Las implicaciones políticas del caso #Carvajal

El día 23 de julio fue arrestado al aterrizar en Aruba el General venezolano Hugo Carvajal, ex director de Inteligencia Militar durante la Presidencia de Chávez y actualmente nominado por el Gobierno de Maduro para ocupar el cargo de Cónsul en dicha isla. La detención fue realizada por la policía local cumpliendo una orden de la Justicia estadounidense que relaciona a Carvajal con actividades de narcotráfico. Las máximas autoridades venezolanas han expresado su apoyo al General y han denunciado la acción como una maniobra política violatoria de las normas internacionales en materia diplomática. Se presume que en los próximos días EEUU presentará una solicitud de extradición.

Se trata de un asunto políticamente muy delicado que ha acaparado la atención de los medios internacionales. Su relevancia radica tanto en el rango y estatus de Carvajal como en la gravedad de los delitos que se le imputan. Analicemos los hechos, sus antecedentes e implicaciones:

1. Relaciones EEUU-Venezuela: El chavismo ha establecido su hegemonía política sobre la base de la confrontación. Por definición, toda confrontación involucra la construcción discursiva de uno o varios “enemigos”. El enemigo predilecto del chavismo ha sido y sigue siendo “el Imperio”. 

Aunque en ocasiones muy intensa, esta confrontación ha sido fundamentalmente política y diplomática: las operaciones militares y las acciones económicas no han formado parte del instrumental de esta “guerra” asimétrica. A pesar de ello, las alianzas estratégicas que ha forjado Venezuela con rivales globales de EEUU como Irán o Rusia han lesionado los intereses de Washington en la región, mientras que el apoyo político y financiero estadounidense en movimientos golpistas e insurreccionales en Venezuela está suficientemente probado. 

En el marco de esta confrontación, las autoridades norteamericanas y otros representantes políticos de ese país han lanzado reiteradas acusaciones contra el Gobierno venezolano por violar normas internacionales, respaldar a grupos violentos o colaborar en acciones que amenazan la seguridad internacional. El expediente del “Estado forajido” contra Venezuela se ha nutrido fundamentalmente de dos capítulos: el apoyo al terrorismo, por un lado, y la cooperación con el narcotráfico, por el otro. Estas dos causas confluyen en el caso de las FARC. 


Desde la expulsión de la DEA del país, en el año 2005, distintas agencias estadounidenses han venido denunciando que Venezuela no coopera en la lucha contra el tráfico de narcóticos. Paralelamente, informes especializados de la ONU han confirmado que el territorio venezolano se ha vuelto un área fundamental para el tránsito de drogas. Estas acusaciones se intensificaron en el año 2008 al involucrar a funcionarios militares de alto nivel, los cuales fueron sancionados a nivel comercial y financiero por presuntamente brindar apoyo logístico y material a las FARC y grupos narcotraficantes. Entre estos funcionarios estaba Hugo Carvajal, entonces jefe de la DIM. Desde entonces, otras denuncias como las realizadas por Walid Makled han sembrado nuevas sospechas sobre funcionarios chavistas de alta jerarquía. 

Sin embargo, a pesar de todos estos antecedentes, el arresto de Carvajal constituye la primera acción de fuerza que se realiza bajo este expediente contra algún alto funcionario venezolano. Es, sin duda, un salto cualitativo en esta confrontación: de las amenazas verbales a las acciones coercitivas. Esta transición, lejos de ser casual, responde a dos tendencias muy claras. Por un lado, la administración de Obama ha venido sufriendo una intensa presión de la derecha republicana para que adopte sanciones más duras contra funcionarios venezolanos. Por el otro, Venezuela se encuentra confrontando una severa crisis económica que ha venido erosionando lentamente la legitimidad política de Maduro, lo que ha obligado al Gobierno a replegarse a nivel internacional. En este contexto, el viaje de Carvajal a Aruba sirvió la oportunidad para esta escalada. 

2. Chavismo y Narcotráfico: Más allá del caso específico de Carvajal, no hay duda de que Venezuela está siendo penetrada por el narcotráfico internacional. La defensa que hace el Gobierno de su política antidrogas remite a dos datos: las cantidades de drogas decomisadas y el número de capos arrestados. Paradójicamente, estas cifras “récord” solo ponen en evidencia que efectivamente cada vez más narcotraficantes utilizan a Venezuela como zona de tránsito y estadía, lo cual, en el mejor de los casos, refleja la “confianza” que tienen en el país como zona “segura” para hacer sus negocios. Además, su fácil ingreso y movilidad interna solo se explican por la mezcla de débiles controles de seguridad y algún margen de complicidad por parte de funcionarios venezolanos. 

