Emergencia económica: razón política o catástrofe social

1.  El Decreto de Emergencia Económica tenía, a pesar de su denominación, una motivación más política que económica. El gobierno intentaba presentarse ante el país –finalmente- como consciente de la magnitud de la crisis. En ese sentido, el decreto sería evidencia de que el Ejecutivo está asumiendo su responsabilidad. Al incluir medidas que restarían poder a la Asamblea Nacional y profundizarían el esquema tradicional de intervencionismo y control, se buscaba, previsiblemente, forzar la negativa de la oposición, de forma de poder acusarla de obstruir mezquinamente las salidas a la crisis. 

2. El decreto era, técnicamente, innecesario. Buena parte de esas medidas pueden ser tomadas por el gobierno dentro del marco de políticas actualmente vigente. Otras no son más que enunciados generales de buenas intenciones, que no habilitan a nada específico.

3. El giro discursivo que intenta darle el chavismo a la crisis, tras reconocerla, apunta a un nuevo culpable. Frente a la desgastada y cada vez más inverosímil “guerra económica”, se está posicionando el relato de la crisis terminal del modelo rentista, aunque obviamente omitiendo la responsabilidad del chavismo en su profundización. Se trata de un discurso que busca las causas en el pasado histórico y facilita el planteamiento de las soluciones como “acuerdos nacionales”, especialmente con los sectores empresariales. Bajos estos referentes, institucionalizados en el Consejo de Economía Productiva, pudieran surgir algunos ajustes racionales pero parciales y, a esta altura, probablemente inefectivos.

4. La negativa a aplicar unos ajustes integrales o su aplicación superficial solo permitirían una conclusión: el chavismo solo quiere ganar tiempo y dejar la peor herencia posible a sus sucesores. Aunque perverso, este cálculo político responde al interés de “salvar” la imagen de un chavismo que nunca claudicó en su defensa de los “derechos” sociales, algo que, evidentemente, tendría que hacer el próximo -y ya desde ahora “neoliberal”- gobierno.

5.  A la oposición podría convenirle: o forzar a Maduro a tomar medidas y que sea él el que cargue con el costo político –si es que tal cosa es posible- o acelerar su revocatoria para evitar que el deterioro con el que deberán lidiar una vez posesionados del Ejecutivo sea mayor.

6. El acuerdo social y político (el tan denostado pacto) para legitimar los ajustes y compartir sus costos no luce factible bajo estas reglas políticas, que favorecen la hegemonía y dinamitan la cohabitación. Sus escasas posibilidades dependen del ascenso de sectores moderados en ambos bandos, capaces de fraguar unas nuevas normas que, al compartir el poder y la responsabilidad, habiliten el ajuste económico, doloroso en cualquier circunstancia. 

7. En el trasfondo, con abundantes muestras cotidianas, crece el descontento y la desesperación social. En los próximos meses, el probable empeoramiento de la escasez de medicamentos y alimentos, el deterioro creciente de la seguridad pública, el colapso de los servicios básicos y de los sistemas sanitarios, sumado a un creciente riesgo de impago de la deuda, empujarán el fantasma de una verdadera crisis humanitaria, haciendo más que probable un estallido social de consecuencias impredecibles. Los brotes de violencia social parecen estar contenidos, en espera de una rectificación económica que, por ahora, luce esquiva.