La cola como enemigo político

El nuevo superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, es un político con ambiciones. Recién nombrado por Maduro, se ha estrenado en el cargo haciendo ruido. Para darle credibilidad a su declaratoria de guerra contra las colas, ha decidido sancionar a la cadena estatal Abastos Bicentenario por mantener cerradas en su sucursal de Plaza Venezuela más de la mitad de las cajas registradoras.

La decisión, aunque aislada y, de cierto modo, pintoresca, no es menor. Sus implicaciones son más profundas de lo que una lectura superficial del hecho puede sugerir:

En primer lugar, esta medida refleja la profundidad de las divisiones internas en el Gabinete de Maduro. Que un organismo oficial sancione a una empresa pública por violar la ley puede ser relativamente común en otros países, pero en la lógica chavista, un reconocimiento público de la ineficiencia estatal solo puede evidenciar la progresiva erosión que está sufriendo la unidad de sus cuadros dirigentes, consecuencia de la gravedad de la crisis actual.

 

En la racionalidad del chavismo, la ley y la propaganda son instrumentos de gobierno igualmente importantes pero con funciones diferentes: la ley sirve para lidiar con el “otro”; la propaganda, para construir la imagen propia. En este caso, la aplicación selectiva de la Ley de Precios Justos tiene también una intención propagandística, como vitrina de los esfuerzos que hace el propio Gobierno por mejorar el funcionamiento del amplio universo de organismos, sectores y sistemas que controla. Aun así, reprender ante la opinión pública a un organismo como Abastos Bicentenario, pieza central del sistema estatal de distribución de alimentos, ha debido dejar una nueva herida en las tensas relaciones entre los grupos de poder del oficialismo.

En segundo lugar, el objeto de la medida -la cola- indica la inquietud que está generando en el Gobierno la rutinización de las filas de compradores a las puertas de miles de comercios en todo el país. Es curioso el hecho teniendo en cuenta que la aparición de “la cola” como fenómeno social tuvo uno de sus hitos principales en el operativo de intervención de locales y venta forzada de productos decretada por Maduro en noviembre pasado. En esa ocasión, el Presidente llamó a la población a ir en masa a comprar electrodomésticos. Durante los últimos meses, las colas se han extendido a los supermercados y bodegas, las ventas de autopartes, las farmacias e incluso las panaderías, repitiéndose día tras día al punto de convertirse en un evento cotidiano, para el cual las personas se han ido organizando y han ido creado protocolos que permitan hacer de la escasez una oportunidad de negocios.

El asunto es que la cola, inicialmente introducida por el Gobierno en un experimento controlado, está adquiriendo por la generalización de la escasez dos atributos políticamente amenazantes. 

Por un lado, tiene un potencial disruptivo. Las filas se están convirtiendo en drenajes colectivos de frustración, lo que se refleja en constantes agresiones verbales e incluso físicas entre los que esperan. Por ahora, la mayoría dirige su ira al comerciante particular, a los que compran para “revender” o, especialmente, a los que intentan “colearse”. Pero el Gobierno sabe muy bien que en una sociedad caotizada, frustrada y anomica, una chispa puede prender toda la pradera. El riesgo de que de la pelea se pase al disturbio y de allí al saqueo es preocupante para un Gobierno que ha hecho de la garantía de la estabilidad y la paz su carta de presentación.

Por otro lado, la cola tiene un potencial de degaste. Las largas esperas incentivan la conversación. Como en un banco, el primer tema en común es el de la propia cola y, sobretodo, sus causas: la ausencia o lentitud de los cajeros, el retraso que generan los mensajeros y sus decenas de depósitos, etc. Estas conversaciones se están llenando, inevitablemente, de la frustración social que domina el ambiente. 

