El chavismo y la hegemonía: un gigante con pies de barro (3 de 3)

Carlos Miguel Rodrigues
@carlosm_rod

Este es la tercera y última entrega de una serie de artículos elaborados en los días posteriores a las elecciones del 7 de octubre de 2012

El chavismo ha logrado sostenerse en el poder durante todos estos años por una razón principal: ha sabido utilizar de forma estratégica –antiética e inescrupulosa para algunos, pero innegablemente efectiva- los recursos materiales y simbólicos del poder político, recursos que son cuantiosos en un Estado rentista y desinstitucionalizado. 

Entendiendo, como propuse en un artículo previo, que la “causa material” de la hegemonía chavista tiene que ver con su estrategia de distribución clientelar de la renta petrolera, es necesario preguntarse, ¿qué papel juegan los elementos simbólicos en la conformación de este dominio político-electoral? Al respecto, vale la pena recordar que el Estado moderno se conformó sobre la base de tres grandes monopolios: en primer lugar, el de la elaboración y aplicación de las normas jurídicas; en segundo lugar, el del ejercicio de la violencia legítima; y, finalmente, el de la producción y difusión legítima de los valores nacionales.

El chavismo ha tenido desde el comienzo muy clara la importancia de estas atribuciones. Su ejercicio de las potestades estatales de legislar, juzgar, asegurar el orden social y resguardar la identidad nacional, se ha subordinado al interés supremo de garantizar la continuidad en el poder de manera legítima, al menos en función de la validación periódica a través del principio de la mayoría. Lo que se ha buscado –y logrado- es convertir estas potestades en herramientas que eleven tanto los costos de ser opositor como los beneficios de ser chavista.

Las bases simbólicas de este sistema de poder se fundan en un arreglo informal e implícito, una “Constitución” fáctica, que existe entre el Estado y la sociedad venezolana. Básicamente, este pacto político establece que el que se mantenga leal al poder será favorecido con importantes grados de autonomía, tendrá bajos riesgos de ser penalizado y será arropado por un discurso legitimador y reivindicativo, mientras que el que se asuma opositor, sobretodo el que decida hacer pública tal posición y trabaje activamente a favor de otra opción política, sufrirá de eventuales expresiones de exclusión y rechazo, siendo objeto de un tratamiento particularmente punitivo y severo por parte del aparato estatal. 

La primera parte de este arreglo tiene dos grandes manifestaciones, una dentro del Estado y otra fuera de él. Al interior del Estado, entre los cuadros políticos y el funcionariado público, la autonomía que se concede al militante chavista a cambio de su lealtad se manifiesta en pertinaces expresiones de corrupción e ineficiencia y en una total ausencia de mecanismos de control y sanción. Esa libertad de apropiarse de lo público sin riesgos de castigo es el “precio” que el sistema paga por mantener fuertes las redes políticas de apoyo. 

La otra manifestación es la que se produce en la sociedad, en la cual un conjunto de individuos y grupos actúa con márgenes de libertad inauditos por la sencilla razón de que son adeptos al sistema de poder. Actores tan variopintos como el grupo armado La Piedrita, “Rosita”, el hijo de Motta Domínguez y Didalco Bolívar, presuntamente responsables de distintos delitos, son o sencillamente obviados por la Justicia o, cuando menos, tratados de forma especialmente flexible y, eventualmente, nunca juzgados. Junto a esto se encuentra la política de conceder autonomías amplias a sectores y grupos que rechazan cualquier forma de control y que instalan sus propios mecanismos de autogobierno, muchas veces manchados de actividades delictivas. La parroquia 23 de Enero, zonas fronterizas, cárceles y refugios son una buena muestra de estos espacios intencionalmente “liberados” y frente a cuyas perversiones sólo se actúa cuando salta a la luz pública algún hecho especialmente escandaloso. De tal forma que la corrupción y en alguna medida la delincuencia tienen algo de efecto indeseado pero inevitable.

La segunda parte de este pacto, el trato que se les brinda a los disidentes desde el Estado, resulta quizá más evidente. Bajo la carga de más de una década de discurso despreciativo y estigmatizante, el ser opositor se ha convertido en un pecado, algo de lo que habría que sentirse avergonzado. Siendo opositor, se está fuera de la Nación, se traiciona la identidad nacional; se es, por ascendencia familiar o ideas políticas, indirectamente responsable de la triste muerte de El Libertador y de todas las posteriores desgracias a las cuales ha estado expuesto este país. El trato desigual que recibe el opositor por parte del Estado está así justificado: las leyes punitivas y su aplicación aún más inflexible, así como los actos arbitrarios e ilegales, son actos de justicia, si es que ser justo es dar a cada quien lo que merece. Casos como el de los firmantes del revocatorio, indignos de acceder algún cargo estatal por haber ejercido un derecho constitucional; de Álvarez Paz, preso unos meses por expresar una opinión; y de Afiuni, detenida aún por una decisión ajustada a la ley pero “espiritualmente” corrupta; solo son manifestaciones aisladas de una política oficial que persigue aumentar los costos de la decisión de ser opositor.

