Las implicaciones políticas del caso #Carvajal

El día 23 de julio fue arrestado al aterrizar en Aruba el General venezolano Hugo Carvajal, ex director de Inteligencia Militar durante la Presidencia de Chávez y actualmente nominado por el Gobierno de Maduro para ocupar el cargo de Cónsul en dicha isla. La detención fue realizada por la policía local cumpliendo una orden de la Justicia estadounidense que relaciona a Carvajal con actividades de narcotráfico. Las máximas autoridades venezolanas han expresado su apoyo al General y han denunciado la acción como una maniobra política violatoria de las normas internacionales en materia diplomática. Se presume que en los próximos días EEUU presentará una solicitud de extradición.

Se trata de un asunto políticamente muy delicado que ha acaparado la atención de los medios internacionales. Su relevancia radica tanto en el rango y estatus de Carvajal como en la gravedad de los delitos que se le imputan. Analicemos los hechos, sus antecedentes e implicaciones:

1. Relaciones EEUU-Venezuela: El chavismo ha establecido su hegemonía política sobre la base de la confrontación. Por definición, toda confrontación involucra la construcción discursiva de uno o varios “enemigos”. El enemigo predilecto del chavismo ha sido y sigue siendo “el Imperio”. 

Aunque en ocasiones muy intensa, esta confrontación ha sido fundamentalmente política y diplomática: las operaciones militares y las acciones económicas no han formado parte del instrumental de esta “guerra” asimétrica. A pesar de ello, las alianzas estratégicas que ha forjado Venezuela con rivales globales de EEUU como Irán o Rusia han lesionado los intereses de Washington en la región, mientras que el apoyo político y financiero estadounidense en movimientos golpistas e insurreccionales en Venezuela está suficientemente probado. 

En el marco de esta confrontación, las autoridades norteamericanas y otros representantes políticos de ese país han lanzado reiteradas acusaciones contra el Gobierno venezolano por violar normas internacionales, respaldar a grupos violentos o colaborar en acciones que amenazan la seguridad internacional. El expediente del “Estado forajido” contra Venezuela se ha nutrido fundamentalmente de dos capítulos: el apoyo al terrorismo, por un lado, y la cooperación con el narcotráfico, por el otro. Estas dos causas confluyen en el caso de las FARC. 


Desde la expulsión de la DEA del país, en el año 2005, distintas agencias estadounidenses han venido denunciando que Venezuela no coopera en la lucha contra el tráfico de narcóticos. Paralelamente, informes especializados de la ONU han confirmado que el territorio venezolano se ha vuelto un área fundamental para el tránsito de drogas. Estas acusaciones se intensificaron en el año 2008 al involucrar a funcionarios militares de alto nivel, los cuales fueron sancionados a nivel comercial y financiero por presuntamente brindar apoyo logístico y material a las FARC y grupos narcotraficantes. Entre estos funcionarios estaba Hugo Carvajal, entonces jefe de la DIM. Desde entonces, otras denuncias como las realizadas por Walid Makled han sembrado nuevas sospechas sobre funcionarios chavistas de alta jerarquía. 

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, el arresto de Carvajal constituye la primera acción de fuerza que se realiza bajo este expediente contra algún alto funcionario venezolano. Es, sin duda, un salto cualitativo en esta confrontación: de las amenazas verbales a las acciones coercitivas. Esta transición, lejos de ser casual, responde a dos tendencias muy claras. Por un lado, la administración de Obama ha venido sufriendo una intensa presión de la derecha republicana para que adopte sanciones más duras contra funcionarios venezolanos. Por el otro, Venezuela se encuentra confrontando una severa crisis económica que ha venido erosionando lentamente la legitimidad política de Maduro, lo que ha obligado al Gobierno a replegarse a nivel internacional. En este contexto, el viaje de Carvajal a Aruba sirvió la oportunidad para esta escalada. 

2. Chavismo y Narcotráfico: Más allá del caso específico de Carvajal, no hay duda de que Venezuela está siendo penetrada por el narcotráfico internacional. La defensa que hace el Gobierno de su política antidrogas remite a dos datos: las cantidades de drogas decomisadas y el número de capos arrestados. Paradójicamente, estas cifras “récord” solo ponen en evidencia que efectivamente cada vez más narcotraficantes utilizan a Venezuela como zona de tránsito y estadía, lo cual, en el mejor de los casos, refleja la “confianza” que tienen en el país como zona “segura” para hacer sus negocios. Además, su fácil ingreso y movilidad interna solo se explican por la mezcla de débiles controles de seguridad y algún margen de complicidad por parte de funcionarios venezolanos. 

Precisamente, la combinación de debilidad institucional y complicidad oficial parecen estar detrás del ascenso no solo del narcotráfico sino de todas las ramas de la actividad delictiva en el país. Aunque los orígenes del proceso de destrucción institucional que actualmente sufrimos pueden ubicarse en la década de 1980, es innegable que en la última década esa tendencia se ha acelerado, animada por la estrategia y el discurso producidos desde el poder. 

