Parlamento Comunal: el poder popular contra la voluntad popular

El chavismo acaba de sufrir la peor debacle electoral de su historia. Y, a la luz de su desarticulada y errática reacción, es evidente que no se la esperaba. En el proceso de asimilación de la derrota, el presidente Maduro ha construido al menos cuatro relatos: primero, admitió el revés, aunque lo minimizó y vinculó a los efectos perversos de la “guerra económica” dirigida por la oposición; luego, reconoció la necesidad de cambios y rectificaciones en el seno del oficialismo; en tercer lugar, insinuó que el resultado se debía a la abstención de las bases chavistas; y, ya en los últimos días, ha comenzado a cuestionar la legitimidad del resultado, señalando irregularidades cometidas por la oposición. En dos semanas han desfilado cuatro culpables: la oposición; la cúpula gubernamental; el electorado chavista y, finalmente, el sistema electoral. 

Sin embargo, la última versión, encaminada a restar legitimidad al triunfo opositor, sí se está concretando en acciones. Por un lado, se apunta a la posible –y tardía- impugnación de algunos escaños adjudicados, en un probable intento por quebrar la mayoría calificada de la MUD. Por el otro, Diosdado Cabello ha encabezado la instalación del “Parlamento Comunal Nacional”, en un acto realizado, no por casualidad, en la sede de la Asamblea Nacional.

El chavismo, fiel a la estrategia que le ha funcionado, parece haberse decantado por la confrontación: utilizar todo su poder en función de erosionar la victoria opositora. Con ese objetivo, busca alinear sus recursos institucionales y extra-institucionales en una operación de choque contra la nueva Asamblea Nacional. A nivel institucional, sus cuadros más fieles y –por diversas razones- comprometidos, están siendo reubicados en posiciones claves de los demás Poderes Públicos. En esta dirección se orientará, muy probablemente, la “renovación” del Gabinete Ejecutivo. Pero, más que a la normatividad establecida en la Constitución, la dirigencia chavista está encomendando esta batalla a la estructura política paralela que, no sin desdén y apatía, ha ido construyendo desde el año 2007.

Tras su abrumadora reelección de diciembre de 2006, el presidente Chávez impulsó la creación de una estructura estatal alterna, crucial, a su juicio, para asegurar la construcción del socialismo. Si bien es cierto que el llamado “Estado comunal” carece de fundamento constitucional, como usualmente argumenta la oposición, más relevante es revisar su naturaleza y rol práctico. Al respecto, lo que se ha planteado no ha sido una sustitución plena del “viejo Estado burgués”, sino una superposición selectiva, políticamente estratégica. En las leyes del Poder Popular, el Ejecutivo Nacional continúa siendo el poder supremo, al cual, más aún, se supedita la existencia de cualquier instancia de autogobierno comunitario, comunal o popular.

El asunto de fondo es el carácter abiertamente iliberal de este nuevo poder político. Su sujeto no son los ciudadanos individuales, portadores de la “voluntad popular”, sino el “pueblo organizado” o, más recurrentemente, el “poder popular”. Este poder no se actualiza a través de la elección individual y universal, libre por secreta y justa por transparente, sino mediante la votación pública, colectiva, aclamatoria, que permite constituir cuerpos políticos –como los Consejos Comunales- que, a partir de entonces, sustituyen a los electores en la construcción de instancias territoriales agregadas, como las Comunas o las Federaciones Comunales.

La desconfianza hacia el sufragio individual y secreto, indispensable para la libre expresión de la voluntad popular, se corresponde con el concepto de democracia asumido. El Estado comunal tiene como principio de legitimidad la denominada “democracia protagónica revolucionaria”. El ejercicio democrático está subordinado aquí, como medio, al principio supremo de la revolución socialista, solo realizable superando los rasgos liberales, individualistas y pluralistas de la democracia electoral.

Por ello, el sometimiento absoluto de las nuevas instancias comunales al objetivo supremo de la construcción del socialismo, y la sustracción de las decisiones relevantes al elector de base –incapaz aún de deslastrarse de los vicios burgueses- son estrategias claves para liberar el potencial revolucionario de los amarres supuestos por las instituciones representativas tradicionales. En el Estado comunal, en última instancia, la “voluntad popular”, eventualmente adversa a la revolución, se subordina al “poder popular”, vanguardia esclarecida de la transición al socialismo y correctora de los equívocos que puede cometer un electorado circunstancialmente “confundido”.

