El chavismo ante el 6D: sin carisma ni recursos, pero con mucho poder

La violencia política que ha rodeado las campañas electorales en Venezuela acaba de superar un umbral crítico. El homicidio de un dirigente político opositor en pleno acto proselitista es la más reciente prueba de las tensiones sociales y políticas que confluyen sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

El chavismo ha venido mutando tras la muerte de su líder, Hugo Chávez, en dos sentidos, aparentemente contradictorios: se ha vuelto crecientemente autoritario pero también progresivamente inmovilista. Frente a la oposición y cualquier manifestación social independiente, se ha consolidado el estilo confrontativo y virulento, materializado en una más intensa utilización de los recursos represivos. Sin embargo, frente al archipiélago de grupos internos, el poder de la élite chavista parece más restringido y condicionado, limitado por el peso de la inercia del “legado” de Chávez y la capacidad de bloqueo de los intereses facciosos.

En este escenario, no ha habido oportunidad y menos capacidad para un viraje ni una recomposición política. El llamado “poschavismo” ha reproducido en buena medida las prácticas impuestas por Chávez, solo que en un contexto diferente: sin tantos recursos y sin nada de carisma. Y, recordemos, fue la combinación inescrupulosa de renta, carisma y poder la fórmula clave del éxito electoral chavista.

De este modo, ante la inminente elección legislativa, el Gobierno está encomendando su suerte a su último instrumento, el poder. Todo el control institucional y social está siendo utilizado para evitar –o más probablemente, suavizar- su derrota. El ventajismo electoral, la hegemonía comunicacional –ahora sí, muy evidente- y la violencia política son puntales de una estrategia planificada para: 1. Sembrar desesperanza en el electorado opositor; 2. Generar temor en el electorado independiente; y 3. Afianzar la movilización del chavismo recalcitrante.

¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar el oficialismo?; ¿será suficiente para modificar la tendencia clara que muestran las encuestas?; ¿lograrán divorciar el voto nacional, casi seguramente favorable a la oposición, de la distribución de escaños?; Y si la oposición obtiene mayoría parlamentaria, ¿cómo reaccionará el chavismo?; o, por el contrario, si el chavismo logra sostener una mayoría, ¿qué hará la oposición? La diversidad de respuestas que puede recogerse frente a cada una de estas preguntas da cuenta de la incertidumbre que se cierne sobre el futuro inmediato de Venezuela.

En cualquier caso, y este es mi particular criterio, el oficialismo no quemará las naves el 6D. Si, a pesar de lo que falta por ver en estos nueve días, sale derrotado, es más que probable que saque a relucir un plan de choque político e institucional frente a la nueva Asamblea Nacional. La naturaleza de este plan dependerá de la calidad de la mayoría que conquiste la oposición. Preliminarmente, las posibilidades de fractura interna y los incentivos para cooperar son mínimos, ya que la lucha por el control de la agenda política y la gobernabilidad comenzará de inmediato. En esto jugará un rol crucial el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo control está siendo reforzado por el chavismo. También será determinante el uso que le dé la actual mayoría parlamentaria chavista  al mes que separa la fecha de las elecciones de la de la toma de posesión. En este hipotético escenario, Venezuela se abrirá a un 2016 muy complejo, sobre cuyo desarrollo solo cabe decir una cosa: las soluciones sensatas serán las más impopulares y, por lo tanto, más improbables.

La nueva reforma del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP): más controlador y menos participativo

La última reforma aplicada a la ley de los CLPP, publicada en Gaceta Oficial el pasado 3 de junio, ratifica la deriva controladora y restrictiva que el Gobierno Nacional le ha impuesto a las instituciones participativas creadas por la Constitución.

Artículo elaborado para la Fundación de Estudios Municipales (FUNDESMU).

Puedes leerlo completo en: https://fundesmu.wordpress.com/2015/10/29/la-nueva-reforma-del-consejo-local-de-planificacion-publica-clpp-mas-controlador-y-menos-participativo/

Política inteligente para ciudades inteligentes

La dimensión política del paradigma de la ciudad inteligente suele pasar desapercibida, consecuencia del excesivo énfasis colocado en la tecnología y la innovación como soluciones en sí mismas. 

Artículo elaborado para la revista digital Política Comunicada, el diario de la innovación en la gestión pública de Iberoamérica.

Puedes leerlo completo en: http://politicacomunicada.com/politica-inteligente-para-ciudades-inteligentes/

Gobiernos resilientes: el desafío de la innovación pública

Artículo elaborado para la revista digital Política Comunicada, el diario de la innovación en la gestión pública de Iberoamérica.