Esa política tiene también su expresión puertas adentro de las instituciones públicas, cuando las instancias que son controladas por la oposición de manera legítima son sometidas a duras restricciones presupuestarias y aisladas de cualquier forma de apoyo y trabajo conjunto. Así, se encarece más la opción de votar a la oposición, sea en un consejo comunal, en una alcaldía o en una universidad, pues serán tales electores los que finalmente serán afectados. 

En este contexto, el fuerte desbalance entre beneficios y costos –tanto materiales como simbólicos- convierte en una decisión muy racional plegarse al poder, apoyarlo y ser favorecido por él. Tomando en cuenta que el venezolano promedio es muy pragmático y sagaz, estas decisiones racionales conforman en su conjunto una verdadera fuerza electoral, suficiente por ahora para ganar y celebrar. El problema es la sostenibilidad de un sistema que someta al Estado y a la sociedad a estas contradicciones, que aliente de esta forma el caos como modo de vida, que promueva así el oportunismo. De que se puede, se puede, pero sólo por ahora.

El chavismo y la hegemonía: un gigante con pies de barro (2 de 3)

Carlos Miguel Rodrigues

@carlosm_rod

Este es la segunda entrega de una serie de artículos elaborados en los días posteriores a las elecciones del 7 de octubre de 2012.

El chavismo controla un Estado que recibe y distribuye una renta captada internacionalmente. La mayor parte del ingreso petrolero es renta por la sencilla razón de que no guarda relación con la productividad de la sociedad; es, en sentido estricto, un ingreso percibido mas no producido. Esto le da al Estado venezolano una significativa entrada de recursos que, al no depender de ningún actor local, puede distribuir con excepcional holgura política en función de sus propios intereses, con las únicas limitantes de los controles institucionales y las presiones sociales. 

El carácter rentístico del Estado venezolano implica que su legitimidad se encuentra esencialmente ligada a la forma como distribuye esa renta a nivel social, sectorial y territorial. Y la forma en que decida esta distribución impactará de forma determinante sobre el funcionamiento global del Estado y el tipo de relación que establece éste con la sociedad; el rentismo impone así una lógica a las sociedades que de él viven, lógica que penetra directamente sobre la cultura y las prácticas políticas.

El chavismo ha sabido aprovechar esta lógica rentística, la cual ha profundizado a niveles sin precedentes. El aumento de los precios del petróleo en 2003 permitió inaugurar un ciclo expansivo del gasto público social concebido de manera clientelar: las misiones sociales, a confesión del propio Chávez, respondieron a una necesidad electoral –ganar el revocatorio de 2004- y, en consecuencia, se estructuraron más como una estrategia electoral que como una política pública. La medición positiva de su efectividad se hizo precisamente a partir de los resultados de los comicios, lo que las convirtió en el núcleo de la estrategia de legitimación y captación de apoyos del chavismo desde entonces. 

Con el uso clientelar de la renta, el chavismo ha buscado –y logrado- crear lazos de afinidad, apoyo y lealtad con una proporción mayoritaria de la población. Los programas de asistencia social se han dirigido a los sectores empobrecidos urbanos y rurales, a los cuales se les ha transferido directamente ingresos y se les ha proporcionado acceso a bienes -algunos públicos pero la mayor parte privados- de los cuales estaban excluidos y a los cuales no tenían ninguna esperanza de acceder por vía del mercado. Se trata de una estrategia de distribución de valores materiales a cambio de apoyo político-electoral, por lo cual es clave lograr un sentido de agradecimiento y deuda que motive y garantice el apoyo, propósito alrededor del cual se han desarrollado las misiones.

  

Su origen, como se dijo, siempre ha estado asociado a un período pre-electoral (2003 y 2011), sobretodo de los comicios en los que se juega la Presidencia. En las misiones, las actuaciones del Estado, el gobierno y el partido se confunden, siendo difícil diferenciarlas. La negativa a institucionalizarlas responde al claro interés de mantenerlas como beneficios exclusivos del gobierno chavista, que desaparecerían en cuanto no sea Chávez el Presidente. Por ello, se conceptualizan a nivel propagandístico como productos de la buena voluntad y el compromiso social de Chávez como individuo, nunca como políticas estratégicas del gobierno o como estrategia global de transformación social.