A pesar del contenido aparentemente doctrinario de este discurso, la realidad es que el chavismo no ha sido consecuente con esta versión “comunal” y “popular” de su revolución. La utilización selectiva de estas instancias ha respondido a un objetivo menos ideológico y más pragmático: la acumulación de poder y la distribución de la renta petrolera. En efecto, el chavismo se ha refugiado en la institucionalidad “burguesa”, cuando así le ha convenido, y ha impulsado estas figuras solo en la medida en que le han resultado funcionales.

La gran incógnita que se abre de cara al 2016 es, precisamente, hasta dónde podrá llegar el chavismo en esta estrategia de suplantación de la Asamblea Nacional. ¿Estarán dispuestos a convertir en leyes, formalizadas en Gaceta Oficial, las decisiones del Parlamento Comunal?; ¿Estarán dispuestos, en la situación límite a la que conducirá esta estrategia, a impedir de plano el funcionamiento de la Asamblea Nacional? El asunto, a mi juicio, no radica solo en que la élite oficial decida lanzarse a la confrontación, sino si logrará unidad interna en torno a estas estrategias y, más importante, si habrá economía que soporte más de lo mismo.

El chavismo ante el 6D: sin carisma ni recursos, pero con mucho poder

La violencia política que ha rodeado las campañas electorales en Venezuela acaba de superar un umbral crítico. El homicidio de un dirigente político opositor en pleno acto proselitista es la más reciente prueba de las tensiones sociales y políticas que confluyen sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

El chavismo ha venido mutando tras la muerte de su líder, Hugo Chávez, en dos sentidos, aparentemente contradictorios: se ha vuelto crecientemente autoritario pero también progresivamente inmovilista. Frente a la oposición y cualquier manifestación social independiente, se ha consolidado el estilo confrontativo y virulento, materializado en una más intensa utilización de los recursos represivos. Sin embargo, frente al archipiélago de grupos internos, el poder de la élite chavista parece más restringido y condicionado, limitado por el peso de la inercia del “legado” de Chávez y la capacidad de bloqueo de los intereses facciosos.

En este escenario, no ha habido oportunidad y menos capacidad para un viraje ni una recomposición política. El llamado “poschavismo” ha reproducido en buena medida las prácticas impuestas por Chávez, solo que en un contexto diferente: sin tantos recursos y sin nada de carisma. Y, recordemos, fue la combinación inescrupulosa de renta, carisma y poder la fórmula clave del éxito electoral chavista.

De este modo, ante la inminente elección legislativa, el Gobierno está encomendando su suerte a su último instrumento, el poder. Todo el control institucional y social está siendo utilizado para evitar –o más probablemente, suavizar- su derrota. El ventajismo electoral, la hegemonía comunicacional –ahora sí, muy evidente- y la violencia política son puntales de una estrategia planificada para: 1. Sembrar desesperanza en el electorado opositor; 2. Generar temor en el electorado independiente; y 3. Afianzar la movilización del chavismo recalcitrante.

¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar el oficialismo?; ¿será suficiente para modificar la tendencia clara que muestran las encuestas?; ¿lograrán divorciar el voto nacional, casi seguramente favorable a la oposición, de la distribución de escaños?; Y si la oposición obtiene mayoría parlamentaria, ¿cómo reaccionará el chavismo?; o, por el contrario, si el chavismo logra sostener una mayoría, ¿qué hará la oposición? La diversidad de respuestas que puede recogerse frente a cada una de estas preguntas da cuenta de la incertidumbre que se cierne sobre el futuro inmediato de Venezuela.

En cualquier caso, y este es mi particular criterio, el oficialismo no quemará las naves el 6D. Si, a pesar de lo que falta por ver en estos nueve días, sale derrotado, es más que probable que saque a relucir un plan de choque político e institucional frente a la nueva Asamblea Nacional. La naturaleza de este plan dependerá de la calidad de la mayoría que conquiste la oposición. Preliminarmente, las posibilidades de fractura interna y los incentivos para cooperar son mínimos, ya que la lucha por el control de la agenda política y la gobernabilidad comenzará de inmediato. En esto jugará un rol crucial el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo control está siendo reforzado por el chavismo. También será determinante el uso que le dé la actual mayoría parlamentaria chavista  al mes que separa la fecha de las elecciones de la de la toma de posesión. En este hipotético escenario, Venezuela se abrirá a un 2016 muy complejo, sobre cuyo desarrollo solo cabe decir una cosa: las soluciones sensatas serán las más impopulares y, por lo tanto, más improbables.

