6D: La estrategia política de un chavismo en minoría

Las elecciones parlamentarias fueron fijadas para el 6 de diciembre. El gobierno ha considerado preferible convocar los comicios –lo que no equivale a realizarlos- que seguir postergando el anuncio del cronograma electoral, con el concomitante recrudecimiento de la presión internacional. 

 

En un artículo publicado en abril, argumenté que el chavismo ha estado adecuándose a un nuevo escenario político. En un contexto de bajos recursos, déficit de carisma y menguada influencia internacional, el chavismo habría decidido asumirse estratégicamente como un gobierno en minoría. En otras palabras, el poder chavista ha optado por gobernar exclusivamente en función del llamado “chavismo duro”, en el que se incluyen tanto la base popular directamente vinculada a los programas e instancias del gobierno como la estructura dirigente política, burocrática y militar. Satisfacer a estos dos grupos exige, lejos de aplicar reformas, consolidar el inmovilismo político y económico, especialmente en ámbitos de relevancia simbólica y material como los controles económicos, los subsidios, las Misiones y la confrontación con la oposición y con los EEUU. A juzgar por los números, la estrategia pareciera ser efectiva: tras la fuerte caída de la popularidad presidencial durante el 2014, el índice tocó piso en enero (22,6%) y se ha recuperado ligeramente desde entonces, ubicándose en 25,8% a finales de mayo.

En función de esta premisa, el gran problema que se le plantea hoy al chavismo es: ¿cómo mantener la hegemonía política con un respaldo social minoritario? En el artículo antes mencionado, plantee tres estrategias que seguiría el oficialismo para lograrlo: reforzar la unidad y disciplina del voto duro chavista; erosionar la capacidad de la oposición de captar el voto castigo; y manipular el tablero electoral para reforzar el valor del voto chavista y mermar el del voto opositor. Estas orientaciones se han verificado en estos meses con nuevas evidencias.

En cuanto a la primera estrategia, las elecciones primarias del PSUV constituyeron un gigantesco ejercicio de movilización y logística para afinar la eficacia de su voto duro. Medir y calibrar la fuerza electoral, antes que definir candidaturas, fue el objetivo de estos comicios. Por ello, la cantidad de electores, captados fundamentalmente a través de las abultadas nóminas públicas y los registros de los viejos –y nuevos- programas sociales, eclipsó la relevancia de los candidatos electos, quienes, en su gran mayoría, ya tenían la victoria asegurada. En este aspecto, nuevos registros de potenciales beneficiarios -como el de la Gran Misión Hogares de la Patria- serán instrumentos claves en la búsqueda y acarreamiento de votos, mientras que los urbanismos de la Misión Vivienda continuarán operando como cotos electorales sin ninguna presencia opositora y ninguna garantía electoral de equilibrio. Para incrementar el ánimo de este chavismo recalcitrante es probable que se reserven para fechas cercanas a los comicios nuevas intervenciones selectivas contra el empresariado, así como operativos masivos de venta de alimentos y electrodomésticos, importados con los recursos que logren exprimir de los activos internacionales.

En el segundo aspecto, un conjunto muy significativo de acciones se han dirigido a debilitar a la oposición, distraerla de la crisis socioeconómica y profundizar sus líneas de divergencia. Las inhabilitaciones políticas, antes que sacar de carrera a uno que otro dirigente concreto, buscan azuzar el conflicto interno entre bandos opositores, incrementando sus fricciones frente a los abusos gubernamentales. Las amenazas acerca de impedir la inscripción de la tarjeta unitaria o, más aún, suspender a los partidos que no concurran con su propia tarjeta, distraen a la oposición, refuerzan sus diferencias internas y justifican la negativa de organizaciones como Voluntad Popular a abandonar su opción partidista. El cambio en las normas sobre candidaturas por género persigue desacreditar a la oposición pero, sobre todo, obligarle a reabrir los acuerdos logrados sobre sus candidaturas. Nuevas inhabilitaciones selectivas; amenazas renovadas sobre la violencia que desataría una victoria de la MUD; el montaje de expedientes y grabaciones contra opositores; y el apadrinamiento de supuestas divisiones internas, abundarán con toda seguridad en los próximos meses.

En lo referido a la tercera estrategia, los cambios en la reglamentación electoral, como la comentada paridad de género o las nuevas proyecciones poblacionales, se ampliarán. Las condiciones electorales se irán modificando gradualmente de un modo que aumente la sensación de que el voto no será secreto y la oposición no tendrá posibilidades de conquistar la mayoría. En respaldar esta tesis juegan un rol crucial los propios voceros oficialistas, quienes de manera cada vez más abierta ponen en duda el secreto del voto. La posible aplicación de cuadernos electrónicos de votación; restricciones a la observación internacional; nuevos condicionamientos a la inscripción de partidos y candidatos; y manipulaciones ventajistas del Registro Electoral; son algunas posibilidades que seguramente se verificarán en las próximas semanas.

A todo esto hay que agregar un esfuerzo denodado por contaminar el debate político, introduciendo elementos -como el conflicto del Esequibo o la infiltración del “paramilitarismo” colombiano en Venezuela- controlados discursivamente por el chavismo, intentando romper así el circuito entre la crisis económica y social y su resolución política a través de las elecciones del 6 de diciembre.

El chavismo, lejos de aceptar como inevitable su derrota, está maniobrando con fuerza para lograr que una minoría política pueda expresarse, el 6D, como una mayoría electoral. La pregunta sigue siendo la misma de abril: ¿no está la oposición demasiado confiada y muy poco preparada para enfrentar estas estrategias?