Carlos Miguel Rodrigues
@carlosm_rod
Este
es la segunda entrega de una serie de artículos elaborados en los días
posteriores a las elecciones del 7 de octubre de 2012.
El
chavismo controla un Estado que recibe y distribuye una renta captada
internacionalmente. La mayor parte del ingreso petrolero es renta por la
sencilla razón de que no guarda relación con la productividad de la sociedad;
es, en sentido estricto, un ingreso percibido mas no producido. Esto le da al
Estado venezolano una significativa entrada de recursos que, al no depender de
ningún actor local, puede distribuir con excepcional holgura política en
función de sus propios intereses, con las únicas limitantes de los controles
institucionales y las presiones sociales.
El
carácter rentístico del Estado venezolano implica que su legitimidad se
encuentra esencialmente ligada a la forma como distribuye esa renta a nivel
social, sectorial y territorial. Y la forma en que decida esta distribución
impactará de forma determinante sobre el funcionamiento global del Estado y el
tipo de relación que establece éste con la sociedad; el rentismo impone así una
lógica a las sociedades que de él viven, lógica que penetra directamente sobre
la cultura y las prácticas políticas.
El
chavismo ha sabido aprovechar esta lógica rentística, la cual ha profundizado a
niveles sin precedentes. El aumento de los precios del petróleo en 2003
permitió inaugurar un ciclo expansivo del gasto público social concebido de
manera clientelar: las misiones sociales, a confesión del propio Chávez,
respondieron a una necesidad electoral –ganar el revocatorio de 2004- y, en
consecuencia, se estructuraron más como una estrategia electoral que como una
política pública. La medición positiva de su efectividad se hizo precisamente a
partir de los resultados de los comicios, lo que las convirtió en el núcleo de
la estrategia de legitimación y captación de apoyos del chavismo desde
entonces.
Con
el uso clientelar de la renta, el chavismo ha buscado –y logrado- crear lazos
de afinidad, apoyo y lealtad con una proporción mayoritaria de la población.
Los programas de asistencia social se han dirigido a los sectores empobrecidos
urbanos y rurales, a los cuales se les ha transferido directamente ingresos y
se les ha proporcionado acceso a bienes -algunos públicos pero la mayor parte
privados- de los cuales estaban excluidos y a los cuales no tenían ninguna
esperanza de acceder por vía del mercado. Se trata de una estrategia de
distribución de valores materiales a cambio de apoyo político-electoral, por lo
cual es clave lograr un sentido de agradecimiento y deuda que motive y
garantice el apoyo, propósito alrededor del cual se han desarrollado las
misiones.
Su
origen, como se dijo, siempre ha estado asociado a un período pre-electoral
(2003 y 2011), sobretodo de los comicios en los que se juega la Presidencia. En
las misiones, las actuaciones del Estado, el gobierno y el partido se
confunden, siendo difícil diferenciarlas. La negativa a institucionalizarlas
responde al claro interés de mantenerlas como beneficios exclusivos del
gobierno chavista, que desaparecerían en cuanto no sea Chávez el Presidente.
Por ello, se conceptualizan a nivel propagandístico como productos de la buena
voluntad y el compromiso social de Chávez como individuo, nunca como políticas
estratégicas del gobierno o como estrategia global de transformación social.
Igualmente,
es visible la dedicación de un esfuerzo significativo al registro y a la
organización socio-política de los participantes, esfuerzo que en ocasiones
puede incluso superar el que se dedica a la misma prestación del servicio o
bien que dio origen formal al programa. ¿Acaso este país no vivió sucesivos y
muy bien organizados procesos de registro en las Grandes Misiones, ejecutados
como grandes obras de la gestión gubernamental?
Sin
embargo, es el carácter privado de los
bienes entregados a través de las misiones, carácter que se ha profundizado
significativamente en las últimas versiones, lo que resulta más funcional a su
utilización clientelar. Las viviendas, los créditos, las becas, son, en sentido
económico, bienes privados, ya que permiten la exclusión en su consumo; es
decir, son bienes distribuibles y entregables a determinados individuos y
grupos y a otros no. Esta posibilidad es la que garantiza que las misiones
arrojen beneficios materiales individuales y concretos, entregados a una
persona en particular, persona con la cual es posible crear el lazo directo de
agradecimiento, lealtad y, más precisamente, dependencia, que el chavismo
requiere para que su hegemonía prospere.
La
construcción de una carretera o la disminución de los índices delictivos son
funciones básicas del Estado pero que generan beneficios muy difusos, que
disfrutan muchas personas anónimas a las cuales es muy difícil contactar o aún
persuadir en su motivación al voto. La hegemonía chavista no funcionaría tan
efectivamente si dedicara su gigantesca renta petrolera a atender estos asuntos
que son de un marcado carácter público-estatal; por ello, el chavismo ha
redirigido la gestión pública hacia el ámbito del consumo de los bienes
privados, entregando viviendas, vehículos, puestos de trabajo o créditos a
personas que no tienen posibilidades de acceder a ellos a través del mercado.
En este esquema, la contraprestación y el retorno no se miden en dinero –como
en el mercado- ni en la mejora de los indicadores sociales –como en los Estados
realmente sociales- sino en votos.
Se trata
de una decisión muy racional por parte del gobierno que, además, se apoya en la
psicología egocéntrica del elector promedio venezolano, quien prioriza su
bienestar personal y el de su entorno inmediato a la situación local o nacional
a la hora de determinar su voto. Este elector evalúa una mejora muy importante
de su situación individual y la contrasta con problemas públicos relevantes
pero que afectan a muchos: lo que compara es un beneficio intenso y directo
–que proporciona Chávez- frente a un perjuicio difuso e indirecto –que denuncia
la oposición-.
La
campaña propagandística gubernamental y la llamada conexión “religiosa” del
Presidente con el pueblo vendrían a ser elementos adicionales, que solo
refuerzan el efecto de este sistema clientelar. Con el despliegue de
propaganda, se fortalece el sentido de agradecimiento y se logra mantener viva
la esperanza de que sea cuestión de tiempo recibir beneficios, bajo la prueba
de que “ya hay muchos beneficiados”; con el discurso de reconocimiento y la conexión
emocional, muchos electores intentan racionalizar su apoyo -el cual no pueden
asumir descarnadamente como un intercambio de beneficios por votos-. El hecho
de que lo emocional en el chavismo no sea más que un agregado de refuerzo a la
estructura material de redes clientelares, que son las que sostienen la
hegemonía, ha quedado muy en evidencia en las recientes elecciones
presidenciales, en las que la ventaja estratégica de controlar el Estado ha
sido explotada por el chavismo como nunca antes.
De
esta forma, el chavismo comparte con AD y COPEI dos de las condiciones de
supervivencia de su hegemonía: los abundantes ingresos petroleros y el
crecimiento lento y controlado de las expectativas sociales. Un eventual efecto
combinado en ambos pilares –caída de precios y aumento de expectativas-
representaría la entrada en crisis del sistema, momento en el que
verificaríamos, nuevamente, lo débil que puede ser la gobernabilidad en un
sistema hegemónico que se funda sobre variables que no controla y que alimenta
dinámicas sociales insostenibles.