1. El
Decreto de Emergencia Económica tenía, a pesar de su denominación, una
motivación más política que económica. El gobierno intentaba presentarse ante
el país –finalmente- como consciente de la magnitud de la crisis. En ese
sentido, el decreto sería evidencia de que el Ejecutivo está asumiendo su
responsabilidad. Al incluir medidas que restarían poder a la Asamblea Nacional
y profundizarían el esquema tradicional de intervencionismo y control, se
buscaba, previsiblemente, forzar la negativa de la oposición, de forma de poder
acusarla de obstruir mezquinamente las salidas a la crisis.
2. El
decreto era, técnicamente, innecesario. Buena parte de esas medidas pueden ser
tomadas por el gobierno dentro del marco de políticas actualmente vigente. Otras
no son más que enunciados generales de buenas intenciones, que no habilitan a
nada específico.
3. El
giro discursivo que intenta darle el chavismo a la crisis, tras reconocerla, apunta
a un nuevo culpable. Frente a la desgastada y cada vez más inverosímil “guerra
económica”, se está posicionando el relato de la crisis terminal del modelo
rentista, aunque obviamente omitiendo la responsabilidad del chavismo en su
profundización. Se trata de un discurso que busca las causas en el pasado
histórico y facilita el planteamiento de las soluciones como “acuerdos
nacionales”, especialmente con los sectores empresariales. Bajos estos
referentes, institucionalizados en el Consejo de Economía Productiva, pudieran
surgir algunos ajustes racionales pero parciales y, a esta altura,
probablemente inefectivos.
4. La
negativa a aplicar unos ajustes integrales o su aplicación superficial solo
permitirían una conclusión: el chavismo solo quiere ganar tiempo y dejar la
peor herencia posible a sus sucesores. Aunque perverso, este cálculo político
responde al interés de “salvar” la imagen de un chavismo que nunca claudicó en
su defensa de los “derechos” sociales, algo que, evidentemente, tendría que
hacer el próximo -y ya desde ahora “neoliberal”- gobierno.
5. A
la oposición podría convenirle: o forzar a Maduro a tomar medidas y que sea él
el que cargue con el costo político –si es que tal cosa es posible- o acelerar
su revocatoria para evitar que el deterioro con el que deberán lidiar una vez
posesionados del Ejecutivo sea mayor.
6. El
acuerdo social y político (el tan denostado pacto) para legitimar los ajustes y
compartir sus costos no luce factible bajo estas reglas políticas, que
favorecen la hegemonía y dinamitan la cohabitación. Sus escasas posibilidades dependen
del ascenso de sectores moderados en ambos bandos, capaces de fraguar unas nuevas normas que, al compartir el poder y la responsabilidad, habiliten el
ajuste económico, doloroso en cualquier circunstancia.
7. En
el trasfondo, con abundantes muestras cotidianas, crece el descontento y la
desesperación social. En los próximos meses, el probable empeoramiento de la
escasez de medicamentos y alimentos, el deterioro creciente de la seguridad
pública, el colapso de los servicios básicos y de los sistemas sanitarios,
sumado a un creciente riesgo de impago de la deuda, empujarán el fantasma de
una verdadera crisis humanitaria, haciendo más que probable un estallido social
de consecuencias impredecibles. Los brotes de violencia social parecen estar
contenidos, en espera de una rectificación económica que, por ahora, luce
esquiva.