Igualmente, es visible la dedicación de un esfuerzo significativo al registro y a la organización socio-política de los participantes, esfuerzo que en ocasiones puede incluso superar el que se dedica a la misma prestación del servicio o bien que dio origen formal al programa. ¿Acaso este país no vivió sucesivos y muy bien organizados procesos de registro en las Grandes Misiones, ejecutados como grandes obras de la gestión gubernamental?

Sin embargo,  es el carácter privado de los bienes entregados a través de las misiones, carácter que se ha profundizado significativamente en las últimas versiones, lo que resulta más funcional a su utilización clientelar. Las viviendas, los créditos, las becas, son, en sentido económico, bienes privados, ya que permiten la exclusión en su consumo; es decir, son bienes distribuibles y entregables a determinados individuos y grupos y a otros no. Esta posibilidad es la que garantiza que las misiones arrojen beneficios materiales individuales y concretos, entregados a una persona en particular, persona con la cual es posible crear el lazo directo de agradecimiento, lealtad y, más precisamente, dependencia, que el chavismo requiere para que su hegemonía prospere. 

La construcción de una carretera o la disminución de los índices delictivos son funciones básicas del Estado pero que generan beneficios muy difusos, que disfrutan muchas personas anónimas a las cuales es muy difícil contactar o aún persuadir en su motivación al voto. La hegemonía chavista no funcionaría tan efectivamente si dedicara su gigantesca renta petrolera a atender estos asuntos que son de un marcado carácter público-estatal; por ello, el chavismo ha redirigido la gestión pública hacia el ámbito del consumo de los bienes privados, entregando viviendas, vehículos, puestos de trabajo o créditos a personas que no tienen posibilidades de acceder a ellos a través del mercado. En este esquema, la contraprestación y el retorno no se miden en dinero –como en el mercado- ni en la mejora de los indicadores sociales –como en los Estados realmente sociales- sino en votos.

Se trata de una decisión muy racional por parte del gobierno que, además, se apoya en la psicología egocéntrica del elector promedio venezolano, quien prioriza su bienestar personal y el de su entorno inmediato a la situación local o nacional a la hora de determinar su voto. Este elector evalúa una mejora muy importante de su situación individual y la contrasta con problemas públicos relevantes pero que afectan a muchos: lo que compara es un beneficio intenso y directo –que proporciona Chávez- frente a un perjuicio difuso e indirecto –que denuncia la oposición-.

La campaña propagandística gubernamental y la llamada conexión “religiosa” del Presidente con el pueblo vendrían a ser elementos adicionales, que solo refuerzan el efecto de este sistema clientelar. Con el despliegue de propaganda, se fortalece el sentido de agradecimiento y se logra mantener viva la esperanza de que sea cuestión de tiempo recibir beneficios, bajo la prueba de que “ya hay muchos beneficiados”; con el discurso de reconocimiento y la conexión emocional, muchos electores intentan racionalizar su apoyo -el cual no pueden asumir descarnadamente como un intercambio de beneficios por votos-. El hecho de que lo emocional en el chavismo no sea más que un agregado de refuerzo a la estructura material de redes clientelares, que son las que sostienen la hegemonía, ha quedado muy en evidencia en las recientes elecciones presidenciales, en las que la ventaja estratégica de controlar el Estado ha sido explotada por el chavismo como nunca antes.

De esta forma, el chavismo comparte con AD y COPEI dos de las condiciones de supervivencia de su hegemonía: los abundantes ingresos petroleros y el crecimiento lento y controlado de las expectativas sociales. Un eventual efecto combinado en ambos pilares –caída de precios y aumento de expectativas- representaría la entrada en crisis del sistema, momento en el que verificaríamos, nuevamente, lo débil que puede ser la gobernabilidad en un sistema hegemónico que se funda sobre variables que no controla y que alimenta dinámicas sociales insostenibles.

La Democracia y sus Elecciones (Parte I)

Artículo originalmente publicado (páginas 5 y 6) en la edición número 18 de la revista OTILCA, correspondiente al mes de mayo de 2013. 

Los venezolanos hemos asistido a sucesivos procesos electorales en los últimos años. Las elecciones y todo su aparataje organizativo y propagandístico se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Al respecto, vale preguntarse: ¿sabemos a ciencia cierta cuál es el verdadero origen de las elecciones?, ¿y cuál es su relación concreta con la democracia?