Precisamente, la combinación de debilidad institucional y complicidad oficial parecen estar detrás del ascenso no solo del narcotráfico sino de todas las ramas de la actividad delictiva en el país. Aunque los orígenes del proceso de destrucción institucional que actualmente sufrimos pueden ubicarse en la década de 1980, es innegable que en la última década esa tendencia se ha acelerado, animada por la estrategia y el discurso producidos desde el poder. 

El chavismo ha desarrollado con fines políticos una estrategia de concesión de autonomía a distintos individuos, grupos y actores con el objeto de garantizar su lealtad política. Aunque electoralmente eficaz, estas decisiones han atomizado la estructura y destruido la efectividad del Estado, permitiendo que una amplia multiplicidad de funcionarios, órganos y entes actúen de forma más o menos independiente, sin exigencias de resultados ni controles sancionatorios. La connivencia con el narcotráfico puede entenderse aquí como un producto no buscado de otorgar “carta blanca” a muchos funcionarios e instituciones y permitirles actuar sin temor a sanciones. 

Alineado con esta estrategia, el relato político chavista se ha construido alrededor de un maniqueísmo que, de forma más o menos explícita, justifica comportamientos o acciones legal o éticamente cuestionables pero políticamente válidas por oposición a los intereses del “enemigo”. En este caso, el narcotráfico es caracterizado como uno de los grandes problemas globales por el “Imperio”, lo cual, de entrada, lleva al chavismo a tratarlo de manera algo más benevolente. En este sentido, puede considerarse el apoyo al narcotráfico, sea o no realizado por las FARC, como una especie de acción subversiva clandestina propia de una guerra asimétrica. Así entendida, la complicidad pudo ser no solo permitida sino avalada desde el más alto nivel político chavista. 

3. Información Confidencial: Carvajal es, de los tres oficiales incriminados en la Lista Clinton, el de más bajo perfil político. Rodríguez Chacín y Rangel Silva fueron ministros y ahora son gobernadores. Por el contrario, Carvajal calza más con la figura del operador burocrático. Sin embargo, su peso político radica tanto en su cercanía y nivel de confianza con Hugo Chávez como en su posición estratégica en la estructura de inteligencia, con todas las implicaciones que ello tiene en el manejo de información confidencial. Precisamente, Carvajal ha debido ser identificado por EEUU como figura clave para la fabricación de expedientes contra figuras de mayor peso y figuración pública en el chavismo. Su arresto puede verse así más como un medio que como un fin. 

4. Implicaciones Políticas: El manejo privilegiado de información clasificada y el bajo perfil político de Carvajal deben constituir una mezcla inquietante para la nomenklatura chavista. La reacción oficial de apoyo y solidaridad inmediata resulta lógica y puede interpretarse de tres modos diferentes. En primer lugar, el mensaje va dirigido al propio Carvajal, reiterándole que el Gobierno le apoyará plenamente y no le dejará solo. Los riesgos de que Carvajal pueda sentirse traicionado y acceda a un “acuerdo” con las autoridades estadounidenses son muy elevados. Antecedentes como el de Rafael Isea o el de Eladio Aponte demuestran que cuando funcionarios del más alto nivel se sienten traicionados o amenazados utilizan la delación ante autoridades estadounidenses como su principal venganza.

En segundo lugar, se está enviando un mensaje de tranquilidad a los demás jefes militares y políticos del chavismo, subrayando que el Gobierno les apoya y los defenderá en cualquier escenario, siempre y cuando se mantengan leales. El arresto de Carvajal materializa la idea de que solo el control del poder político les garantiza a los miembros de la élite chavista la seguridad y el bienestar alcanzados y los aleja de sanciones y penalidades retaliativas. La unidad de la dirigencia oficial, a pesar de todas las divergencias, se refuerza de manera automática.  Finalmente, el tercer mensaje va dirigido a toda la estructura chavista y busca alimentar la sensación de “asedio”. Este caso les permite a los voceros oficiales reactualizar el relato de la victimización y el enemigo externo, el cual, aunque ha venido perdiendo efectividad, servirá como nuevo distractor momentáneo.