La cola se ha convertido así en el principal espacio de socialización política: de manera espontánea, las personas intercambian experiencias y comparten opiniones, creándose una empatía políticamente muy poderosa. En estas conversaciones, los “indignados” suelen dominar la estructura argumental y la mayoría numérica, por lo cual los otros dos grupos presentes –los “conformistas”, que no vinculan la cola a un asunto político o simplemente la han convertido en su modo de vida; y los “conspiracionistas” que la relacionan con la “guerra económica”- no solo no se atreven a opinar sino que en buena medida terminan siendo influidos por las acusaciones contra el Gobierno. Estas dinámicas van produciendo tres efectos complementarios: a los abiertamente opositores, los radicalizan; a los “no alineados”, los llenan de dudas; a los abiertamente chavistas, los desmoralizan. 

El Gobierno, probablemente a través de sus investigaciones sociales, parece haber percibido estos riesgos y ha decidido plantear la operación “mata-colas” como una guerra total: o el Gobierno “mata” a las colas o las colas “matan” al Gobierno. Siendo así, qué gane el mejor.

¿Qué es el chavismo? Parte III

El momento de mayor radicalización del chavismo se produjo en el año 2007. El conjunto de iniciativas políticas planteadas por Chávez luego de su holgada reelección implicaban una ruptura frontal con el modelo institucional con el que hasta entonces había convivido: la reforma constitucional y la Ley Habilitante planteaban la socialización de la economía y la centralización del Estado; el partido único perseguía uniformar a la militancia chavista y reunirla bajo un mando central; las nuevas Misiones se proponían reforzar la ideologización de las bases; otras medidas políticas y administrativas, como el cese de la concesión a RCTV, restringían sensiblemente el campo de acción de la oposición. 

Este viraje confirmó que Chávez estaba dispuesto a materializar sus premisas discursivas y generó una sensación de avasallamiento que fue clave en la reactivación de las movilizaciones opositoras. La oposición volvería a las calles pero esta vez con otros actores, estrategias y discursos. La agenda pasó a ser liderada por el más valorado sector estudiantil. La estrategia se encaminaba a explotar políticamente el divorcio entre los planteamientos ideológicos de la élite gobernante y las necesidades materiales de las bases chavistas. El discurso tenía, en consecuencia, una matriz más social, aunque sin abandonar los códigos tradicionales vinculados a la defensa de la libertad y la democracia. 

La derrota electoral de la reforma constitucional evidenció los límites de la hegemonía chavista, confirmando que el voto por Chávez tenía un fundamento más utilitario que ideológico y que la repartición clientelar de la renta petrolera aún no había sido superada por la “conciencia del pueblo”.

Luego de este revés, Chávez retrocedió y se dedicó por entero durante el 2008 a dos tareas de importancia estratégica. En primer lugar, la construcción del Partido Socialista –ahora “unitario” y no “único”- era crucial para asegurar un instrumento de movilización electoral y organización política operativo, vinculado orgánicamente a la estructura del Estado. Además, Chávez resentía la necesidad de fortalecer el nivel ideológico de sus cuadros políticos, una gran debilidad heredada del Movimiento Quinta República. La segunda gran tarea fue avanzar en la legalización del programa socialista a través de los procedimientos del Poder Constituido, vista la negativa del Poder Constituyente. Los múltiples cambios legales realizados a través  tanto de la Habilitante como de la mayoría en la AN reforzaron aún más el presidencialismo y habilitaron el creciente intervencionismo estatal en la economía. 

 

El gran evento político del segundo mandato de Chávez -la suspensión en febrero de 2009 de las limitaciones a la reelección presidencial- pasó de algún modo bajo la mesa. Sin embargo, esta decisión no solo allanó el camino a una nueva candidatura sino que aplacó los movimientos internos del chavismo, ratificando el liderazgo centralizado como su espina vertebral. De este modo, se consolidó la estructura de incentivos que operaba dentro del PSUV, centrándose la puja entre los dirigentes en torno a la obtención del respaldo de Chávez, constituido en el gran elector tanto de los cargos de votación popular como de designación administrativa. 