La democracia como régimen político surgió en las pequeñas ciudades-Estado de la Antigua Grecia, a mediados del siglo VI a. de C. En estas comunidades, se asentó la idea de que todos los ciudadanos –que no todos los habitantes, debido a la exclusión de las mujeres y los esclavos- tenían el derecho y el deber de participar directamente en la organización de la vida en común. En consecuencia, debían intervenir personalmente en la asamblea general de la ciudad, contribuyendo activamente a la toma de decisiones. Su participación directa en los asuntos fundamentales era insustituible y, en los casos en los que, por razones técnicas, no podían participar todos, se le daba preferencia a los mecanismos de selección por sorteo antes que por elección popular. En este régimen se consideraba más democrático el azar que la selección intencional, la cual, se advertía, podría ser objeto de manipulación. Era pues en esencia una democracia “anti-eleccionaria”. 

Este tipo de democracia, denominada “clásica” o “directa”, a la postre fracasaría, hundiendo el concepto en un largo desprestigio. Sólo sería a partir del siglo XVIII que la idea democrática sería recuperada por algunos filósofos políticos de la Ilustración, los cuales, sin embargo, la replantearían a la luz de las ideas y valores de la Modernidad. Así, democracia pasaría a denominar a un régimen en el que los ciudadanos no ejercen el poder de manera directa sino que lo otorgan, en cesión temporal, a un conjunto de representantes, los cuales se encargan de ejercerlo, sometidos a las limitaciones legales y al propio mandato popular. Se trata de una versión “representativa”, en la cual se produce un divorcio entre la titularidad y el ejercicio del poder. El mecanismo que facilita este divorcio es precisamente el de las elecciones.

La elección permite que los ciudadanos tomen dos decisiones fundamentales: quiénes dirigirán los asuntos públicos y cómo lo harán. Ahora bien, ya que en sociedades grandes y complejas como las nacionales no es viable la democracia directa plena, ¿cómo se garantiza que la elección sea racional y provechosa para el propio pueblo?; Y una vez electas las autoridades ¿cómo se asegura que satisfagan el interés general y no sus intereses particulares? Las respuestas a estas preguntas, en nuestra próxima entrega.

James Robinson: ¿Por qué fracasan los países? Una perspectiva institucional

Esta entrevista ha sido tomada del sitio web Foco Económico. En la misma, el profesor James Robinson expone sus argumentos sobre la influencia de las instituciones en el desarrollo económico, analizando los hechos y tendencias recientes a la luz de la perspectiva teórica neoinstitucional. Una disertación sin despercidio.

Eduardo Engel: El libro que escribió junto a Daron Acemoglu, Why Nations Fail, sostiene que, en esencia, existen dos tipos de países. El primer tipo de países tiene instituciones que suelen beneficiar al status quo, por lo que son sociedades que inhiben la innovación y la destrucción creativa. Tienen instituciones que ustedes llaman “extractivas”. El segundo tipo de países cuenta con instituciones que fomentan el surgimiento de nuevas empresas y de nuevos procesos productivos. Estos países tienen instituciones “inclusivas”. Las coyunturas críticas determinan la transición de un tipo de institución al otro. En el libro revisitan varios períodos históricos para interpretarlos bajo el prisma de esta teoría, desde la revolución neolítica al Apartheid, incluyendo pasajes de la historia de América Latina. Entre los muchos episodios históricos que utiliza para ilustrar el éxito o fracaso de las naciones, ¿cuál es el que mejor ilustraría su teoría a los lectores chilenos?

James Robinson: En el primer capítulo se encuentran ya los fundamentos de las principales ideas del libro y a los lectores chilenos les puede resultar interesante porque usamos la historia económica y política comparativa de las Américas. Ahí mostramos que los colonos españoles y británicos vinieron al nuevo continente con ideas muy similares sobre qué tipo de sociedad construir, pero la realidad resultó muy distinta debido a las diferencias en las condiciones iniciales, en especial factores como la densidad de la población indígena y la presencia de grandes depósitos de oro y plata.

Engel: ¿Mucho oro en lo que sería la América española y casi nada en la América inglesa?

Robinson: Así es. Además, en lugares como México, Guatemala, Perú o Bolivia, que tenían una alta población indígena, se desarrollaron sociedades jerárquicas basadas en instituciones económicas organizadas para “extraer” recursos a beneficio del poder colonial. Estas economías coloniales son un ejemplo perfecto de lo que denominamos “instituciones económicas extractivas”, las que fueron diseñadas para transferir riqueza y poder desde América hacia España.

Engel: ¿Qué posibilitó este sistema?