El chavismo ha desarrollado con fines políticos una estrategia de concesión de autonomía a distintos individuos, grupos y actores con el objeto de garantizar su lealtad política. Aunque electoralmente eficaz, estas decisiones han atomizado la estructura y destruido la efectividad del Estado, permitiendo que una amplia multiplicidad de funcionarios, órganos y entes actúen de forma más o menos independiente, sin exigencias de resultados ni controles sancionatorios. La connivencia con el narcotráfico puede entenderse aquí como un producto no buscado de otorgar “carta blanca” a muchos funcionarios e instituciones y permitirles actuar sin temor a sanciones. 

Alineado con esta estrategia, el relato político chavista se ha construido alrededor de un maniqueísmo que, de forma más o menos explícita, justifica comportamientos o acciones legal o éticamente cuestionables pero políticamente válidas por oposición a los intereses del “enemigo”. En este caso, el narcotráfico es caracterizado como uno de los grandes problemas globales por el “Imperio”, lo cual, de entrada, lleva al chavismo a tratarlo de manera algo más benevolente. En este sentido, puede considerarse el apoyo al narcotráfico, sea o no realizado por las FARC, como una especie de acción subversiva clandestina propia de una guerra asimétrica. Así entendida, la complicidad pudo ser no solo permitida sino avalada desde el más alto nivel político chavista. 

3. Información Confidencial: Carvajal es, de los tres oficiales incriminados en la Lista Clinton, el de más bajo perfil político. Rodríguez Chacín y Rangel Silva fueron ministros y ahora son gobernadores. Por el contrario, Carvajal calza más con la figura del operador burocrático. Sin embargo, su peso político radica tanto en su cercanía y nivel de confianza con Hugo Chávez como en su posición estratégica en la estructura de inteligencia, con todas las implicaciones que ello tiene en el manejo de información confidencial. Precisamente, Carvajal ha debido ser identificado por EEUU como figura clave para la fabricación de expedientes contra figuras de mayor peso y figuración pública en el chavismo. Su arresto puede verse así más como un medio que como un fin. 

4. Implicaciones Políticas: El manejo privilegiado de información clasificada y el bajo perfil político de Carvajal deben constituir una mezcla inquietante para la nomenklatura chavista. La reacción oficial de apoyo y solidaridad inmediata resulta lógica y puede interpretarse de tres modos diferentes. En primer lugar, el mensaje va dirigido al propio Carvajal, reiterándole que el Gobierno le apoyará plenamente y no le dejará solo. Los riesgos de que Carvajal pueda sentirse traicionado y acceda a un “acuerdo” con las autoridades estadounidenses son muy elevados. Antecedentes como el de Rafael Isea o el de Eladio Aponte demuestran que cuando funcionarios del más alto nivel se sienten traicionados o amenazados utilizan la delación ante autoridades estadounidenses como su principal venganza.

En segundo lugar, se está enviando un mensaje de tranquilidad a los demás jefes militares y políticos del chavismo, subrayando que el Gobierno les apoya y los defenderá en cualquier escenario, siempre y cuando se mantengan leales. El arresto de Carvajal materializa la idea de que solo el control del poder político les garantiza a los miembros de la élite chavista la seguridad y el bienestar alcanzados y los aleja de sanciones y penalidades retaliativas. La unidad de la dirigencia oficial, a pesar de todas las divergencias, se refuerza de manera automática.  Finalmente, el tercer mensaje va dirigido a toda la estructura chavista y busca alimentar la sensación de “asedio”. Este caso les permite a los voceros oficiales reactualizar el relato de la victimización y el enemigo externo, el cual, aunque ha venido perdiendo efectividad, servirá como nuevo distractor momentáneo.

¿Qué es el chavismo? Parte II

El chavismo es un fenómeno sociopolítico muy peculiar, sobre el cual se han tejido las más disímiles y polémicas calificaciones. En el artículo anterior intenté recoger los elementos principales de este debate, evitando fijar postura. En este trabajo, dividido en dos partes, me propongo recorrer la evolución del chavismo desde su surgimiento como insurgencia militar hasta su situación actual. 

El chavismo surge como un movimiento de disidencia radical ante el colapso del sistema político establecido en 1958, en oposición al cual define sus principales rasgos. La crisis del sistema había comenzado a manifestarse a inicios de la década de 1980, consecuencia del agotamiento del modelo de desarrollo instaurado. La reducción de ingresos petroleros por situaciones externas puso en evidencia los débiles pilares del crecimiento económico, el bienestar social y la estabilidad política logrados hasta entonces. El fuerte control de los partidos tradicionales sobre el proceso decisorio y las resistencias de la clase política impidieron que se consolidaran reformas fundamentales en la economía y el Estado. Los cambios realizados tendieron a ser parciales, insuficientes y tardíos. Las distintas tentativas renovadoras promovidas por actores del sistema fracasaron políticamente y aumentaron el malestar social, abriendo paso a opciones ajenas al estamento político, portadoras de proyectos de “refundación nacional”.  