DISPONIBLE en: http://politicacomunicada.com/gobiernos-resilientes-el-desafio-de-la-innovacion-publica/

Las políticas públicas en el chavismo: conflicto, ideología y renta

Trabajo especial preparado para la sección Espacio Plural de la Revista POLITIKA UCAB (agosto 2015).

DISPONIBLE EN: http://politikaucab.net/2015/08/21/las-politicas-publicas-en-el-chavismo-conflicto-ideologia-y-renta/

 

La condena de Leopoldo López de cara al 6D

Reiterémoslo una vez más: el chavismo es eminentemente pragmático. Sus decisiones políticas deben ser interpretadas a la luz de sus intereses más inmediatos. En este sentido, la severa condena judicial emitida contra Leopoldo López es coherente con el relato que se ha elaborado para las bases duras del chavismo y que se sustenta en la premisa de que la oposición es la principal culpable de los problemas que aquejan al país: si alguien cree genuinamente que los factores opositores favorecen una guerra económica, arman y promueven a grupos criminales y conspiran continuamente contra la Constitución, considerara “justo” que sus principales dirigentes sean encarcelados.

 

El objetivo principal de la sentencia condenatoria es, en consecuencia, reforzar el ánimo de la estructura chavista, que demanda de su Gobierno mano dura y que si alguna queja presenta a Maduro es por su “debilidad” para enfrentar y desarticular las conspiraciones.  

La otra parte de la ecuación tiene que ver con el impacto de esta medida en el bando opositor. El propósito oficial es claro: desmoralizar y desmotivar a los seguidores tradicionales de la oposición, afianzando la idea de que el Gobierno no solo no se ha debilitado con la crisis sino que está plenamente dispuesto y preparado para utilizar todo su poder en cerrar el paso a cualquier intento de cambio político.

  

Sin embargo, si el liderazgo opositor, con Leopoldo López al frente, es capaz de consolidar el mensaje de que su liberación –y, en general, el freno a los atropellos gubernamentales- depende de la participación masiva en las elecciones del 6 de diciembre, es posible que hayan dado finalmente con el mensaje clave para movilizar a su electorado más radical, el más propenso a la abstención. Y esto, evidentemente, no le conviene en absoluto al chavismo, que juega buena parte de sus cartas en las elecciones parlamentarias a la desesperanza opositora.

En los próximos días, el Gobierno estará muy atento al impacto de esta decisión judicial en la opinión pública. Si, como parece probable, la severidad de la sentencia refuerza la intención de voto de la oposición, es muy posible que, mediante las instancias de apelación, la medida se suavice e, incluso, se sustituya Ramo Verde por la casa como sitio de reclusión. De este modo, el Gobierno podría intentar sacar el mejor balance posible de una situación política muy compleja: por un lado, el chavismo duro habría tenido la muestra de autoridad que demandaba; por el otro, López estará en su casa, con su familia, y no podrá ser utilizado en la campaña como un líder martirizado que necesita del voto de los más escépticos y pesimistas opositores.

Aunque la creencia generalizada en este momento sea que el Gobierno irá a fondo en su “venganza” contra López, no podemos olvidar que el chavismo es, recordémoslo, eminentemente pragmático.    

Cinco ideas claves sobre el legado del chavismo

En una interesante entrevista realizada por el portal Contrapunto.com, el profesor Edgardo Lander alude sin cortapisas al fracaso histórico del proyecto político chavista, colocando en el debate cinco ideas claves que merece la pena comentar:

1. El proyecto de democracia participativa se extravió al subordinarse a la lógica burocrático-militar que se impuso en el chavismo tras la proclamación de su carácter socialista. El impulso organizativo y participativo que se verificó en las comunidades y atravesó a varios sectores sociales quedó “aplastado” por la instrumentalización de la participación en función de la hegemonía política y el control estatal. En ese sentido, lejos de apostar a la auto-organización social como recurso del desarrollo local, el chavismo construyó una organización tutelada, clientelar, con fines estrictos de movilización y apoyo electoral. 