Robinson: Este sistema se dio porque las instituciones políticas eran extractivas, es decir, concentraban el poder político en los colonizadores. Instituciones económicas como el trabajo forzado o los monopolios de comercio y producción bloquearon los incentivos y las oportunidades para la gran masa de personas de la América española. Además, al tener instituciones políticas extractivas, el Estado no se vio presionado a proveer bienes públicos básicos como educación, por ejemplo.

Engel: ¿Y por qué las cosas resultaron de otro modo en las colonias inglesas?

Robinson: Curiosamente, los ingleses en Norteamérica tenían la misma idea. Pero el modelo que desarrollaron Hernán Cortés, Francisco Pizarro y otros conquistadores no era factible en lugares con una población indígena tan pequeña. Desde el comienzo se desarrollaron sociedades que se basaban en instituciones económicas muy distintas, las que fueron diseñadas para generar incentivos y oportunidades. Nosotros llamamos inclusivas a estas instituciones económicas. Esto sucedió porque parecía ser la única manera de crear colonias que fueran económicamente viables. En el libro mostramos cómo la sociedad colonial tuvo desarrollos muy distintos en América del Norte y América del Sur, en parte debido a las distintas circunstancias y condiciones. Son diferencias que subsisten hasta hoy y que explican por qué Bill Gates y Carlos Slim hicieron su fortuna de una forma tan diferente.

Engel: Me gustó mucho el contraste que haces entre Bill Gates y Carlos Slim. Gates fue innovador y generó mucho valor para muchísimas personas, mientras que Slim dedicó sus energías y vínculos a proteger su monopolio en las telecomunicaciones de potenciales rivales, bloqueando así la generación de un mayor valor social. Estados Unidos hace 100 años estaba lleno de empresarios al estilo Slim, como Carnegie, Mellon, Rockefeller y Stanford. Sin embargo, Estados Unidos hizo la transición desde una sociedad dominada por poderosos monopolios a una en que pueden emerger nuevos ganadores gracias al proceso de la destrucción creativa. ¿Qué llevó al Presidente Theodore Roosevelt a romper los monopolios a comienzos del siglo 20 y por qué no ha sucedido nada parecido en América Latina?

Robinson: Bueno, ello forma parte de lo que llamanos el círculo virtuoso. Instituciones inclusivas generan un feedback positivo, lo que permite responder a los desafíos. El desmontaje de los monopolios en Estados Unidos fue posible porque sus instituciones políticas son mucho más inclusivas. El poder político estaba más esparcido, de forma tal que el interés particular de los monopolistas no podía dominar toda la política, aunque ciertamente hicieron intentos en ese sentido. Y la presión popular obligó a Roosevelt a actuar. Además, el Estado era suficientemente poderoso para aplicar y poner en práctica la legislación anti-monopolio. Muchos países latinoamericanos han aprobado leyes antimonopolio, pero no son capaces de, o a veces no quieren, hacerlas cumplir. Entonces, cuando comenzaron a surgir grandes inequidades económicas en Estados Unidos, creando amenazas a la inclusividad de las instituciones, la naturaleza inclusiva de las instituciones políticas fue capaz de enfrentar ese desafío.

Engel: Hay algo deprimente en tu argumento, a saber que el tipo de instituciones que se crearon hace siglos determina el estado de desarrollo que los países tienen en la actualidad. ¿No es un poco fatalista?

Robinson: Cuando comenzamos a trabajar en este tema hace 15 años pensamos justo lo contrario, que había razones para el optimismo. La creencia popular entonces era, por ejemplo, que la razón de por qué África era pobre se debía a su geografía tropical. Esa es una visión mucho más pesimista pero, por fortuna, también errada como hemos demostrado. Sin embargo, existen grandes y persistentes patrones en el mundo que necesitan de una explicación. Si uno tomara todos los países en el continente americano y los ordenara desde el país más rico al más pobre, el ránking apenas ha cambiado en los últimos 150 años. ¿Por qué? Tiene que haber una explicación y hay algo que debe ser muy difícil de cambiar, de lo contrario el patrón no sería tan persistente. Es la cruda realidad: es difícil cambiar las instituciones y éstas persisten durante mucho tiempo. Pero es posible cambiarlas si la sociedad se organiza colectivamente para empujar por esos cambios. Así que, en última instancia, esta visión del desarrollo comparativo es más optimista que una visión que se basa en geografía u otros tipos de teoría cultural.

El elitismo chileno

Engel: ¿Hasta qué punto crees que se aplica a Chile ese patrón general de la América española que dio origen a las instituciones extractivas? ¿Hay aspectos en los que Chile es una excepción?