La nueva reforma del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP): más controlador y menos participativo

La última reforma aplicada a la ley de los CLPP, publicada en Gaceta Oficial el pasado 3 de junio, ratifica la deriva controladora y restrictiva que el Gobierno Nacional le ha impuesto a las instituciones participativas creadas por la Constitución.

Artículo elaborado para la Fundación de Estudios Municipales (FUNDESMU).

Puedes leerlo completo en: https://fundesmu.wordpress.com/2015/10/29/la-nueva-reforma-del-consejo-local-de-planificacion-publica-clpp-mas-controlador-y-menos-participativo/

Política inteligente para ciudades inteligentes

La dimensión política del paradigma de la ciudad inteligente suele pasar desapercibida, consecuencia del excesivo énfasis colocado en la tecnología y la innovación como soluciones en sí mismas. 

Artículo elaborado para la revista digital Política Comunicada, el diario de la innovación en la gestión pública de Iberoamérica.

Puedes leerlo completo en: http://politicacomunicada.com/politica-inteligente-para-ciudades-inteligentes/

Gobiernos resilientes: el desafío de la innovación pública

Artículo elaborado para la revista digital Política Comunicada, el diario de la innovación en la gestión pública de Iberoamérica.

DISPONIBLE en: http://politicacomunicada.com/gobiernos-resilientes-el-desafio-de-la-innovacion-publica/

Las políticas públicas en el chavismo: conflicto, ideología y renta

Trabajo especial preparado para la sección Espacio Plural de la Revista POLITIKA UCAB (agosto 2015).

DISPONIBLE EN: http://politikaucab.net/2015/08/21/las-politicas-publicas-en-el-chavismo-conflicto-ideologia-y-renta/

 

La condena de Leopoldo López de cara al 6D

Reiterémoslo una vez más: el chavismo es eminentemente pragmático. Sus decisiones políticas deben ser interpretadas a la luz de sus intereses más inmediatos. En este sentido, la severa condena judicial emitida contra Leopoldo López es coherente con el relato que se ha elaborado para las bases duras del chavismo y que se sustenta en la premisa de que la oposición es la principal culpable de los problemas que aquejan al país: si alguien cree genuinamente que los factores opositores favorecen una guerra económica, arman y promueven a grupos criminales y conspiran continuamente contra la Constitución, considerara “justo” que sus principales dirigentes sean encarcelados.

 

El objetivo principal de la sentencia condenatoria es, en consecuencia, reforzar el ánimo de la estructura chavista, que demanda de su Gobierno mano dura y que si alguna queja presenta a Maduro es por su “debilidad” para enfrentar y desarticular las conspiraciones.  

La otra parte de la ecuación tiene que ver con el impacto de esta medida en el bando opositor. El propósito oficial es claro: desmoralizar y desmotivar a los seguidores tradicionales de la oposición, afianzando la idea de que el Gobierno no solo no se ha debilitado con la crisis sino que está plenamente dispuesto y preparado para utilizar todo su poder en cerrar el paso a cualquier intento de cambio político.

  

Sin embargo, si el liderazgo opositor, con Leopoldo López al frente, es capaz de consolidar el mensaje de que su liberación –y, en general, el freno a los atropellos gubernamentales- depende de la participación masiva en las elecciones del 6 de diciembre, es posible que hayan dado finalmente con el mensaje clave para movilizar a su electorado más radical, el más propenso a la abstención. Y esto, evidentemente, no le conviene en absoluto al chavismo, que juega buena parte de sus cartas en las elecciones parlamentarias a la desesperanza opositora.

En los próximos días, el Gobierno estará muy atento al impacto de esta decisión judicial en la opinión pública. Si, como parece probable, la severidad de la sentencia refuerza la intención de voto de la oposición, es muy posible que, mediante las instancias de apelación, la medida se suavice e, incluso, se sustituya Ramo Verde por la casa como sitio de reclusión. De este modo, el Gobierno podría intentar sacar el mejor balance posible de una situación política muy compleja: por un lado, el chavismo duro habría tenido la muestra de autoridad que demandaba; por el otro, López estará en su casa, con su familia, y no podrá ser utilizado en la campaña como un líder martirizado que necesita del voto de los más escépticos y pesimistas opositores.

Aunque la creencia generalizada en este momento sea que el Gobierno irá a fondo en su “venganza” contra López, no podemos olvidar que el chavismo es, recordémoslo, eminentemente pragmático.    