2. El chavismo, lejos de romper con el modelo rentista, lo profundizó a niveles inéditos. Concuerdo con Lander en que, en su momento, Chávez tuvo la ventana de oportunidad política y los recursos económicos para emprender la construcción de un modelo económico productivo. Esto sí que hubiese implicado una verdadera ruptura histórica. Sin embargo, Chávez optó por reforzar el mito del país rico y se limitó a cambiar, parcial e imperfectamente, el esquema de distribución de la renta. Y digo imperfectamente porque, a pesar de los discursos apasionados, los cálculos de distribución primaria del ingreso nacional (previa a impuestos y gasto público) demuestran que, gracias a la destrucción masiva de competencia impulsada desde el Gobierno, la porción que recibe el capital frente a la remuneración del trabajo es mayor que la que había en 1998. Si está tendencia era palpable en el 2011, se ha intensificado con la crisis, que ha llevado el sueldo mínimo –el que reciben los trabajadores de menor calificación relativa- a no más de 40 dólares, calculado a una de las tasas oficiales creada por el propio Gobierno (SIMADI).

 

3. La polarización ha erosionado la capacidad de reflexión nacional, reduciendo la dinámica política a una diatriba simplificadora y cortoplacista. Bajo la polarización, los actores políticos lucen incapaces de plantearse seriamente los grandes temas nacionales e internacionales. Al eclosionar los acuerdos sociales mínimos,  el país quedó desprovisto de un rumbo estratégico, esencial para enfrentar una coyuntura mundial como la actual. El Gobierno ha podido imponer a su antojo los códigos de la discusión nacional, y lo ha hecho guiado bajo el único interés de consolidar su hegemonía política. De este modo, la crisis que atraviesa Venezuela es también comunicacional y cultural. 

 

4. La corrupción se ha institucionalizado y ha permeado todos los niveles de relación entre Estado y sociedad. La destrucción de los controles institucionales, la militarización de la administración pública y la sobreimposición de controles económicos ha creado condiciones inmejorables para que prolifere la corrupción: ausencia casi absoluta de riesgos de sanción; ascenso de una cultura de opacidad y solidaridad automática; capacidad de presión inaudita de los funcionarios sobre los agentes privados. La corrupción adquirió, sin embargo, una curiosa justificación sociopolítica. En el fondo, el chavismo, al popularizar la idea de que los males y perjuicios sufridos históricamente por el pueblo lo habilitaban a recibir compensaciones cuantiosas, creó la atmosfera para que cualquier forma de apropiación particular sobre lo público estuviera legitimada. 

 

5. En definitiva, el mayor perjuicio que legará el chavismo es cultural e institucional más que político. Una sociedad históricamente mal o deficientemente gobernada como la venezolana siempre ha mantenido tensiones con los controles y limitaciones propios de las democracias liberales. Chávez se erigió como el caudillo que, con su don de mando y autoridad personal, acabaría con las injusticias y restauraría cierto nivel de orden. Bajo esa premisa, tuvo legitimidad para destruir los restos de institucionalidad que quedaban del antiguo sistema político, pero se negó a construir unas nuevas instituciones que, indefectiblemente, restringiríansus márgenes de discrecionalidad.

De este modo, dejó al país desprovisto de reglas, normas, estructuras y procesos medianamente aceptables que aseguraran el funcionamiento más o menos racional de la economía, el Estado y la sociedad. En ese vacío, se liberaron las tendencias anómicas y violentas de la sociedad y se proyectó, con mayor o menor colaboración gubernamental, un conjunto de actitudes individuales y colectivas marcadamente egoístas y antisociales. Resulta paradójico que la búsqueda del beneficio particular, fácil, rápido y a cualquier costo –el reino del más fuerte- prosperara como nunca bajo un régimen que se autoproclamó “socialista” y que reivindicó la solidaridad y el desprendimiento como valores centrales de un hombre nuevo que, a decir verdad, no tendría posibilidades de sobrevivir en un entorno como este.

6D: La estrategia política de un chavismo en minoría

Las elecciones parlamentarias fueron fijadas para el 6 de diciembre. El gobierno ha considerado preferible convocar los comicios –lo que no equivale a realizarlos- que seguir postergando el anuncio del cronograma electoral, con el concomitante recrudecimiento de la presión internacional. 

 

En un artículo publicado en abril, argumenté que el chavismo ha estado adecuándose a un nuevo escenario político. En un contexto de bajos recursos, déficit de carisma y menguada influencia internacional, el chavismo habría decidido asumirse estratégicamente como un gobierno en minoría. En otras palabras, el poder chavista ha optado por gobernar exclusivamente en función del llamado “chavismo duro”, en el que se incluyen tanto la base popular directamente vinculada a los programas e instancias del gobierno como la estructura dirigente política, burocrática y militar. Satisfacer a estos dos grupos exige, lejos de aplicar reformas, consolidar el inmovilismo político y económico, especialmente en ámbitos de relevancia simbólica y material como los controles económicos, los subsidios, las Misiones y la confrontación con la oposición y con los EEUU. A juzgar por los números, la estrategia pareciera ser efectiva: tras la fuerte caída de la popularidad presidencial durante el 2014, el índice tocó piso en enero (22,6%) y se ha recuperado ligeramente desde entonces, ubicándose en 25,8% a finales de mayo.