Robinson: El modelo explica por qué Chile ha tenido un mejor desempeño económico que la mayoría de América Latina, pero también por qué aún no se ha convertido en un país rico. En comparación con los países que eran el núcleo del sistema colonial español, Chile tenía un menor número de indígenas a los cuales explotar, de modo que se volvió una sociedad de colonos un poco al estilo de Estados Unidos. Debido a la naturaleza de su sociedad indígena resultaba difícil explotar a los mapuches, al igual como sucedió con los Sioux y otros nativos americanos de las grandes planicies norteamericanas.

Engel: Sin embargo, Chile es mucho más pobre que Estados Unidos.

Robinson: Es verdad. Y es que Chile seguía siendo parte de las redes de monopolios y restricciones al comercio y otras externalidades negativas del sistema colonial español.

Engel: ¿Por ejemplo?

Robinson: Chile era menos extractivo políticamente que otros países. En Chile existían los cabildos abiertos, no así en Perú o Bolivia, por lo que hubo una mayor participación. Esto permitió una formación más temprana del Estado y significó que durante el siglo 19 sufriera menos problemas que Bolivia o Guatemala, por ejemplo. Sin embargo, seguía formando parte de un Estado colonial extractivo, por lo que tenía algunos de los mismos síndromes que sus vecinos. Por ejemplo, la expansión territorial altamente jerárquica de la segunda mitad del siglo 19 me parece bastante reveladora.

Engel: ¿Y todo ello se refleja en el siglo 20?

Robinson: En el siglo 20 se ven los mismos patrones de lo que diferencia a Chile de la región y de lo que lo hace también tan similar. Se observan divisiones políticas que se parecen más a las de países europeos que a los latinoamericanos. Incluso el populismo durante Allende es mucho menos clientelista que el populismo en Venezuela o Perú. Pero por otro lado, existen las mismas presiones para hacer reformas agrarias, niveles de inequidad altísimos y una sociedad bastante clasista y elitista.

Engel: La sociedad chilena es clasista en varias dimensiones. ¿Estás pensando en alguna en particular?

Robinson: ¿Sabías que la mitad de los presidentes de las 100 empresas más grandes de Chile fue a sólo cinco colegios privados en Santiago? Son los colegios Tabancura, San Ignacio, Saint George, Verbo Divino y Manquehue ¿Qué proporción del gabinete del Presidente Piñera crees que viene de esos colegios?

Engel: De seguro un porcentaje muy alto y podemos agregar que la mayoría fue a la misma universidad. Pero, a la luz de tu teoría, este hecho es relevante sólo si estos grupos crearon instituciones políticas que no sólo los beneficiaron a ellos, sino que además lo hicieron a costas de la capacidad de desarrollo y crecimiento de toda la sociedad. Porque tu tesis es que el desarrollo va más allá de la distribución del ingreso y que son las instituciones extractivas las que llevan a un crecimiento considerablemente menor en el largo plazo.

Robinson: Así es, pero no se trata sólo de instituciones formales. También existen estas instituciones informales que controlan el acceso y el ejercicio del poder político. Hay muchas fuentes de poder en una sociedad, y creo que el dominio de estos colegios de elite, que tiene raíces profundas, demuestra que existen instituciones informales, que podemos llamar redes sociales, que llevan a que las instituciones políticas chilenas sean mucho menos inclusivas de lo que aparentan ser sobre el papel.

Engel: Conectando lo anterior con lo que está sucediendo en Chile en la actualidad, uno podría argumentar entonces que Chile está en un punto de inflexión: que se agotaron las instituciones políticas que durante más de dos décadas impulsaron un crecimiento robusto, que ahora se necesitan nuevas instituciones. Por ejemplo, un nuevo sistema electoral que reemplace el actual que, por diseño, sobrerrepresenta a la derecha. O un aumento significativo en la carga tributaria que mejore sustancialmente la educación.

Robinson: Es un buen punto. Pese a todo el crecimiento, al final del día Chile sigue siendo un país que hace un uso intensivo de sus recursos naturales, desde el cobre y la pesca, al sector forestal y vitivinícola. Uno hubiera esperado que en estas décadas Chile diversificara más su economía, pero eso no ha sucedido. Tampoco ha desarrollado una industria manufacturera que sea competitiva a nivel internacional. Mi impresión es que ello es consecuencia de que aún subsiste una naturaleza elitista en la sociedad, la cual hace que la cancha económica no sea pareja y la cual genera barreras de entrada y obstáculos a la competencia.