Hugo Chávez se ajustó plenamente a esta necesidad, construyendo un discurso diametralmente opuesto a la clase política establecida. La “revolución bolivariana” que llega al poder en 1998 se basaba en un planteamiento fundamentalmente político: se proponía sustituir un régimen plenamente representativo, partidocrático, burocratizado y aún muy centralizado por otro muy participativo, descentralizado y abierto a la sociedad civil. En ese sentido, su programa original no pasaba de ser una amalgama de ideas y conceptos provenientes de tres fuentes inconexas: el ideario republicano de Bolívar y otros pensadores independentistas; las tradiciones progresistas del campo político venezolano, incluido el socialcristianismo; y un collage de buenas prácticas de gestión admitidas internacionalmente, condensado en el amplio programa de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado). 

En parte gracias a este heterogéneo contenido programático, el chavismo atrajo originalmente a un conjunto de agrupaciones e individualidades muy diverso. El Chávez candidato fue respaldado por la izquierda tradicional, sectores descontentos de los partidos tradicionales y grupos de poder de corte liberal. El único común denominador de esta pléyade de actores era su malestar con la clase política y su aspiración a influir –o abiertamente controlar- la toma de decisiones de un gobierno que estaría presidido por un outsider sin mayor experiencia política. 

Este chavismo en rol de oposición es, sin duda, diferente al chavismo que asumirá el poder en los primeros años. En términos generales, el presidente Chávez se propuso como primera tarea política aumentar su control sobre los recursos de poder, evidencia de que el suyo no sería un gobierno breve o sumiso. En ese sentido, estos primeros años se caracterizaron por una combinación utilitarista de estrategias de confrontación y cooperación, respaldadas tanto por el amplio apoyo popular que había alcanzado como por la debilidad política de la oposición, dividida y excluida del reparto rentístico. En este contexto se incluye no solo la aprobación de la nueva Constitución y otras normas legales, sino la lucha y posterior control institucional sobre centros de poder claves como Pdvsa, las Fuerzas Armadas y el Banco Central de Venezuela, así como la progresiva depuración de los elementos más conservadores o independientes del chavismo, los cuales van pasando a engrosar las filas de la oposición. 

El recurso a las urnas como instrumento para aumentar el control político fue posible gracias a la creciente organización electoral del chavismo. Si bien el carisma de su líder es un factor que no puede desdeñarse, es dudoso que el chavismo hubiese sobrevivido a la fase de severa confrontación política frente a una oposición económica y mediáticamente poderosa (2001-2004) sino fuese por la estrategia de organización clientelar de las bases populares, cuya mayor referencia fue el lanzamiento de las Misiones Sociales en 2003, vitales para el triunfo de Chávez en el referendo revocatorio. 

En esta etapa el chavismo empieza a registrar una progresiva radicalización ideológica y endurecimiento político. Su estrategia de exclusión-confrontación política en función de aumentar el control sobre el Estado se combina con un discurso público más agresivo y la lenta incorporación de elementos estatistas en algunas normas legales. Frente al esquema económico liberal establecido en la Constitución, las leyes aprobadas por Habilitante en el año 2001 introducen un mayor control del Estado sobre la vida económica, especialmente en ámbitos como el agrícola y el energético. En esa misma línea, el cambio de actitud en política exterior, reflejada en un alejamiento de EEUU y el forjamiento de alianzas políticas estrechas con Cuba y China, advierten de un viraje hacia posturas más izquierdistas. Sin embargo, nada de esto puede interpretarse aún como una ruptura con el esquema ideológico de “Tercera Vía” propuesto inicialmente: por el contrario, la legislación aún es tímidamente liberal y la coalición política chavista aún está dominada por fuerzas reformistas.

El triunfo electoral en el referendo del 2004 consolida el poder de Chávez tanto sobre el Estado como sobre el movimiento chavista. Las agrias disputas de los años precedentes le han permitido controlar plenamente los dos recursos vitales del poder político –la violencia legítima, alojada en la Fuerza Armada; y la capacidad de gasto, sostenida por Pdvsa- y desplegar más abiertamente su apuesta ideológica por el socialismo. Este doble control y este viraje ideológico marcarán indeleblemente la evolución del chavismo desde entonces: su carácter cívico-militar, su soporte clientelar y su proclamación socialista son, sin duda, las claves que permiten entender la sobrevivencia del chavismo hasta nuestros días.

El fracaso de las iniciativas opositoras –primero insurreccionales y luego electorales- para desplazar al chavismo del poder y destruir su legitimidad abrieron una etapa de relativa “normalización política”, que permitió el ascenso de los partidos en la dirección de la coalición opositora. Con la confianza de tener a la oposición a raya, Chávez proclamó el carácter socialista de su revolución y confeccionó un programa denominado “Primer Plan Socialista” para el período 2007-2013. Su holgada reelección a finales de 2006 tuvo dos efectos inmediatos: la radicalización de su proyecto político y la definitiva proclamación del carácter político-electoral de la estrategia opositora. 

Como comentaré en el próximo artículo, el año 2007 sería el momento de mayor radicalización del chavismo en su historia y, consecuencia en buena medida de ello, también el de su más grave revés político.