Las distorsiones económicas acumuladas, el bajón global en los precios del petróleo, la crisis de abastecimiento de servicios básicos y la separación de nuevas figuras y partidos, hicieron del 2010 el año “horriblis” del chavismo. En esta ocasión, Chávez volvió a demostrar lo lejos que podía ir en la manipulación de las normas democráticas cuando la impopularidad amenazaba su hegemonía política. Previo a la votación parlamentaria, los circuitos electorales fueron modificados para reducir la representación de la oposición en la Asamblea Nacional y, posteriormente, cuando en los comicios el chavismo perdió la mayoría absoluta, se aprobaron normas legales de manera acelerada, incluida una Habilitante legislativa especial para Chávez que duraría el primer año de gestión del nuevo Parlamento.

Diciembre de 2010 representó el inicio de la campaña chavista por la reelección. El amplio contingente de damnificados generados por las lluvias representó una oportunidad política para Chávez, quien rápidamente decidió diseñar un programa de atención especial para los afectados. Esta respuesta a la crisis volvió a elevar su popularidad, mientras que la recuperación de los ingresos petroleros y una política de acelerado endeudamiento le permitieron relanzar agresivamente las políticas redistributivas, esta vez canalizadas a través de las nuevas Grandes Misiones. La lógica de estos programas sociales era muy clara: incrementaban las dimensiones del beneficio material prometido –viviendas y asignaciones directas por hijo- para reconstruir el lazo clientelar desgastado, el cual quedaba sellado totalmente con un registro personal muy detallado, clave para la movilización el día de las elecciones. La política de expropiaciones, el cierre de medios de comunicación o la construcción de las Comunas se detuvo pragmáticamente, evidenciando que Chávez conocía el aún escaso desarrollo de la “conciencia socialista” en sus bases.

La enfermedad de Chávez sumó a esta sólida red utilitarista una nueva y más poderosa faceta de la conexión emotiva líder-masas. Con ello, se selló una ventaja electoral que difícilmente la oposición podría haber revertido. El esfuerzo de Capriles incidió de algún modo en que la oposición obtuviera el mejor resultado en sus confrontaciones directas con Chávez, pero el balance más claro de los comicios de 2012 es humano y económico: Chávez salió aún más delicado de su accidentada campaña y la economía terminó exhausta de suministrar los recursos para un exorbitante gasto público.

El agravamiento de las dolencias de Chávez luego de su victoria electoral lo obligó a planificar el futuro de su movimiento y dio tiempo suficiente para que se produjeran los ajustes y acuerdos internos en la nomenklatura chavista, hasta entonces subordinada a los dictámenes de su líder indiscutido. En ese sentido, los lineamientos dejados por Chávez fueron en realidad dos. En primer lugar, en cuanto al liderazgo, no solo nombró a Maduro como jefe político sino que, de manera indirecta, designó a Cabello como segundo al mando, reconociendo su rol clave en el ámbito militar y en el manejo del partido. Y también en términos programáticos, Chávez precisó la necesidad de combinar la ideología revolucionaria con el pragmatismo estratégico: “ni pacto con la burguesía ni desenfreno revolucionario” era la consigna que advertía contra desviaciones a la derecha o a la izquierda. 

El postchavismo surgido tras la muerte de Chávez parece estar dominado por dos rasgos centrales, derivados de la reducción sensible de los recursos carismáticos y económicos que permitieron encumbrar a su líder. Por un lado, se ha producido una mayor dispersión de las fuerzas chavistas, la cual, si bien no ha conducido aún a una ruptura importante, obliga a Maduro a gestionar la jefatura política con mayores precauciones, haciendo un uso más intensivo de la negociación y los ajustes internos. Por el otro lado, los cambios en el ejercicio de gobierno resultan también palpables, con una agenda más vinculada a los problemas, un discurso más conciliador y una acción pública mucho más pragmática, especialmente en el campo económico. 

Aunque Maduro ha demostrado hasta ahora habilidad para sostener al chavismo en medio de las complejidades, su mermada popularidad y la obligación de adoptar medidas económicas impopulares representan el mayor reto al que ha tenido que hacer frente el chavismo en su accidentada pero resiliente historia.