Engel: Sin embargo, nada asegura que los cambios que está experimentando el país lleven al establecimiento de instituciones que remuevan las barreras a la destrucción creativa y así impulsen el crecimiento. Los líderes estudiantiles se enfocan principalmente en demandas redistributivas, cambios que puedan contribuir a un mayor crecimiento han estado ausentes de sus propuestas, porque muchos ven en ello una aceptación del “modelo neoliberal”.

Robinson: Eso sería poco afortunado. Los críticos al modelo neoliberal son una coalición curiosa entre la izquierda y los monopolios locales. En Colombia, que es uno de los países más desiguales de América Latina, la crítica al modelo proviene de la guerrilla de las FARC y también de algunas de las personas más ricas de ese país. ¡Imagínate! El énfasis que Chile pone en las reformas educacionales es un aspecto importante para crear una sociedad más inclusiva. Y Chile está mucho más cerca de ello que la mayoría de los países de la región. Pero romper el tipo de redes informales del poder que mencionaba antes es algo mucho más difícil que cambiar el sistema electoral.

Engel: ¿Podrías dar algunos ejemplos de países que en las últimas décadas lograron la transición de instituciones extractivas a inclusivas?

Robinson: Brasil ha recorrido un largo camino desde el fin del régimen militar en 1985. En el libro señalamos cómo a fines de los años 70 se formó una amplia coalición opositora a los militares. Eso llevó al Presidente Fernando Henrique Cardoso, y después a los gobernantes del Partido de los Trabajadores, a poner en práctica un tipo de política muy distinto y a importantes transiciones institucionales. Se llevó a cabo una gran expansión de la educación, la pobreza e inequidad han bajado mucho, y Brasil tiene una industria que es competitiva a nivel mundial. Para mí las actuales manifestaciones son un efecto multiplicador saludable, muestran a la nueva clase media que ha emergido en los últimos 20 años y que está exigiendo un Estado más eficiente. Y para ser un poco más polémico, diría que lo que se ha visto en Bolivia en la última década podría ser el comienzo de una transición hacia instituciones más inclusivas. El MAS es un movimiento social complejo, pero tiene fuertes y amplias redes en la sociedad civil. Además, la emancipación de los indígenas que está ocurriendo es un prerrequisito para una sociedad más inclusiva en Bolivia. Hoy se puede tener a una indígena en el gabinete de ministros. Antes hubiese sido impensable. Eso es un gran cambio.

Engel: ¿Cómo suelen suceder estas transiciones? ¿Se trata de procesos radicales, del empuje de movimientos de base o de líderes que las decretan desde arriba? ¿Hay algo que los líderes de la sociedad puedan hacer para que no sean transiciones tan traumáticas?

Robinson: En el libro destacamos las transiciones radicales y traumáticas, como la “Revolución Gloriosa” en Gran Bretaña en 1688 o la Revolución Francesa que se inició en 1789. Pero la historia actual no se limita a reproducir la historia pasada. La transición brasileña no fue para nada traumática. Lo que sí enfatizamos en el libro es que las coaliciones amplias son un elemento importante en la transición hacia instituciones inclusivas. Y la mayoría de estas coaliciones nace desde la base social.

Engel: Es bueno saber que le has dedicado bastante tiempo a pensar en cómo tu teoría se aplica a Chile. En la conferencia que dictarás en el lanzamiento de Espacio Público te enfocarás precisamente en nuestro país. Pero en el libro mismo se dedican pocas líneas al caso chileno.

Robinson: Algo que podríamos hacer y que no hicimos en la primera edición, es hablar en mayor detalle sobre las diferencias que existen entre los países latinoamericanos. Como dije antes, Chile es diferente y al mismo tiempo similar a sus vecinos en la región, y nuestra teoría provee un marco para entender ese fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué Chile es más rico y menos violento que Colombia? Creo que en gran parte se debe a que tuvieron procesos de formación de Estado muy distintos. En Chile el Estado puede proveer bienes básicos, tales como leyes y orden público, y es capaz de asignar las rentas de sus recursos naturales en una dirección socialmente deseable. El Estado colombiano, en cambio, ni siquiera es capaz de construir una buena carretera entre Bogotá y Medellín, sus dos principales ciudades. Si uno va a la costa Caribe existen tierras increíblemente fértiles, pero son trabajadas por campesinos que cultivan el maíz y la yuca para su propia subsistencia. Esto porque nadie ha definido bien ni ha asegurado los derechos de propiedad. También pienso que tenemos que hablar más del siglo 20 latinoamericano y explicar cómo modelos de política económica como la industrialización basada en sustitución de importaciones son parte de procesos trayectoria-dependientes en el desarrollo de la región. También tenemos una hipótesis para explicar por qué el crecimiento en Chile se aceleró a partir de 1985. El efecto dual de Allende y Pinochet rompió con el poder de algunas –no todas— elites extractivas, o al menos les arrebató algunos de sus instrumentos.

