, de entrada, lleva al chavismo a tratarlo de manera algo más benevolente. En este sentido, puede considerarse el apoyo al narcotráfico, sea o no realizado por las FARC, como una especie de acción subversiva clandestina propia de una guerra asimétrica. Así entendida, la complicidad pudo ser no solo permitida sino avalada desde el más alto nivel político chavista. 

3. Información Confidencial: Carvajal es, de los tres oficiales incriminados en la Lista Clinton, el de más bajo perfil político. Rodríguez Chacín y Rangel Silva fueron ministros y ahora son gobernadores. Por el contrario, Carvajal calza más con la figura del operador burocrático. Sin embargo, su peso político radica tanto en su cercanía y nivel de confianza con Hugo Chávez como en su posición estratégica en la estructura de inteligencia, con todas las implicaciones que ello tiene en el manejo de información confidencial. Precisamente, Carvajal ha debido ser identificado por EEUU como figura clave para la fabricación de expedientes contra figuras de mayor peso y figuración pública en el chavismo. Su arresto puede verse así más como un medio que como un fin. 

4. Implicaciones Políticas: El manejo privilegiado de información clasificada y el bajo perfil político de Carvajal deben constituir una mezcla inquietante para la nomenklatura chavista. La reacción oficial de apoyo y solidaridad inmediata resulta lógica y puede interpretarse de tres modos diferentes. En primer lugar, el mensaje va dirigido al propio Carvajal, reiterándole que el Gobierno le apoyará plenamente y no le dejará solo. Los riesgos de que Carvajal pueda sentirse traicionado y acceda a un “acuerdo” con las autoridades estadounidenses son muy elevados. Antecedentes como el de Rafael Isea o el de Eladio Aponte demuestran que cuando funcionarios del más alto nivel se sienten traicionados o amenazados utilizan la delación ante autoridades estadounidenses como su principal venganza.

En segundo lugar, se está enviando un mensaje de tranquilidad a los demás jefes militares y políticos del chavismo, subrayando que el Gobierno les apoya y los defenderá en cualquier escenario, siempre y cuando se mantengan leales. El arresto de Carvajal materializa la idea de que solo el control del poder político les garantiza a los miembros de la élite chavista la seguridad y el bienestar alcanzados y los aleja de sanciones y penalidades retaliativas. La unidad de la dirigencia oficial, a pesar de todas las divergencias, se refuerza de manera automática.  Finalmente, el tercer mensaje va dirigido a toda la estructura chavista y busca alimentar la sensación de “asedio”. Este caso les permite a los voceros oficiales reactualizar el relato de la victimización y el enemigo externo, el cual, aunque ha venido perdiendo efectividad, servirá como nuevo distractor momentáneo.