Cinco ideas claves sobre el legado del chavismo

En una interesante entrevista realizada por el portal Contrapunto.com, el profesor Edgardo Lander alude sin cortapisas al fracaso histórico del proyecto político chavista, colocando en el debate cinco ideas claves que merece la pena comentar:

1. El proyecto de democracia participativa se extravió al subordinarse a la lógica burocrático-militar que se impuso en el chavismo tras la proclamación de su carácter socialista. El impulso organizativo y participativo que se verificó en las comunidades y atravesó a varios sectores sociales quedó “aplastado” por la instrumentalización de la participación en función de la hegemonía política y el control estatal. En ese sentido, lejos de apostar a la auto-organización social como recurso del desarrollo local, el chavismo construyó una organización tutelada, clientelar, con fines estrictos de movilización y apoyo electoral. 

2. El chavismo, lejos de romper con el modelo rentista, lo profundizó a niveles inéditos. Concuerdo con Lander en que, en su momento, Chávez tuvo la ventana de oportunidad política y los recursos económicos para emprender la construcción de un modelo económico productivo. Esto sí que hubiese implicado una verdadera ruptura histórica. Sin embargo, Chávez optó por reforzar el mito del país rico y se limitó a cambiar, parcial e imperfectamente, el esquema de distribución de la renta. Y digo imperfectamente porque, a pesar de los discursos apasionados, los cálculos de distribución primaria del ingreso nacional (previa a impuestos y gasto público) demuestran que, gracias a la destrucción masiva de competencia impulsada desde el Gobierno, la porción que recibe el capital frente a la remuneración del trabajo es mayor que la que había en 1998. Si está tendencia era palpable en el 2011, se ha intensificado con la crisis, que ha llevado el sueldo mínimo –el que reciben los trabajadores de menor calificación relativa- a no más de 40 dólares, calculado a una de las tasas oficiales creada por el propio Gobierno (SIMADI).

 

3. La polarización ha erosionado la capacidad de reflexión nacional, reduciendo la dinámica política a una diatriba simplificadora y cortoplacista. Bajo la polarización, los actores políticos lucen incapaces de plantearse seriamente los grandes temas nacionales e internacionales. Al eclosionar los acuerdos sociales mínimos,  el país quedó desprovisto de un rumbo estratégico, esencial para enfrentar una coyuntura mundial como la actual. El Gobierno ha podido imponer a su antojo los códigos de la discusión nacional, y lo ha hecho guiado bajo el único interés de consolidar su hegemonía política. De este modo, la crisis que atraviesa Venezuela es también comunicacional y cultural. 

 

4. La corrupción se ha institucionalizado y ha permeado todos los niveles de relación entre Estado y sociedad. La destrucción de los controles institucionales, la militarización de la administración pública y la sobreimposición de controles económicos ha creado condiciones inmejorables para que prolifere la corrupción: ausencia casi absoluta de riesgos de sanción; ascenso de una cultura de opacidad y solidaridad automática; capacidad de presión inaudita de los funcionarios sobre los agentes privados. La corrupción adquirió, sin embargo, una curiosa justificación sociopolítica. En el fondo, el chavismo, al popularizar la idea de que los males y perjuicios sufridos históricamente por el pueblo lo habilitaban a recibir compensaciones cuantiosas, creó la atmosfera para que cualquier forma de apropiación particular sobre lo público estuviera legitimada. 

 

5. En definitiva, el mayor perjuicio que legará el chavismo es cultural e institucional más que político. Una sociedad históricamente mal o deficientemente gobernada como la venezolana siempre ha mantenido tensiones con los controles y limitaciones propios de las democracias liberales. Chávez se erigió como el caudillo que, con su don de mando y autoridad personal, acabaría con las injusticias y restauraría cierto nivel de orden. Bajo esa premisa, tuvo legitimidad para destruir los restos de institucionalidad que quedaban del antiguo sistema político, pero se negó a construir unas nuevas instituciones que, indefectiblemente, restringiríansus márgenes de discrecionalidad.

De este modo, dejó al país desprovisto de reglas, normas, estructuras y procesos medianamente aceptables que aseguraran el funcionamiento más o menos racional de la economía, el Estado y la sociedad. En ese vacío, se liberaron las tendencias anómicas y violentas de la sociedad y se proyectó, con mayor o menor colaboración gubernamental, un conjunto de actitudes individuales y colectivas marcadamente egoístas y antisociales. Resulta paradójico que la búsqueda del beneficio particular, fácil, rápido y a cualquier costo –el reino del más fuerte- prosperara como nunca bajo un régimen que se autoproclamó “socialista” y que reivindicó la solidaridad y el desprendimiento como valores centrales de un hombre nuevo que, a decir verdad, no tendría posibilidades de sobrevivir en un entorno como este.