Engel: ¿Estás diciendo, por ejemplo, que el éxito chileno en la agroindustria fue posible gracias a una combinación de la reforma agraria en los años 60 y la liberalización de mercados de los 80?

Robinson: Exactamente. Hay quienes le otorgan a Pinochet el mérito por haber terminado con sectores económicos ineficientes. Pero no veo cómo este dinamismo en el sector agrícola que Chile ha experimentado en los últimos 30 años pudo haber ocurrido si Allende y Frei no hubieran disuelto a gran parte de la elite extractiva del sector rural. El cambio en la curva de crecimiento necesitaba de estos dos tipos de políticas.

Engel: ¿Cuáles son las elites extractivas que aún son poderosas en Chile?

Robinson: Diría que aquellas que están en el núcleo de las redes sociales a las que me refería antes. Estas elites dominan la política y la economía. Por cierto, ¿sabías que la bolsa de comercio chilena tiene el nivel de concentración de la propiedad más alto del mundo?

El año del descontento

Engel: Los recientes sucesos en Egipto muestran que el optimismo de muchos analistas respecto a la Primavera Árabe fue anticipado. Desde la perspectiva de la tesis de tu libro, ¿cómo analizarías estos eventos? ¿hay algo que los líderes egipcios, o los líderes en general, puedan hacer para contribuir a mejores resultados? ¿o las fuerzas de la historia son simplemente demasiado arrolladoras?

Robinson: Para que un país transite de la pobreza a la riqueza necesita también hacer una transición desde instituciones extractivas a instituciones inclusivas. Como existen poderosos intereses en torno a las instituciones extractivas, esta transición muchas veces es impulsada por el conflicto y acciones colectivas masivas como las que pudimos observar en la Primavera Árabe. Sin embargo, estos conflictos muchas veces no llevan a instituciones inclusivas, sino que a la “ley de hierro de la oligarquía”, en el sentido que la antigua elite, los Mubarak de Egipto, es reemplazada por una elite nueva y los cambios que se realizan a las instituciones extractivas son sólo superficiales. Creo que es este escenario el que ha impulsado las recientes manifestaciones en Egipto. Mucha gente comenzó a temer que había permutado la dictadura de Mubarak por la de los Hermanos Musulmanes. Creo que aún hay razones para ser optimista, porque todavía subsiste el potencial para cambio y para crear una sociedad más inclusiva, pero ello requiere en estos momentos de un liderazgo claro. Como mencioné antes, las transiciones ocurren cuando se forman grandes coaliciones que se oponen a las instituciones extractivas. Hubo esperanzas de que una coalición de ese tipo se había formado a comienzos de 2011, pero después se resquebrajó un poco. Lo importante es que se vuelvan a poner de pie, pese a todo lo sucedido en el último año. Los ahora victoriosos liberales tienen que encontrar maneras de entenderse con los Hermanos Musulmanes y los Salafis, porque no puede haber una sociedad inclusiva en Egipto sin ellos.

Engel: ¿Y cómo calzan en esta ecuación los militares de Egipto, que han sido los que más se han beneficiado de las instituciones extractivas? ¿No son un desafío central en esta transición de instituciones extractivas a inclusivas?

Robinson: Así es. Una parte de la transición hacia instituciones inclusivas requiere que los civiles de Egipto obtengan el control de las fuerzas armadas. No es un proceso fácil, como lo saben casi todos en América Latina.

Engel: El año 2011 no sólo será recordado por los inesperados cambios de regímenes en el mundo árabe, sino también por protestas masivas en más de 20 países, manifestaciones de una magnitud como no se habían visto desde los años 60. ¿Cómo interpretas ese “año del descontento”?

Robinson: Mi impresión es que las protestas son las repercusiones de la “Gran Recesión”. Muchos interpretan que la causa principal que originó la recesión se puede ubicar en instituciones extractivas, incluso en Estados Unidos. Hay una creciente preocupación por el aumento de la desigualdad en Estados Unidos. En países del sur de Europa, como Grecia y España, la gente protesta contra el recorte fiscal y las consecuencias económicas de la recesión. En nuestro libro estos países se consideran sociedades exitosas e inclusivas, pero incluso en este tipo de sociedades siguen subsistiendo elementos de instituciones extractivas.

Así que el “año del descontento” fue definitivamente un año de protestas en contra de los elementos extractivos de la sociedad. Y me parece que eso es muy saludable.