Las
elecciones parlamentarias fueron fijadas para el 6 de diciembre. El gobierno ha
considerado preferible convocar los comicios –lo que no equivale a realizarlos-
que seguir postergando el anuncio del cronograma electoral, con el concomitante
recrudecimiento de la presión internacional.
En
un artículo
publicado en abril, argumenté que el chavismo ha estado adecuándose a un nuevo
escenario político. En un contexto de bajos recursos, déficit de carisma y
menguada influencia internacional, el chavismo habría decidido asumirse
estratégicamente como un gobierno en minoría. En otras palabras, el poder chavista ha optado por gobernar
exclusivamente en función del llamado “chavismo duro”, en el que se
incluyen tanto la base popular directamente vinculada a los programas e
instancias del gobierno como la estructura dirigente política, burocrática y militar.
Satisfacer a estos dos grupos exige, lejos de aplicar reformas, consolidar el
inmovilismo político y económico, especialmente en ámbitos de relevancia
simbólica y material como los controles económicos, los subsidios, las Misiones
y la confrontación con la oposición y con los EEUU. A juzgar por los números,
la estrategia pareciera ser efectiva: tras la fuerte caída de la popularidad
presidencial durante el 2014, el índice tocó piso en enero (22,6%)
y se ha recuperado ligeramente desde entonces, ubicándose en 25,8%
a finales de mayo.
En
función de esta premisa, el gran problema que se le plantea hoy al chavismo es:
¿cómo mantener la hegemonía política con
un respaldo social minoritario? En el artículo antes mencionado, plantee
tres estrategias que seguiría el oficialismo para lograrlo: reforzar la unidad
y disciplina del voto duro chavista; erosionar la capacidad de la oposición de
captar el voto castigo; y manipular el tablero electoral para reforzar el valor
del voto chavista y mermar el del voto opositor. Estas orientaciones se han
verificado en estos meses con nuevas evidencias.
En
cuanto a la primera estrategia, las
elecciones primarias del PSUV constituyeron un gigantesco ejercicio de
movilización y logística para afinar la eficacia de su voto duro. Medir y
calibrar la fuerza electoral, antes que definir candidaturas, fue el objetivo
de estos comicios. Por ello, la cantidad de electores, captados fundamentalmente
a través de las abultadas nóminas públicas y los registros de los viejos –y
nuevos- programas sociales, eclipsó la relevancia de los candidatos electos,
quienes, en su gran mayoría, ya tenían la victoria asegurada. En este aspecto,
nuevos registros de potenciales beneficiarios -como el de la Gran Misión Hogares
de la Patria- serán instrumentos claves en la búsqueda y acarreamiento de
votos, mientras que los urbanismos de la Misión Vivienda continuarán operando
como cotos electorales sin ninguna presencia opositora y ninguna garantía
electoral de equilibrio. Para incrementar el ánimo de este chavismo
recalcitrante es probable que se reserven para fechas cercanas a los comicios
nuevas intervenciones selectivas contra el empresariado, así como operativos
masivos de venta de alimentos y electrodomésticos, importados con los recursos
que logren exprimir de los activos internacionales.
En
el segundo aspecto, un conjunto muy significativo de acciones se han dirigido a
debilitar a la oposición, distraerla de
la crisis socioeconómica y profundizar sus líneas de divergencia. Las
inhabilitaciones políticas, antes que sacar de carrera a uno que otro dirigente
concreto, buscan azuzar el conflicto interno entre bandos opositores,
incrementando sus fricciones frente a los abusos gubernamentales. Las amenazas acerca
de impedir la inscripción de la tarjeta unitaria o, más aún, suspender a los
partidos que no concurran con su propia tarjeta, distraen a la oposición,
refuerzan sus diferencias internas y justifican la negativa de organizaciones
como Voluntad Popular a abandonar su opción partidista. El cambio en las normas
sobre candidaturas por género persigue desacreditar a la oposición pero, sobre todo,
obligarle a reabrir los acuerdos logrados sobre sus candidaturas. Nuevas
inhabilitaciones selectivas; amenazas renovadas sobre la violencia que
desataría una victoria de la MUD; el montaje de expedientes y grabaciones
contra opositores; y el apadrinamiento de supuestas divisiones internas, abundarán
con toda seguridad en los próximos meses.
En
lo referido a la tercera estrategia, los cambios en la reglamentación
electoral, como la comentada paridad de género o las nuevas proyecciones
poblacionales, se ampliarán. Las
condiciones electorales se irán modificando gradualmente de un modo que aumente
la sensación de que el voto no será secreto y la oposición no tendrá
posibilidades de conquistar la mayoría. En respaldar esta tesis juegan un
rol crucial los propios voceros oficialistas, quienes de manera cada vez más
abierta ponen en duda el secreto del voto. La posible aplicación de cuadernos
electrónicos de votación; restricciones a la observación internacional; nuevos
condicionamientos a la inscripción de partidos y candidatos; y manipulaciones
ventajistas del Registro Electoral; son algunas posibilidades que seguramente
se verificarán en las próximas semanas.
A
todo esto hay que agregar un esfuerzo
denodado por contaminar el debate político, introduciendo elementos -como
el conflicto del Esequibo o la infiltración del “paramilitarismo” colombiano en
Venezuela- controlados discursivamente
por el chavismo, intentando romper así el circuito entre la crisis
económica y social y su resolución política a través de las elecciones del 6 de
diciembre.
El
chavismo, lejos de aceptar como inevitable su derrota, está maniobrando con
fuerza para lograr que una minoría política pueda expresarse, el 6D, como una
mayoría electoral. La pregunta sigue siendo la misma de abril: ¿no está la
oposición demasiado confiada y muy poco preparada para enfrentar estas
estrategias?