En función de esta premisa, el gran problema que se le plantea hoy al chavismo es: ¿cómo mantener la hegemonía política con un respaldo social minoritario? En el artículo antes mencionado, plantee tres estrategias que seguiría el oficialismo para lograrlo: reforzar la unidad y disciplina del voto duro chavista; erosionar la capacidad de la oposición de captar el voto castigo; y manipular el tablero electoral para reforzar el valor del voto chavista y mermar el del voto opositor. Estas orientaciones se han verificado en estos meses con nuevas evidencias.

En cuanto a la primera estrategia, las elecciones primarias del PSUV constituyeron un gigantesco ejercicio de movilización y logística para afinar la eficacia de su voto duro. Medir y calibrar la fuerza electoral, antes que definir candidaturas, fue el objetivo de estos comicios. Por ello, la cantidad de electores, captados fundamentalmente a través de las abultadas nóminas públicas y los registros de los viejos –y nuevos- programas sociales, eclipsó la relevancia de los candidatos electos, quienes, en su gran mayoría, ya tenían la victoria asegurada. En este aspecto, nuevos registros de potenciales beneficiarios -como el de la Gran Misión Hogares de la Patria- serán instrumentos claves en la búsqueda y acarreamiento de votos, mientras que los urbanismos de la Misión Vivienda continuarán operando como cotos electorales sin ninguna presencia opositora y ninguna garantía electoral de equilibrio. Para incrementar el ánimo de este chavismo recalcitrante es probable que se reserven para fechas cercanas a los comicios nuevas intervenciones selectivas contra el empresariado, así como operativos masivos de venta de alimentos y electrodomésticos, importados con los recursos que logren exprimir de los activos internacionales.

En el segundo aspecto, un conjunto muy significativo de acciones se han dirigido a debilitar a la oposición, distraerla de la crisis socioeconómica y profundizar sus líneas de divergencia. Las inhabilitaciones políticas, antes que sacar de carrera a uno que otro dirigente concreto, buscan azuzar el conflicto interno entre bandos opositores, incrementando sus fricciones frente a los abusos gubernamentales. Las amenazas acerca de impedir la inscripción de la tarjeta unitaria o, más aún, suspender a los partidos que no concurran con su propia tarjeta, distraen a la oposición, refuerzan sus diferencias internas y justifican la negativa de organizaciones como Voluntad Popular a abandonar su opción partidista. El cambio en las normas sobre candidaturas por género persigue desacreditar a la oposición pero, sobre todo, obligarle a reabrir los acuerdos logrados sobre sus candidaturas. Nuevas inhabilitaciones selectivas; amenazas renovadas sobre la violencia que desataría una victoria de la MUD; el montaje de expedientes y grabaciones contra opositores; y el apadrinamiento de supuestas divisiones internas, abundarán con toda seguridad en los próximos meses.

En lo referido a la tercera estrategia, los cambios en la reglamentación electoral, como la comentada paridad de género o las nuevas proyecciones poblacionales, se ampliarán. Las condiciones electorales se irán modificando gradualmente de un modo que aumente la sensación de que el voto no será secreto y la oposición no tendrá posibilidades de conquistar la mayoría. En respaldar esta tesis juegan un rol crucial los propios voceros oficialistas, quienes de manera cada vez más abierta ponen en duda el secreto del voto. La posible aplicación de cuadernos electrónicos de votación; restricciones a la observación internacional; nuevos condicionamientos a la inscripción de partidos y candidatos; y manipulaciones ventajistas del Registro Electoral; son algunas posibilidades que seguramente se verificarán en las próximas semanas.

A todo esto hay que agregar un esfuerzo denodado por contaminar el debate político, introduciendo elementos -como el conflicto del Esequibo o la infiltración del “paramilitarismo” colombiano en Venezuela- controlados discursivamente por el chavismo, intentando romper así el circuito entre la crisis económica y social y su resolución política a través de las elecciones del 6 de diciembre.

El chavismo, lejos de aceptar como inevitable su derrota, está maniobrando con fuerza para lograr que una minoría política pueda expresarse, el 6D, como una mayoría electoral. La pregunta sigue siendo la misma de abril: ¿no está la oposición demasiado confiada y muy poco preparada para enfrentar estas estrategias?